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Relatora de Pueblos Indígenas en San Pablo, San Marcos
Por la Asamblea de Pueblos de Occidente de Guatemala - San Pablo, San Marcos, Txe Chman, 7 de mayo de 2018

Iximulew, la Guatemala profunda, se sitúa en el altiplano occidental de Guatemala. El territorio de la mayoría de los pueblos mayas con mayor número de habitantes, sobresaliendo los pueblos K'iche' y Mam, seguido de los pueblos Sipakapense, Tektiteko, Q'anjob'al, Akateko, Awakateko, Chuj, Chalchiteko, Jakalteko, Ixil , Uspanteko, Sakapulteko, Kaqchikel, Tz'utujil. El lazo de las prácticas ancestrales mayas del pasado se conecta directamente con el presente, sobresaliendo el territorio maya occidental como el espacio principal del ejercicio de la práctica de las consultas comunitarias de buena fe, impulsadas desde los propios pueblos. Honorable Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, sea bienvenida en nuestro territorio, el territorio maya-mam del municipio de San Pablo, departamento de San Marcos. Ha llegado usted al corazón de nuestros milenarios pueblos mayas, aquí donde tres placas tectónicas unen el continente americano, nuestro ABYA YALA - "tierra noble que acoge a todos" y "tierra joven en plena madurez"- Pueblo Kuna -; aquí donde mujb'elb'ekyukeChman ex Chmambaj = unión de caminos entre abuelos y abuelas, nietos y nietas, el UK'U'X B'E de nuestros pueblos regeneran la humanidad en armonía con la madre naturaleza, Aquí el corazón de Mesoamérica nos ha dotado de la mayor biodiversidad del continente. Aquí con los hombres y mujeres de Maíz, sus hermanos. Aquí donde a lo largo de nuestra historia, han tratado de extinguirnos y de expulsarnos de nuestros territorios: desde la invasión española, la época colonia hasta nuestros días. Dividiendo y Militarizando nuestro territorio y nuestras vidas. Con la Revolución Liberal en 1870 se inicia un proceso de recolonización de nuestros pueblos, despojando de nuevo las tierras, que habían sido nuevamente compradas a la Corona, ahora para el cultivo del café. Hasta la fecha este sistema económico fundamentado en la finca cafetalera, mantiene neo colonizada a un promedio del 40% de la población del sur occidente, comunidades mayas y mestizas, empobrecidas, que se ven sometidas a los vejámenes de los finqueros, quienes siguen vendiendo las propiedades incluyendo a las personas. La complicidad del Ministerio de Trabajo, del Sistema de Justicia y fiscales del Ministerio Público, conlleva a que se viva en una permanente servidumbre, en condiciones de miseria y marginalidad, que choca con el anhelo de una sociedad democrática, justa y solidaria.

Un proceso democratizador, orientado a modernizar las relaciones económicas, sociales y políticas, se promovió en la década de los 40`s, del siglo pasado, con la llamada Revolución Democrática. La cual fue depuesta por la injerencia de los Estados Unidos, al tocarse los intereses económicos de las empresas que monopolizaban la vida del país. En rechazo a esta injerencia se generó un periodo de 36 años de conflicto armado, en el que vivimos el genocidio de nuestros pueblos. Firmada la Paz "Firme y Duradera, en Diciembre de 1996, los conflictos se transforman y se prolonga por otros medios, en el contexto de proyectos industriales que invaden nuestros territorios violando nuestro derecho a la Comunicado.

