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Clamor de justicia en Guatemala
Por Miguel Ángel Granados Chapa - Yucatán,19 de diciembre de 2004

Un día como hoy, el 19 de diciembre de 1980, desapareció Alaide Foppa. Casi exactamente 24 años después, hace una semana, se estableció que el funcionario que la hizo detener en Guatemala, y decidió asesinarla sin someterla a juicio, en el supuesto caso de que lo mereciera, había hallado resguardo en México, de donde quiere llevarlo la justicia española, para sentarlo en el banquillo de los acusados, como hace ya con Ricardo Miguel Cavallo, el torturador argentino que radicaba en nuestro país disfrazado de empresario con visión de futuro.

Para ubicar con claridad la importancia de que Donaldo Álvarez Ruiz, ministro del Interior de nuestro vecino sudamericano de 1978 a 1982 pueda ser enjuiciado, permítaseme reproducir lo que escribí una semana después de la desaparición de Alaide Foppa. Con el título “Para no bordar un colibrí” dije lo siguiente el 26 de diciembre de 1980: “Según la leyenda quiché, cuando los hombres no vuelven después de la caza o la guerra (o de la cárcel o la guerrilla, diríamos hoy) las mujeres bordan en sus huipiles un colibrí. Es la señal de luto, la marca de que se ha perdido la esperanza. En una paráfrasis de esa tradición, guatemalteca como ella, queremos negarnos a bordar un colibrí por Alaide Foppa, la escritora desaparecida en su tierra el viernes 19 de diciembre. Secuestrada junto con Leocadio Actúa Shiroy, chofer de su madre, se teme por su vida, o la de ambos, y se ha organizado un vasto movimiento, al que por fortuna no fue ajeno el gobierno de México, para obtener informes que conduzcan a su liberación.

“Puesto que ya son muy conocidos, aquí sólo resumimos los datos de la situación: la profesora Foppa se asiló en México hace 25 años, junto con su marido Alfonso Solórzano, funcionario del entonces recién depuesto gobierno del coronel Arbenz. Ella, profesora de literatura, crítica de arte, feminista, poeta, volvía de tanto en tanto a su patria, a visitar a su madre enferma. En agosto su marido murió en un accidente y Alaide llevó sus restos a Guatemala.

“¿Por qué, si varias veces había estado allí, esta vez la secuestraron? El gobierno guatemalteco ha buscado vincular su desaparición con otras en que las víctimas han hecho resaltar el parentesco de Alaide con el ministro de Economía de Guatemala, hermano de su marido recién muerto, y con la circunstancia de que su madre sea propietaria de fincas cafetaleras. Ciertamente, esa conjetura no es por entero desechable. Actúan en aquel país comandos guerrilleros que más de una vez han obtenido ganancias económicas y políticas secuestrando a personajes prominentes. Uno muy vinculado a México, el director de Nestlé en Centroamérica, José de Lima, estuvo recientemente en esa circunstancia. Y es que la situación guatemalteca hace ya mucho tiempo que rebasó los límites en que la acción política es excluyente de la armada, y amplias porciones de la población resisten la guerra que les declaró el Ejército, invasor de su propio país.

“Pero la hipótesis de realización más probable es que las bandas paramilitares prohijadas por el gobierno guatemalteco, o sus propias fuerzas regulares hayan capturado a la escritora y al chofer de su madre. La militancia política de ella constituye un antecedente que hace esta pósibilidad mucho más lógica que la anterior. Su decisión de radicarse en México cuando quedaron anuladas las libertades en su país, y en vez de un gobierno nacionalista fue instalado allí un pelele de Estados Unidos, hubiera bastado para calificarla. Pero no sólo eso. Combatiente permanente por la libertad, encontró en la opresión femenina un frente en el cual desplegar sus empeños, pero ello no ha nublado su visión más estrictamente política. Al contrario, vinculando ambos intereses actualmente participaba en la batalla contra la represión en Guatemala. A principios de noviembre, cuando tuve el honor de hablar en un festival de solidaridad con el pueblo guatemalteco, la profesora Foppa me pidió delicadamente que pusiera énfasis en los crecientes porcentajes de mujeres, y de mujeres indígenas, participantes en la lucha contra la dictadura militar guatemalteca. Ella misma realizó, en esa línea, entrevistas con mujeres quichés combatientes, que se transmiten en estos días por Radio UNAM en el programa —pionero del feminismo en la radiodifusión— que Alaide sostiene desde hace varios años.

