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2017: nuevas articulaciones contra el extractivismo
Por la Asamblea Social y Popular - Guatemala, 10 de agosto de 2017

Enfrentamos nuevas estrategias empresariales.

Alerta con la reglamentación de las consultas comunitarias.

Este Estado continúa al servicio de los poderosos: reprimiendo, criminalizando, negando derechos fundamentales, como el derecho a un salario justo.

La salida de Hidro Santa Cruz de Barillas y la suspensión de los proyectos extractivos El Tambor (San José del Golfo y San Pedro Ayampuc) y Oxec (sobre el río Cahabón) constituyen triunfos de las luchas y las demandas populares. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia (5 de enero) que paraliza temporalmente el proyecto hidroeléctrico Oxec por irregularidades en la consulta, da la razón a las comunidades que exigen el respeto a su decisión previa, informada, libre y vinculante.

El gobierno de Otto Pérez Molina, con apoyo nacional e internacional, apostó por una estrategia de represión (centenares de presos políticos y capturados), recorte de libertades (estados de excepción, ataques a la libertad de expresión y de organización) y militarización de las instituciones. Esta estrategia consideró superflua la legalidad, por lo que las empresas operaron prescindiendo y haciendo caso omiso del derecho de consulta, los estudios ambientales, el Convenio 169, las licencias de construcción, la autoridad municipal y la representación comunitaria: operaron y operan en la mayoría de las ocasiones al margen de la ley.

Las resistencias de la Puya, Barillas, Sierra de las Minas, Monte Olivo, Ixcán-Xalalá, San Juan Sacatepéquez, San Rafael Las Flores, Quezada, Polochic, El Estor, Cahabón, las luchas de las mujeres contra la violencia física y sexual asociada al despojo del territorio (y muchas otras tan ricas en dignidad como dramáticas en las consecuencias de muertes y privación de libertad) erosionaron esta estrategia empresarial-militar, que a partir de abril de 2015 y el destape de la corrupción, se debilitó todavía más.

Proyectos extractivos: un paso atrás para tomar impulso

Sin embargo, el modelo extractivista no está detenido. Analizamos hechos recientes que indican la vigencia de este modelo y su adaptabilidad a las coyunturas.

1. La persecución de líderes comunitarios en San Marcos es ejemplo de la utilización del sistema de justicia a favor de intereses empresariales. Información facilitada por Fundación Tierra Nuestra resalta que once dirigentes comunitarios están detenidos, a pesar de que uno de los presos políticos fue declarado inocente en dos causas penales, tres cumplieron una sentencia de dos años y cinco han cumplido más de la mitad de su tiempo con buena conducta, entre otras irregularidades que constituyen una situación jurídica insólita y prolongan la doctrina de derecho penal del enemigo.

2. La fijación del salario mínimo 2017 demuestra que, a pesar de diferencias tácticas, el Presidente y el Ejecutivo asumen los criterios empresariales de subida cero o simbólica, desconociendo la solicitud sindical, que pedía responsablemente un incremento que acercara el salario mínimo al costo de la canasta básica. Hoy, la canasta básica alimentaria para una familia de cuatro miembros equivale a un salario mínimo y medio, y la canasta básica vital a dos salarios mínimos y medio.

3. El denominado primer desalojo de 2017 en territorio q´eqchi´ y poqomchi´ (cinco de enero, que afecta a 20 familias pocomchi´ de la comunidad de Santa Inés, municipio de Santa Cruz) alerta sobre la utilización de las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público para reprimir el ejercicio de derechos.

4. La Portuaria Quetzal se convierte en caso símbolo de subordinación de los intereses colectivos a los intereses privados, ya que se plantea la reconcesión a una empresa privada (presente ya en la primera concesión) en términos onerosos para el país.

El Estado guatemalteco y sus instituciones continúan actuando en contra de los intereses de las mayorías. El modelo extractivista contiene no solamente proyectos de despojo de bienes sino una estrategia de articulación y actuación entre empresas, estado, medios de comunicación, redes de abogados, comunidad internacional. La forma en que esta articulación se dio durante el gobierno del Partido Patriota está variando, pero no deja de ser amenazante. Paradójicamente, el fracaso de algunos proyectos y la sentencia de la CSJ en el caso Oxec fortalecen la reglamentación de las consultas comunitarias, anunciada como proyecto estratégico por la Ministra de Trabajo el día 12 de octubre de este año.

En esa fecha se efectuó el Lanzamiento Público del Diálogo Nacional para la Construcción de Estándares Básicos para la Consulta a los Pueblos Indígenas, que avanza con poca información y transparencia: una iniciativa de consulta sin consulta a los pueblos. Una iniciativa anterior, pretendida durante el gobierno de Álvaro Colom, derivó en tensiones y fue finalmente desestimada.

En este contexto, en el inicio del segundo año de un gobierno sin proyecto ni solución para los problemas estructurales del país, la información y la articulación social siguen siendo fundamentales para enfrentar proyectos extractivos destructivos, y las estrategias cambiantes de implantación.


Otras lecturas


Situación de presos políticos de San Marcos: enlace

Caso Hidro Santa Cruz. Proyectos inviables y desarrollo insostenible: enlace

El primer desalojo de 2017 en Alta Verapaz: enlace 1 - enlace 2

Hidroeléctricas sobre el río Cahabón, casos Renace y Oxec: enlace



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