En estos momentos una industria minera está saliendo del territorio maya mam y sipakapense de San Marcos, la mina Marlin, de Montana Exploradora de Guatemala y subsidiada por la canadiense Goldcorp, tras más de una década de haber sembrado conflictos sociales, causado daños ambientales y muchos males más desde su inicio de operaciones en el año 2005 hasta estos días. Otra herida aún más profunda en nuestras vidas mayas ha sido causada por la realización de proyectos de energía eléctrica sin consultarnos y sin nuestro libre consentimiento. Desde el año 1999, cuando el Estado de Guatemala privatizó este servicio que anteriormente debía cumplirse por la institucionalidad pública, hasta la fecha, hemos sido víctimas de abusos, de las empresas generadoras de energía eléctrica, de las trasportadoras de energía eléctrica y de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Los primeros - los generadores - especialmente las plantas hidroeléctricas, nos quitan el agua, los segundos invaden nuestras tierras construyendo líneas de alta tensión a lo largo de varios así llamados "anillos", circuitos de transporte de energía eléctrica, destinadas a trasportar las energía desde el altiplano y la boca costa hacía los centros industriales de explotación y producción del país. A ello se suma que nosotras y nosotros, en los territorios mayas del área rural, pagamos las más elevadas tasas para energía eléctrica, y que nosotras y nosotros, somos quienes menos hemos sido atendidos puesto que recibimos un servicio de mala calidad que se caracteriza por constantes cortes de energía eléctrica y apagones, entre otros. Hemos presentado cientos de miles de denuncias por anomalías y violaciones, entre otros, de terribles sobrefacturaciones de la energía eléctrica de parte de la empresa ENERGUATE, que fue propiedad de la española Unión Fenosa hasta mayo 2011, luego la empresa inglesa ACTIS LLP (mayo 2011 a diciembre 2015) después y ahora a ICPower, filial del grupo israelí Kenon Holdings Ltd., parte de Israel CorporationGroup (ICG) (desde enero 2016).

Apenas en el año 2016, ENERGUATE canceló una deuda fiscal de nuestro conocimiento, de Q287.7 millones, correspondientesa los años 2011 y 2012. Aún participando en centenas de reuniones de diálogo, ni el Estado ni la empresa distribuidora de energía eléctrica han resuelto queja alguna que se les haya presentado. La lucha pacífica y democrática por el cumplimiento del derecho humano al servicio de energía eléctrico no sobrevalorado, ciertamente se ha originado desde este territorio y desde el departamento de San Marcos, sin embargo, tiene muy importante respaldo a nivel nacional. Lamentablemente varios hermanos se han visto obligados a recurrir a otras formas pacíficas de resistencia, entre estas el no pago de energía eléctrica. Denunciamos que ante ello el Ministerio Público creó una entidad especial de persecución: la Fiscalía para Atender Casos Sobre Delitos Cometidos por Hurto de Energía Eléctrica. Mientras tanto, nosotras y nosotros, desde este territorio maya mam estamos apostando a un modelo de soberanía energética como pueblo maya mam, sin embargo, la legislación vigente, nos coartan e impiden realizar servicios comunitarios y municipales de autoabastecimiento con energía eléctrica.

A cambio, se nos ha declarado una guerra en contra de nosotras y nosotros, defensoras y defensores del territorio, de los bienes naturales y, sobre todo, de nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas. En los últimos años, en Occidente, fueron asesinados por lo menos 21 defensoras y defensores de derechos humanos; en los municipios de San Pablo y Malacatán denunciamos concretamente los asesinatos de Víctor Gálvez Pérez, Octavio Roblero Roblero, Santiago Gamboa Paz, Pedro García y, más recientemente en marzo 2015, de Froilan Hermindo Juárez Orozco.

el uso de la prisión política en contra de más de 40 hermanas y hermanos mayas, un total de 12 de este municipio de San Pablo - criminalizados por la empresa ENERGUATE - con sus distribuidoras Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. - la empresa HidroSalá S.A. y la Asociación Liga Pro Patria. Mientras muy recientemente fueron liberados casi los últimos encarcelados, sin embargo, sigue en la así llamada "prisión preventiva" el preso político Irineo Plutarco Clemente Pérez, criminalizado en el marco de tres procesos penales en su contra. Sobresalen injusticias escandalosas, por ejemplo, en contra de Fausto Sánchez Morales encarcelado durante dos años y tres meses, absuelto de dos causas penales en cuyos hechos ni siquiera estuvo presente - ¡Exigimos justicia hermano! A ello se suman numerosos incidentes de ataques a autoridades ancestrales, autoridades comunitarias y líderes sociales, así como, denuncias y persecuciones en espurias procesos penales que únicamente buscan callarnos en nuestro legítimo derecho de opinión, incluso nuestro derecho de disenso con proyectos de explotación de bienes naturales. Exigimos el inmediato alto a la persecución, criminalización, a los procesos penales en nuestra contra y las denuncias espurias.

