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La democracia y el Estado de Derecho a prueba
Por la Asociacion Dr. Adolfo Mijangos López - Guatemala, 5 de mayo de 2013

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A LA OPINION PÚBLICA

MANIFIESTA:

El juicio contra el Ex General Efraín Ríos Montt no es un ataque a la paz, ni al Estado de derecho. Es todo lo contrario, un peldaño en la construcción de la paz, la justicia y la reconciliación.

En el largo recorrido de Guatemala hacia la democracia, aún se arrastran rasgos del pasado. Estos se ven retratados en comunicados y publicaciones como los que han circulado oponiéndose al proceso que se sigue en contra del ex jefe militar de facto Efraín Ríos Montt y no en contra el Estado guatemalteco, como maliciosamente afirman integrantes del grupo de doce ex funcionarios neoliberales, sin ninguna asesoría legal adecuada.

El Estado de derecho significa entre otras cosas, el respeto irrestricto a los tres poderes del Estado y la no interferencia entre éstos. También el derecho que asiste a todos los ciudadanos a presentar sus peticiones ante los tribunales de justicia y el del o los acusados a probar su inocencia.

El camino para enjuiciar las masacres, aunque cometidas por la guerrilla en número menor, está abierto. Esperamos igualmente que en este caso, los tribunales las conozcan con toda la imparcialidad y apego a la ley. Nada debe impedir su juzgamiento.

Los delitos de lesa humanidad cometidos durante el enfrentamiento armado interno, están ampliamente descritos en el Informe para la Recuperación de la Memoria Histórica –REMIH-y en el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH-, presentado al Estado de Guatemala y la comunidad internacional. El delito de genocidio fue excluido de la ley de amnistía, porque se trata de violaciones de tal magnitud que no deben quedar impunes y son imprescriptibles, de acuerdo a con nuestra legislación penal y a con la legislación internacional. Corresponde a los tribunales de justicia juzgar su existencia o no y no deben ser presionados para dicho ejercicio. Solo a los tribunales compete calificar si hubo o no genocidio. Este no es un tema de opinión sino de decisión jurídica.

Debe quedar claro que no se está juzgando al Estado de Guatemala, si no a un ex jefe de Facto, que no respetó la constitución, ni las leyes y cometió crímenes de lesa humanidad.

Planteamos igualmente la necesidad del respeto a la ley. En consecuencia, ningún nacional o extranjero debe tener injerencia en las decisiones de las Cortes constituidas para juzgar y hacer cumplir lo juzgado.

La polarización ideológico, política y profundamente sectaria que generaron los comunicados de los doce ex funcionarios de la oligarquía, ha sido utilizada por su instrumento: la Fundación Contra el Terrorismo, cuyo origen está en el MLN, la Mano Blanca y otras organizaciones terroristas de triste recordación en Guatemala, al inicio del conflicto armado. Este debate político sectario, es la justificación para ejecutar de nuevo, la represión a que se refiere el grupo de los doce, dentro del cual hay personajes carentes de autoridad moral para pronunciarse sobre estos problemas, porque fueron promotores del conflicto armado y responsables de motivar el entusiasmo de los jóvenes para que regaran su sangre en las montañas de Guatemala.

RECONCILIACION SIN JUSTICA NO EXISTE.

ASOCIACION DR. ADOLFO MIJANGOS LOPEZ


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