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Crecen desalojos violentos y forzosos en zonas rurales
Por Terra España/AI-Informe - Madrid, 25 de mayo de 2005

Los desalojos forzosos y violentos en las zonas rurales de Guatemala experimentaron un brusco crecimiento en 2004, a pesar de que el presidente guatemalteco, Oscar Berger, prometió adoptar medidas concretas sobre este asunto.

Así lo indica el informe anual elaborado por Amnistía Internacional (AI) sobre 'El estado de los derechos humanos en el mundo', que fue presentado hoy en Londres.

Esta política gubernamental no oficial de desalojos forzosos intentaba resolver largas disputas sobre la propiedad de las tierras, pero muchos de ellos se efectuaron de manera violenta y contraviniendo las normas internacionales sobre el uso de la fuerza.

La violencia contra las mujeres se incrementó respecto a 2003 y 527 fueron asesinadas en 2004, muchas de ellas violadas y mutiladas antes de morir, señala AI.

La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer concluyó que el gobierno de Guatemala estaba incumpliendo sus obligaciones internacionales en la esfera de la prevención, la investigación y el castigo efectivos de este hecho.

Para AI, hubo pequeños progresos en el procesamiento de casos de genocidio o crímenes contra la humanidad perpetrados en el pasado.

Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a las autoridades guatemaltecas que pagaran una indemnización a los familiares de las víctimas de una serie de destacados casos de violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado en las que el Estado había reconocido su responsabilidad.

En cuanto al sistema de justicia, tanto el relator de la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron preocupación por su situación y advirtieron de que, si no se tomaban medidas, se podía poner en peligro el Estado de Derecho.

Activistas, testigos y miembros del poder judicial que habían participado en la investigación de violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado, al igual que sindicalistas y periodistas, sufrieron actos de intimidación, amenazas de muerte y agresiones persistentes, según AI.

Estos ataques eran a menudo ordenados o perpetrados por grupos semioficiales que, al parecer, actuaban con la connivencia de miembros de las fuerzas de seguridad.

Tomado deTerra Noticias - www.terra.es


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