Los abusos empresariales se extienden hasta en las zonas costeras, en el contexto de extensas agroindustrias, de palma africana, de caña de azúcar, de banano, de hule, entre otros cultivos agroexportadores más. Nos despojan de nuestras legítimas territorios a fin de explotar la naturaleza, entre los cuales figuran comunidades mayas prehispánicas como Ab´ajTak`alik (piedra parada en idioma K`iché), ubicada en el municipio de El Asintal, Departamento de Retalhuleu. Sufrimos el excesivo uso de agroquímicos, la destrucción de nuestra biodiversidad, el intento de legalizar la invasión de transgénicos, y el despojo de agua de zonas caracterizadas de riesgo de sequía. En el año 2016 el propio Ministro de Ambiente y Recursos Naturales reconoció la problemática de "desvío de ríos", el acaparamiento de ríos completos para fines de riego de los monocultivos agroindustriales. Hasta hoy en día Guatemala no cuenta con una Ley de Aguas que reconozca y efectivamente defienda los derechos humanos individuales y colectivos al agua. En las tierras de finqueros reina la impunidad ambiental, robando agua, tierra y la naturaleza, nuestro futuro. Entre otras prácticas legítimas, resaltamos la importancia de las consultas comunitarias de buena fe, impulsados por nosotros y nosotras, por nuestras autoridades, a sabiendas que el Estado viola el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, desde su entrada en vigor en junio 1996. Con muy escasas excepciones, casi todos los municipios de los departamentos de San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango han consultado a sus pueblos mayas sobre proyectos de explotación de bienes naturales; ya sea en asambleas comunitarias o a través de votos secretos, grandísimas mayorías se han expresado en contra de este tipo de industrias que violan territorios mayas y nuestra madre tierra. Mientras que la Corte de Constitucionalidad reconoce nuestros derechos, a la vez, abusa de tecnicismos jurídicos a fin de vedarnos el goce efectivo de nuestros derechos colectivos a la consulta y al consentimiento. Seguiremos firmes en defender los resultados honorables de nuestras consultas comunitarias de buena fe, jamás permitiremos que se desconozcan los resultados.

Finalmente, un golpe más duro, orientado a terminar con identidad de nuestros pueblos, se establece en la política del Ministerio de Educación orientada a eliminar la Reforma Educativa, cuyo aporte significó el establecimiento de una política Educativa Bilingüe intercultural con el soporte de una Comunicado. Asamblea de Pueblos de Occidente de Guatemala.

Currícula Nacional Base, CNB, que brinda el marco teórico al pensum de estudio de una Educación Bilingüe Intercultural, EBI, la cual fue un logro de los Acuerdos de Paz. Como consecuencia de los procesos de privatización, se pretende la eliminación paulatina de la institucionalidad pública orientada a brindar a la población maya, xinca y garífuna, el goce de dicho derecho, hasta ahora bajo la Dirección General de Educación Bilingüe – DIGEBI- (Acuerdo Gubernativo No. 726-95). Con ello se busca uniformar a la población, borrando la pluriculturalidad, expresada en nuestros diversos idiomas y por ende la pérdida de nuestros derechos colectivos sobre nuestros territorios y bienes culturales e históricos. Las mujeres que conformamos los Pueblos Originarios Mam, k´iche´, Sipakapense, Q'anjob'al, Awakateco, Chuj, Kakchikel; nos encontramos, miramos y nos reconocemos como pueblos, con una raíz común, con sus diferencias, con sus capacidades, con sus fuerzas y saberes y juntas, buscamos cuidar y defender la vida como familias, pueblos y como territorio. Vivimos en un país que no nos reconocen nuestros derechos a la tierra, al trabajo entre otros derechos fundamentales al contrario nos criminalizan juntamente con los hombres defensores de los territorios. Para ello el Estado hace uso de la legislación que discrimina y legitima el despojo en nuestros territorios. El cese del conflicto armado nos abrió la posibilidad de la implementación de los Acuerdos de Paz. Esto fueron insuficientes para que gozáramos del derecho a la madre tierra, pero sí se han enriquecido los poseedores de grandes propiedades ya que la institucionalidad responsable de autorizar créditos para el acceso a tierra trasladó, por la compra de fincas, Q1.357.839.482.84 quetzales a ellos. Recientemente se ha hecho esta denuncia, sumando que en 20 años la institucionalidad de la paz únicamente atendió a 21,399 familias con crédito para comprar tierras, de ellas sólo 2,383 son mujeres que representan el 11% de los beneficiados. Otro dato alarmante es que de 2015 a 2017 sólo 158 mujeres que representan el 27% han obtenido tierra de 593 beneficiaros pagando a finqueros el precio de Q179, 483,641.06. Hay una clara discriminación hacia las familias campesinas e indígenas y en especial hacia nosotras las mujeres. En el tema del trabajo, estamos en la era de la desregularización de las leyes laborales que tutelan al trabajador y trabajadora, en función de la máxima ganancia. La actual legislación laboral no nos considera como sujetas de derecho laboral sino como ayudante de los maridos, esto repercute en que la mujer no devenga salario en las tareas agrícolas, solo el hombre, a quien le pagan menos del salario mínimo estipulado que es de Q 90.16 diarios. La explotación laboral prevalece. (Según Código de Trabajo Articulo 102- Acuerdo Gubernativo 297-2017) En el presente, la zona de monocultivos no tiene la capacidad de contratación laboral y se da una sobre oferta de trabajo que tiene como efecto el empleo del trabajo sobre explotado como mano de obra barata. Las autoridades son inoperantes para tutelar a la trabajadora y trabajador agrícola entre tanto los empleadores gozan de impunidad.

