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Fallo inconsistente de la Corte de Constitucionalidad rechaza extradiciones solicitadas por España
Por Amnistía Internacional - Reino Unido, diciembre de 2007

Declaración pública

El pasado 12 de diciembre la Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el general retirado Ángel Aníbal Guevara Rodríguez y Pedro García Arredondo contra resoluciones judiciales de tribunales inferiores guatemaltecos que habían dispuesto la detención provisional de los mismos. Dichas detenciones habían tenido lugar a consecuencia del pedido de extradición formulado por España contra las citadas personas y contra otras cinco, incluido el ex presidente Efraín Ríos Montt, en el marco de la investigación que se lleva a cabo en Madrid por algunos de los crímenes de derecho internacional cometidos en Guatemala entre 1978 y 1986.

Al admitir el recurso la Corte de Constitucionalidad ha basado su resolución en una serie de afirmaciones erróneas sobre el alcance de la jurisdicción de los tribunales españoles para llevar a cabo las investigaciones por crímenes de derecho internacional cometidos en Guatemala.

El fallo de la Corte de Constitucionalidad hace hincapié en distintas disposiciones de la Constitución Política de la República de Guatemala y en el Tratado de Extradición entre ambos países, de 1895, que habrían sido inobservadas al disponerse la detención de Guevara Rodríguez y García Arredondo y, en particular, en lo que entiende constituye la falta de jurisdicción de España para investigar a las personas responsables de los crímenes atroces cometidos en Guatemala en el período señalado. El pronunciamiento también parece sugerir que los crímenes en cuestión, perpetrados por agentes del Estado o por otros que contaron con su tolerancia o aquiescencia, constituirían delitos políticos y añade - en una manifestación de naturaleza política y no jurídica - que el Poder Judicial de España debió haberse abstenido de investigar los hechos en cuestión, pues España, por medio de su Jefe de Gobierno, suscribió como garante el Acuerdo de Paz Firme y Duradera (1996) que puso fin al conflicto armado.

El ejercicio de la jurisdicción universal por parte de España en los casos de graves violaciones a los derechos humanos es conforme al derecho internacional convencional y a la costumbre internacional. Todos los Estados tienen permitido y en algunos casos están obligados a ejercer su propia jurisdicción con relación a ciertos crímenes que revisten especial importancia para la comunidad internacional, aunque los mismos no hayan sido cometidos en su territorio o por sus nacionales o en contra de ellos. A modo de ejemplo, adviértase que tan sólo en el curso del último año Argentina, Corea, Panamá, Senegal y Uruguay, entre otros Estados, adoptaron legislación que permite, en distinto grado, el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de sus tribunales de justicia nacionales.

Por otra parte, el fallo omite mencionar distintas disposiciones contenidas en convenciones de las que Guatemala es parte, como la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las cuales establecen el deber de los Estados de conceder la extradición cuando se trata de crímenes de derechos internacional. Igualmente, el derecho internacional convencional y la costumbre internacional niegan terminantemente que los crímenes de derecho internacional como los cometidos en Guatemala puedan revestir el carácter de políticos y, por ende, como parece desprenderse de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, estar sujetos a amnistías u otros perdones.

No obstante lo expuesto, la Corte de Constitucionalidad, al denegar las extradiciones solicitadas por España ha sostenido - sin embargo - que tal negativa conlleva la obligación, bajo el derecho internacional, de juzgar a los sospechosos de esos crímenes en Guatemala. Amnistía Internacional, aunque acoge con beneplácito tal afirmación, pues se ajusta estrictamente a las obligaciones internacionales de Guatemala, reitera su preocupación ante la lentitud con que se ha avanzado desde que los procesos judiciales nacionales fueron iniciados en 2000. Dichos procesos - hasta el presente - han aportado una contribución nula al descubrimiento de la verdad de los hechos y la comparecencia de los responsables ante la justicia. Además, quienes han tenido la valentía de participar en ellos - especialmente funcionarios de la justicia, abogados, víctimas sobrevivientes y testigos - deben padecer habitualmente hostigamiento y amenazas diversas, algunos de ellos con consecuencias fatales.

En consecuencia, Amnistía Internacional sostiene que el fallo de la Corte de Constitucionalidad es una contribución más a la ya casi infranqueable impunidad que impera en Guatemala. Ello demuestra acabadamente la necesidad del ejercicio de la jurisdicción universal por parte de un número creciente de Estados.

Documento Público del Secretariado Internacional, Amnistía Internacional, 1 Easton St., Londres WC1X 0DW, Reino Unido
21 de diciembre de 2007

Fuente: www.amnesty.org


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