“Uno de sus hijos, Mario, que cursó estudios en la UNAM y quiso volver a su patria para ejercer el periodismo, tuvo que salir de allí hace un año, enrarecido como está el clima guatemalteco para que florezcan la información y la crítica, necesitadas siempre del aire de la libertad.

“Todo ello muestra con claridad el rumbo donde ha de exigirse la libertad de Alaide Foppa. El embajador de Guatemala en México ha buscado en vano distraer la atención pública sobre los verdaderos orígenes del secuestro. Se le conocía ya, entre otros traspiés, por el que protagonizó al querer asestarle una condecoración al pintor Rufino Tamayo, en una agresión que inteligentemente éste eludió. El ridículo en que el embajador Palmieri incurrió entonces es, sin embargo, un acto pleno de dignidad si se le compara con las lamentables exhibiciones de chabacanería, cristianoide cursilería con que busca exonerar de responsabilidades a su gobierno ante el secuestro, y hasta presentarse como amigo de la secuestrada.

“A casi ninguna de las personas que en desplegados, artículos y manifestaciones han mostrado su solidaridad con Alaide Foppa se le olvida que ella es ahora, además de un ser querido, un símbolo. Cuando protestan por su desaparición tienen presente la represión generalizada en Guatemala y el terrorismo institucional que ha causado y causa miles de víctimas. Por todas ellas se clama bajo el nombre y la persona de Alaide Foppa. Todos esos secuestros, todas esas prisiones, todas esas torturas, todas esas muertes causan, en cuantos quieren a Alaide Foppa, un dolor permanente y silencioso (palabras suyas en Semana santa en Guatemala, poema al que Julio Solórzano, su hijo, puso música) similar al que la propia desaparición de ella les provoca”. Un mes más tarde, el 23 de enero de 1981, volví sobre el asunto. Nada se sabía de su paradero. Ahora hemos tenido el testimonio de su hijo Julio, quien supo por su hermano Mario que su madre había sido llevada al domicilio mismo del ministro del interior, al que ahora se busca en México, casa “donde él tenía cámaras de tortura”. Naturalmente, el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, del que Álvarez Ruiz era brazo ejecutor, negaba toda responsabilidad en la desaparición y se desinteresaba de la suerte de Alaide. Los círculos a que pertenecía en México apremiaron al gobierno de López Portillo a que algo hiciera, aunque no era mucho lo que se podía porque la desaparecida era guatemalteca y no mexicana. El imaginativo don Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa discurrió un modo de presionar al gobierno vecino. Invitó a los directores de Bellas Artes y el INAH, Juan José Bremer y Gastón García Cantú, los universitarios Leopoldo Zea y Jorge Carpizo, a la sazón director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y a Socorro Díaz, recién elegida directora de El Día, a integrar una comisión que viajara a Guatemala a requerir del gobierno información sobre el paradero de la creadora y activista a la que México reputaba como suya. “La calidad moral, política e intelectual de los integrantes de la comisión —escribí entonces— hubiera debido hacer al gobierno de Guatemala reaccionar positivamente. No hay entre ellos nadie a quien se pueda juzgar subversivo, en los términos utilizados por ese régimen. Y sin embargo, al responder negativamente, ha empleado el sofisma de que ningún mexicano tiene nada que investigar en Guatemala. En abstracto, el planteamiento es correcto. No lo es en el contexto concreto. Nadie iba a investigar nada, lo cual por lo demás sería imposible en la práctica. Se trata sólo de subrayar los intereses que hay aquí por la vida y la libertad de Alaide Foppa. Pero el desdeñoso gobierno guatemalteco no quiere saber nada del asunto. “Y es que en realidad lo sabía todo. Sabía que Alaide había sido asesinada, como parte de la feroz política represora que desplegó ese gobierno. Un enero antes, el de 1980, había tenido lugar un estremecedor episodio que, en medida aun mayor que en el caso de Alaide, había mostrado el talante destructor del gobierno de Lucas García y su ministro del interior, Álvarez Ruiz. El último día de ese mes, un grupo de dirigentes indígenas tomó la embajada española. Entonces y ahora es frecuente que los movimientos que no pueden hacerse oír en sus países realicen actos como aquél para llamar la atención de la prensa internacional. No eran guerrilleros que secuestraran ni amenazaban de muerte a nadie. Era una toma simbólica, una ocupación testimonial. El embajador Máximo Cajal y López pretendió hablar con Álvarez Ruiz, para coordinar un desalojo pacífico de la sede diplomática. Pero era muy otra la intención del ministro del interior. Ordenó recuperar a sangre y fuego la embajada. Lo consiguió, pero con un saldo atroz: el edificio fue incendiado y 36 personas asesinadas. Entre las víctimas estaban Vicente Menchú, padre de Rigoberta que era entonces una jovencita de 21 años de edad. También fueron privados de la vida tres españoles, no se si sacerdotes o diplomáticos.