La criminalización nos afecta como mujeres, tanto las autoridades como empresas privadas arriba citadas nos han perseguido y acusado de delitos que nunca cometimos como el de usurpación agravada, plagio o secuestro; coacción, amenazas, robo, apropiación y retención indebidas, usurpación de calidad y tráfico de influencias, Robo Agravado, Sedición y Atentado con Agravación Especifica entre otros delitos. Hemos sido perseguidas, intimidadas, encarceladas. Estos hechos nos han causado graves daños personales, familiares y comunitarios. Comunicado. Asamblea de Pueblos de Occidente de Guatemala.

Todo ello, viene a debilitar la Seguridad Alimentaria y los altos índices de desnutrición que viven nuestras familias. Hoy nuestros hijos e hijas o mueren por la desnutrición aguda o pierden oportunidades de desarrollo por la desnutrición crónica. En total son un millón 272 mil niños los que están condenados a no alcanzar su potencial físico e intelectual. Los niños desnutridos agudos suman 19 mil 160 que representan el 0.7% de menores de 5 años. Frente a toda está realidad, solicitamos su pronunciamiento a favor de que:

A. Cese de la Política de Criminalización del Estado:

1. Que se detengan de inmediato todas las criminalizaciones de defensoras y defensores de derechos humanos, especialmente de los territorios, bienes naturales y de derechos colectivos de pueblos indígenas, incluyendo expedientes con denuncias en contra de los mismos y órdenes de captura.

2. Que se detenga la represión que generan las empresas de explotación de bienes naturales, especialmente de proyectos de energía eléctrica – ENERGUATE, DEOCSA y HidroSalá S.A. – y de monocultivos de agro exportación.

3. Que el Estado se encargue directamente del debido cumplimiento de los derechos humanos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, en vez de subcontratar que no cumplen los derechos y sólo buscan la maximización de sus ganancias económicas.

4. Que se le dé libertad inmediata a todos los presos políticos de Guatemala.

5. Exigimos que nos reconozcan los daños y perjuicios que nos ha ocasionado el Estado a través de sus instituciones de Justicia por la persecución, difamación y encarcelamiento recibido sin haber cometido delito alguno, sí por la defensa de los derechos individuales y colectivos en nuestros territorios.

6. Cese a la política de militarización de nuestros territorios y nuestros pueblos.

B. Libre Autodeterminación de nuestras comunidades y pueblos:

1. Que se respetan las consultas comunitarias de buena fe realizadas en dónde los pueblos mayas se han pronunciado en contra los proyectos de muerte, de explotación de bienes naturales. Consultas ya realizadas y futuras consultas comunitarias deben ser vinculantes.

2. Que se apruebe e implemente una Ley de Agua que reconozca el derecho colectivo e individual de los pueblos indígenas sobre este bien, en vez de declararlo una mercancía.

3. El Reconocimiento de nuestro derecho a la educación superior, mediante el reconocimiento de nuestras iniciativas de Universidades Maya, xinca y garífuna.

