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¿Por qué se ha levantado el pueblo de Guatemala?
Por Francisco Herranz - Guatemala, 24 de noviembre de 2020

Nada es como parece en la crisis socio-institucional que zarandea a Guatemala. Ni tan siquiera está claro quiénes estuvieron realmente detrás del asalto y posterior incendio del Congreso, el máximo órgano legislativo de esta república centroamericana.

Los diarios y los informativos de medio mundo han repetido desde el pasado fin de semana las lamentables imágenes que mostraban cómo llamas aparatosas salían de las ventanas de la sede parlamentaria, situada en el centro de Ciudad de Guatemala, después de una manifestación contraria al Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, quien sólo lleva 10 meses en el poder. A primera vista, todo apuntaba a la violencia de los manifestantes, pero un examen más minucioso de los hechos y las circunstancias ofrece otra posibilidad completamente distinta.

Responsables

En primer lugar, la seguridad en los alrededores del Parlamento era más bien escasa, aunque era tan evidente que el sábado 21 de noviembre iba a vivirse una nueva ronda de protestas que la dirección general del Congreso informó el viernes 20 a los diputados y diputadas de que cerraba sus dependencias "como medida de resguardo al Patrimonio Cultural de la Nación y de seguridad para los dignatarios".

Sin embargo, como informó el diario digital guatemalteco soy502.com, "no hubo cordones de seguridad ni bloquearon varias cuadras, como en otras ocasiones". En su lugar, pocos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) protegían la zona del Congreso cuando arribaron los supuestos manifestantes enmascarados y organizados, y tampoco intervinieron cuando éstos realizaban actos vandálicos, haciendo pintadas en las paredes y provocando el incendio. Hay imágenes en las redes sociales que atestiguan estos extremos. También circula por Twitter un vídeo en el que se ve a efectivos de la PNC cómo sacan armas de una alcantarilla próxima al Palacio Legislativo. ¿No es todo muy extraño?

Miembros del principal partido opositor, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), denunciaron que entre los manifestantes había "infiltrados" y explicaron, incluso, que el Gobierno contrató a pandilleros para que se mezclaran entre los estudiantes de la Universidad San Carlos, la más antigua de Centroamérica. Los representantes de la UNE afirmaron que esas personas fueron quienes activaron el vandalismo y los desórdenes para deslegitimar así las protestas que hasta entonces estaban siendo pacíficas.

Los hechos

La chispa que provocó la manifestación ciudadana fue la aprobación por los congresistas del Presupuesto de la República para 2021. El proyecto de las cuentas del Estado reducía las partidas para sanidad y educación. Resultaba vergonzoso comprobar que se estaban restando cientos de miles de quetzales —la moneda nacional guatemalteca— a los programas nutricionales infantiles, precisamente en un país donde más del 50% de sus habitantes vive en niveles de pobreza. También disminuían las provisiones para la universidad pública, la atención materno-infantil o el tratamiento del cáncer. Un escándalo en toda regla.

Por si todo esto no fuera suficiente agravio, el presupuesto se aprobó por el pleno con demasiadas prisas, sin el oportuno análisis y durante una sesión maratoniana. Todo este cúmulo de provocaciones activó la rabia de quienes buscan terminar, de una vez por todas, con el "pacto de los corruptos", una alianza entre políticos, empresarios y narcotraficantes que han dirigido Guatemala hasta la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, en 2015, cuyas acusaciones de corrupción desembocaron en su encarcelamiento.

Finalmente, la Junta Directiva del Congreso, dominada por la alianza oficialista de Giammattei y su partido de centro derecha Vamos, suspendió la tramitación de los polémicos presupuestos. Según los expertos locales, ese paso sería un acto ilegal, pues es competencia exclusiva del pleno del Legislativo. ¿Por qué no actuó antes la cúpula del Parlamento?

Toda esta irresponsabilidad ha caldeado los ánimos de una población hastiada de corrupción e incompetencia, golpeada por las consecuencias del coronavirus y de dos huracanes seguidos: Eta y Iota, que dejaron un reguero de muerte y estragos en la primera quincena de noviembre.

Malas praxis

La gestión de la pandemia ha sido nefasta. Desde marzo, con la primera oleada de infectados, el Parlamento dispuso una inyección de dinero a los presupuestos de 2020 para auxiliar a los compatriotas más afectados económicamente por el hundimiento de la actividad productiva. Una de las medidas estrella fue el llamado Bono Familia que llegó a miles de personas que no eran ni pobres ni vivían en Guatemala. Un desastre.

Como bien apunta la diputada opositora Lucrecia Hernández Mack, del Movimiento Semilla, de ideología socialdemócrata, el Congreso guatemalteco "ha perdido legitimidad" y "la confianza" del ciudadano. Exministra de Salud Pública y Asistencia Social entre 2016 y 2017 con el gobierno del presidente Jimmy Morales, ella cree que la Junta Directiva "lo ha hundido más con sus reuniones secretas, negocios bajo la mesa, intolerancia y legislando contra el pueblo". Hernández Mack es hija de la antropóloga Myrna Mack, asesinada en 1990 a puñaladas por un escuadrón de la muerte de las Fuerzas Armadas de Guatemala.

Dentro del Ejecutivo nacional existen diferencias internas que cada vez son más profundas. El vicepresidente Guillermo Castillo vio "exagerada" la invocación de Giammattei a la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) como respuesta al vandalismo, porque, en su opinión, el pueblo "ya no da los golpes de Estado".

Castillo subrayó en una entrevista que pidió al presidente que compareciera el viernes 19 de noviembre por televisión, pidiendo diálogo, y que incluso le solicitó que ambos renunciaran a sus respectivos cargos para aflojar así la fuerte tensión social. "Se lo pedí, pero no quiso", añadió. La propuesta de Castillo incluía la creación de una comisión de notables guatemaltecos, liderados por las iglesias católica y evangélica, que propondrían una terna al Congreso para renovar la jefatura del Estado.

El vicepresidente también admitió que la quema del Palacio Legislativo "genera dudas". Tanto él como Giammattei estaban ya enfrentados con anterioridad, a consecuencia de la creación, por el presidente, de un ente estatal llamado Centro de Gobierno, denunciado por inconstitucional por duplicar funciones de varios ministerios, no rendir cuentas y limitar las competencias del vicepresidente.

 

Fuente: sputniknews.com


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