Por esa causa, y el esfuerzo de la hija de Vicente Menchú, que en 1992 obtuvo el Premio Nobel de la Paz, la Audiencia Nacional española, el cuerpo judicial al que pertenece el conocido Baltasar Garzón, prepara el enjuiciamiento de Álvarez Ruiz, que huyó de su país cuando cayó el gobierno al que servía, el 24 de marzo de 1982, quizá a Estados Unidos. Siete años más tarde, en 1989, fue recibido en México. La fecha quizá no es casual: era secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios, que acaso había trabado contacto diez años antes con Álvarez Ruiz, mientras era subsecretario en Bucareli. Quizá eso explica también que recibiera de inmediato el estatus de inmigrado, lo que le permitió adquirir bienes e instalarse cómodamente, en San Luis Potosí y en Tlalnepantla.

El juez Fernando Grande-Marlaska ha recogido testimonios de víctimas del horror cuya práctica encabezó Álvarez Ruiz. Por ejemplo: un sobreviviente de la matanza de la embajada fue alcanzado por los esbirros del ministerio del interior en el hospital a que fue conducido, con graves quemaduras. Fue secuestrado, sujeto a torturas y ejecutado. La maniobra se completó arrojando su cuerpo destruido a las puertas de la rectoría de la Universidad de San Carlos, desde donde se objetaba la barbarie del régimen. Fue el preámbulo de un ataque a los universitarios, que padecerían una ejecución masiva el 14 de julio siguiente. Y en la línea del combate a la resistencia indígena, tras el bárbaro asesinato de Vicente Menchú siguió el de su esposa, Juana, secuestrada y torturada el 19 de abril. Víctor Menchú, hermano de Rigoberta y Ana, fue también asesinado.

Entre los testimonios recibidos en la Audiencia Nacional, sobre asesinatos atribuidos a Álvarez Ruiz destaca este atribuido a uno de los escuadrones de la muerte que organizó: “El 4 de diciembre de 1981 los patrulleros de Xococ y soldados del destacamento de Rabinal llevaban lazos y garrotes con punta e iban gritando y tirando, voceando a los hombres para que salieran de sus casas. Los amontonaron, a algunos los torturaron, les cortaron las orejas y la nariz, y les echaban sal en las heridas. Los trasladaron a La Laguna y allí los ejecutaron”. El juez Grande-Marlaska llegó hace poco a la conclusión de que Álvarez Ruiz y otros acusados pueden ser llevados a juicio por genocidio: “De la detenida lectura de la extensa e intensa documentación presentada por los denunciantes se infiere con total claridad que los hechos ejecutados por los denunciados se encaminaron al exterminio del pueblo maya en su realidad étnica, racial y social... todo ello por medio de la muerte, la tortura y el terror como métodos de ejecución”.

Como consecuencia de tal convicción, el juez Grande-Marlaska giró el 10 de diciembre una orden de captura internacional contra el criminal ex ministro del Interior. Sus antiguos perseguidos, y los deudos de sus víctimas, lo habían localizado en México y por lo tanto el juzgador solicitó las autoridades mexicanas el arresto de Álvarez Ruiz.

Antes de que se cumpliera el pedido, sin embargo, una filtración del procedimiento, quién sabe si producida en España o aquí, puso sobre aviso al abogado de 73 años de edad que vivía plácidamente en la colonia Jacarandas de Tlalnepantla, y el propio viernes desapareció de su domicilio, donde su familia pretende no saber nada, por más que los vecinos hayan identificado plenamente a quien parecía ser un tranquilo residente del lugar.

En breve término, la cancillería mexicana turnó la solicitud española a la Procuraduría General de la República, que solicitó una orden de aprehensión, obsequiada el lunes pasado por el juez cuarto de distrito en materia penal. Pero la celeridad formal contrasta con la parsimonia de los hechos. El represor se ha fugado.

Fuente: http://edicion.yucatan.com.mx


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