4. Que se reconozca nuestra institucionalidad propia en materia de salud, justicia, educación y administración de nuestros territorios, bienes culturales, naturales e históricos.

5. Rechazamos la política gubernamental orientada a emplear a la OIT para dividir nuestras comunidades y sociedad, realizando acciones de regulación de las consultas comunitarias mediante el sistema patronal: gobierno – empresas – sindicatos y/o grupos de pseudo indígenas.

C. Promuevan políticas Sostenibles de Acceso y Uso a nuestra Madre Tierra Comunicado. Asamblea de Pueblos de Occidente de Guatemala.

1. Su recomendación al gobierno de Guatemala y apoyo a la aprobación de la Declaración de los Derechos Campesinos, Trabajadoras en casas particulares y otras Personas que Trabajan en el Campo y en Zonas Rurales que se tratará en las Naciones Unidas próximamente.

2. Que se respete el principio sobre el consentimiento libre, previo e informado, ante cualquier iniciativa que pueda afectar la biodiversidad agrícola, los conocimientos, la autonomía y los territorios de las comunidades locales y los pueblos indígenas.

3. Nosotras las mujeres mayas exigimos que el Estado Guatemalteco reconozca que formamos parte de los pueblos que habitamos estos territorios y contamos con nuestras diversas cosmovisiones desde donde construimos y sostenemos procesos económicos, culturales y políticos que cuidan la vida en sus múltiples manifestaciones.

4. Exigimos Justicia Laboral a los entes del Gobierno, Ministerio de Trabajo, Juzgados de primera Instancia, que respeten y sean responsables de la observación del cumplimiento de las normas que regulan los derechos laborales, Respetando: el Acuerdo Gubernativo 297-2017 Del Salario Mínimo. Articulo 100, 198- Ley orgánica del IGSS decreto 295. Articulo 102, 206 y 209 de derecho a la organización Sindical. Cese a la política antisindical del Estado.

5. Modernización del sistema de contratos laborales al interno del país y entre México – Guatemala, orientado a la defensa, protección y la seguridad social de los trabajadores, que oferta México y que se niega a los y las trabajadoras en el país y a los emigrantes.

6. Exigimos la emisión de leyes que reconozcan nuestros derechos a poseer y ser poseídos por la madre tierra, que hoy nos es negada y arrebatada.

7. Exigimos el Derecho al Acceso a una vivienda Digna, mediante políticas transparentes y genuinas, entre otras mediante la dotación de fondos sociales y/o créditos blandos para la obtención de las mismas.

D. Promover Políticas orientadas hacia un desarrollo humano sustentable fundamentado en nuestra biodiversidad. Vrs. Política de desarrollo extractivistas que nos empobrece y mata.

1. Rechazar la intervención de empresas transnacionales, con enfoque extractito voraz, que dejan miseria, hambre, enfermedad y conflictos sociales.

2. Se rechace la utilización en toda circunstancia de las Tecnologías de manipulación genética y de Restricción en el uso Genético (semillas "Terminator") que se encuentran en moratoria por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, promoviendo su prohibición definitiva.

3. Recomiende a los Gobiernos del mundo que las semillas sean reconocidas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y que no puedan ser objeto de ningún tipo de propiedad intelectual y mercantilización.

4. Se respete el derecho de los pueblos indígenas a rescatar, proteger, multiplicar, mejorar, seleccionar, conservar, utilizar, intercambiar y vender (entre Pueblos y sus organizaciones) sus propias semillas, como derecho consuetudinario, que ha dado origen a la rica biodiversidad agrícola con la que se cuenta y seguir considerándola base de la alimentación, pese a la falta del reconocimiento y estímulo gubernamental.

5. Que se nacionalicen eficientemente los servicios más elementales de la población: el servicio de energía eléctrica, educación, salud, seguridad social para todos.

 

ASAMBLEA DE PUEBLOS TE TXE CHMAN DE SAN MARCOS, Pueblos Originarios Maya: Mam, Sipakapense, K´iché, Tektiteko, Q`anjob`al, Akateko, Awakateko, Chalchiteko, Jakalteko, Cluj, Ixil, Uspanteko, Sacapulteko, Kakchikel, Tzutu`jil y Pueblo mestizo. Región Sur – Occidente de Guatemala y Sur de Chiapas, México.

Asamblea de Pueblos de Occidente de Guatemala


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