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Familiares víctimas del conflicto en Guatemala califican de cómplices de genocidio a magistrados
Por la redacción de Terra España - Guatemala, 29 de enero de 2008

Los familiares de las víctimas del pasado conflicto armado en Guatemala calificaron hoy de 'cómplices de genocidio' a los jueces de la Corte de Constitucionalidad por haber dejado sin efecto las órdenes de captura de cinco militares y dos civiles reclamados en España por delitos de lesa humanidad.

En declaraciones a Efe, Julio Solórzano Foppa, hijo de la escritora Alaide Foppa, desaparecida durante el régimen militar, aseguró que la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) 'intenta tender un manto de impunidad sobre los responsables del genocidio', pero advirtió que 'no lo va a lograr'.

Solórzano sostuvo que la resolución, emitida el 12 de diciembre, 'es inconstitucional' y viola los tratados internacionales de derechos humanos que ha firmado Guatemala.

'Es ilegal, porque los tratados asientan que los delitos de genocidio y de lesa humanidad no prescriben' y además es 'inmoral porque contraviene el mínimo derecho de las víctimas y deudos a tener justicia', aseguró.

El pasado 12 de diciembre, la CC dejó sin efecto las órdenes de captura con fines de extradición a España de los generales Óscar Mejía Víctores, José Efraín Ríos Montt, Ángel Aníbal Guevara y Benedicto Lucas García, así como del coronel Germán Chupina y los civiles Donaldo Álvarez y Pedro García.

La CC consideró que la Audiencia Nacional de España, alto tribunal ante el cual en diciembre de 1999 presentaron las denuncias Solórzano y la premio Nobel de la Paz de 1992 Rigoberta Menchú, no tiene competencia para juzgar a guatemaltecos.

Solórzano dijo que con esa decisión los jueces se han convertido en 'cómplices de los acusados de genocidio', y anunció que no descansarán hasta someterlos a la justicia por los delitos de lesa humanidad.

Solórzano, quien vive en México, visita estos días Guatemala para participar en la actividades organizadas con motivo del 28 aniversario del incendio de la embajada de España, que se conmemora el próximo jueves, suceso en el que murieron 31 personas.

'Los jueces y tribunales que dan protección a los culpables se convierten en cómplices. Nosotros consideramos a los jueces como cómplices del genocidio y las atrocidades que se cometieron en Guatemala', reafirmó.

Insistió en que con la resolución, la CC, que es la máxima instancia jurídica de Guatemala, 'condenó el futuro del país a la impunidad, que es la fórmula perfecta para la repetición del genocidio'.

'La paz social de Guatemala no está garantizada si los que cometen delitos de lesa humanidad quedan impunes', advirtió el hijo de la escritora desaparecida el 19 de diciembre de 1980, durante el régimen del general Fernando Lucas García y cuando Donaldo Álvarez era el ministro de Gobernación (Interior).

En una conferencia de prensa, representantes de las víctimas de la guerra (1960-1996) también manifestaron que los magistrados de la CC ignoraron los compromisos de derecho internacional que habilitan la vía de la jurisdicción universal en casos de genocidio.

Solórzano sostuvo que el proceso abierto ante la Audiencia Nacional española contra los guatemaltecos continúa su curso y que los implicados pueden ser detenidos porque la orden de detención internacional con fines de extradición sigue vigente fuera de Guatemala.

Los familiares de las víctimas han solicitado una audiencia al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, para conocer las acciones que adoptará el Estado en relación a estos casos.

También anunciaron una serie de actividades, que incluyen una ceremonia maya, una manifestación frente a la CC y un foro, para conmemorar el 28 aniversario del incendio de la embajada de España.

Mientras, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal ha resuelto tomar declaración a once testigos por el caso de la embajada, a petición de la Audiencia Nacional de España.

Fuente: www.terra.es


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