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Fundación: juez debe actuar por genocidio en Guatemala
Por la redacción de Univisión - Guatemala, 22 de mayo de 2008

Un abogado de la Fundación Rigoberta Menchú dijo el lunes que el juez que escuchó en Guatemala a 16 sobrevivientes de masacres durante la pasada guerra civil por una demanda que sigue la justicia española, debe iniciar un proceso con ese material porque si no incurriría en "omisión de denuncia".

El abogado Benito Morales, de la fundación que lleva el nombre de la guatemalteca Nobel de la Paz 1992, declaró a la AP que el juez Eduardo Cojulum debe solicitar a las autoridades guatemaltecas una investigación sobre los casos que escuchó, porque "escuchó testimonios de personas que fueron testigos de los hechos, de lo contrario creemos que estaría cayendo en omisión de denuncia".

El juez guatemalteco recabó hasta el jueves y por varias semanas los testimonios de 16 sobrevivientes de diferentes masacres perpetradas por militares o paramilitares en sus comunidades a principios de la década de 1980, en pleno conflicto armado.

Menchú enderezó en la Audiencia Española una demanda contra las autoridades de la época y las acusa de haber perpetrado genocidio por dirigir acciones de supuesta aniquilación contra la población indígena de las regiones en donde operaba la guerrilla.

Los acusados por la nobel son el ex director de la policía Germán Chupina y el ex presidente de facto Romeo Lucas, ambos fallecidos ahora; el ex ministro de gobernación Donaldo Alvarez, el ex jefe policial Pedro García Arredondo, el general Benedicto Lucas, y los golpistas Oscar Mejía Víctores y Efraín Ríos Montt.

La fiscalía guatemalteca tiene abierto un expediente desde hace una década contra los procesados, pero hasta ahora el proceso no ha llegado a los tribunales.

Menchú ha considerado "lenta e inoperante" la justicia de su país y por ello recurrió a España, en donde el juez Santiago Pedraz dictó una orden de captura internacional contra los procesados y, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente en Guatemala por un fallo de la Corte de Constitucionalidad que le prohibió apersonarse, solicitó que los testigos fueran escuchados por terceros para obtener sus testimonios.

En ese contexto, Cojulum escuchó los 16 testigos entre los que se encontraban sobrevivientes de las masacres perpetradas en Río Negro en 1982 y que dejó 107 niños y 70 mujeres masacrados, y la de Plan de Sánchez que ese mismo año dejó más de 250 civiles muertos.

El conflicto armado en Guatemala terminó en 1996 con la firma de un cese de hostilidades entre el gobierno y las guerrillas pero durante los 36 años que duró, dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos.

Morales dijo que el juez guatemalteco también debe enviar los testimonios para que sean incluidos en el proceso adelantado por Pedraz en España.

Fuente: www.univision.com


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