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Situación actual del Desarrollo Rural Integral en el marco del primer año de gobierno del presidente Otto Pérez Molina
Por la Alianza para el Desarrollo Rural Integral-ADRI - Guatemala, 14 deenero de 2013

En el año 2012, El Presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina, estableció la Comisión de Desarrollo Rural Integral, reconoció la vigencia de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, según acuerdo gubernativo No.196-2009 y estableció el “Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFFEC 2012 - 2015); en el marco de la estrategia denominada “Las dos Puertas”, refiriéndose a una economía campesina y a una economía de inversión privada en el territorio rural. Así también, se comprometió en apoyar la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, No. 4084, la cual tiene dictamen favorable por el Legislativo.

Sin embargo, por la falta de diálogos incluyentes, carencia de sistemas democráticos y falta de un modelo de desarrollo participativo; las comunidades locales, campesinas y pueblos indígenas, con legítimo derecho de la Constitución de la República, denuncian medidas que implementa o quiere implementar el actual gobierno. Estos hechos han sido represivos contra las comunidades, construyendo una ingobernabilidad que ha alcanzado la perdida y muertes de ciudadanos Guatemaltecos.

A un año del actual gobierno, vemos con preocupación el debilitamiento y cooptación de la institucionalidad de la Paz, y de Desarrollo Rural Integral, que se refleja no sólo en presupuestos asignados, en las ejecuciones y en el enfoque de inversión, sino también en el reciente cierre de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Rural Integral. La pregunta es ¿Qué mensaje envía el Ejecutivo con estas medidas?

Así también, existe un importante retroceso en la inversión social reflejada en todos los ministerios que aplican la política social en el país y por ende profundizan aún más las causas que generan pobreza y pobreza extrema. En contraposición al retroceso en la inversión social, se aumenta y beneficia al gran capital privado, incrementando el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y se congratula con la institución castrense al dotar de mayores recursos al Ministerio de la Defensa.

En materia legal de desarrollo rural, en el Congreso de la República, de manera irresponsable, se engaveta la iniciativa 4084, lo cual sólo demuestra que las bancadas mayoritarias responden a los intereses particulares y no los del bien común y en particular los intereses de la población rural. Aunado a lo anterior, el Presidente Otto Pérez Molina disuelve la Comisión de Desarrollo Rural, que impulsaba la política de desarrollo rural aprobada en el año 2009, dando señales de abandono y retroceso a la pretensión de un desarrollo rural incluyente y democrático.

Los cambios evidencian que la dirección que tiene el gobierno es seguir potenciando el modelo económico de extracción de recursos naturales y agro exportación, con una institucionalidad que lo consolida en detrimento del bien común, incrementando el desempleo, la pobreza, las oportunidades laborales, e inseguridad, provocando una ingobernabilidad nacional. Esto causaría el estancamiento del índice de Desarrollo Humano, aumento del índice de mortalidad infantil, la pobreza y la pobreza extrema.

POR LO ANTERIOR EXIGIMOS:

Un modelo de desarrollo participativo y sostenible, incluyendo a las comunidades locales, campesinas, pueblos indígenas y los sectores sociales del país.

Al Ejecutivo:

1. Implementar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, aprobada por Acuerdo Gubernativo Número 196-2009, y que se le dote de recursos económicos suficientes en el presente ejercicio fiscal 2013.

2. Aumentar el presupuesto a la inversión social e institucionalidad de la Paz.

Al Legislativo:

3. Aprobar la Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral a modo de una normativa ordinaria que convierte el DRI en una política de Estado. El sujeto priorizado tiene que ser la economía campesina para superar los problemas estructurales e históricos que afectan a la población campesina en condiciones de subsistencia e infra subsistencia. Es indispensable considerar el marco institucional previsto con un Ministerio responsable del desarrollo rural.

Al Judicial

4. Hacer un alto a la criminalización de las expresiones sociales y reconocer el pleno respeto de la Constitución Política de la República que garantiza el derecho a la manifestación como mecanismo legítimo de expresar las opiniones y el sentir de los pueblos a favor del bien común.

Alianza para el Desarrollo Rural Integral

Alianza para el Desarrollo Rural Integral –ADRI-: Coordinadora Nacional de Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas -CNP-TIERRA-, Coordinadora Nacional Indígena, Campesina y Popular -CNAIC-P-, Plataforma Agraria, Asociación de Entidades Micro-regionales Aliadas para el Desarrollo Integral de Huehuetenango y El Quiché – AEMADIHIQ-, Alianza Mujeres Rurales-AMR-, Colectiva de Mujeres Campesinas RUKU´X ULEU, Coordinadora Multisectorial de Tierras Verapaces -CM-TIERRAS-, Pastoral de la Tierra Nacional de la Conferencia Episcopal de Guatemala –PTN/CEG-, Colectivo de Estudios Rurales IXIM-CER-IXIM-, Facultad de Agronomía -FAUSAC-, Fundación Guillermo Toriello –FGT-, Movimiento por el Desarrollo Rural -MDR-, ActionAid Guatemala, Fundación INCIDE, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala –ODHAG-, Centro de Investigaciones y Proyectos para el Desarrollo y la Paz – CEIDEPAZ-. Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos –CIIDH-, Fundación CALMECAC. Campaña Guatemala Sin Hambre.

ALIANZA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL –ADRI-


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