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Rechazamos la imposición de normar las consultas por parte del Gobierno de Jimmy Morales
Por la Asamblea Social y Popular - Guatemala, 17 de julio de 2017

El día de hoy, el gobierno de Guatemala presenta la Guía de Estándares Básicos para la Consulta a Pueblos Indígenas, la Asamblea Social y Popular rechaza tajantemente esa guía y cualquier pretensión de normar las consultas ya que en la misma línea de normar las consultas a Pueblos Indígenas que se realizó durante el gobierno de la UNE, la Corte de Constitucionalidad suspendió la aplicación de ese reglamento, argumentando que en Guatemala no existe un andamiaje jurídico que, ante las evidentes desigualdades en las que viven los Pueblos Indígenas, garantice plenamente sus derechos.

Es más, el Estado guatemalteco lleva 32 años sin elaborar la legislación que garantice la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, tal y como lo establece el artículo 70 de la Constitución.

En esa ocasión la Corte de Constitucionalidad también suspendió ese reglamento porque, al igual que la Guía de Estándares Básicos, no se contó con “la participación coordinada, sistemática y armónica, con los integrantes de dichos pueblos, pues no es concebible que el derecho de consulta que persigue concretizar los derechos de los pueblos indígenas, sea regulado sin la amplia participación de los mismos”-

El gobierno actual y el sector empresarial, violando reiteradamente el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales firmados por el Estado de Guatemala, pretenden imponer una visión de “desarrollo”, contraviniendo lo que expresamente establece la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el sentido de que “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y determinar sus propias prioridades en lo relacionado con su desarrollo político, económico, social y cultural, de conformidad con su propia cosmovisión”. Los pueblos indígenas nos e oponen al desarrollo, pero si hay una fuerte oposición a querer presentar el enriquecimiento de las empresas y la destrucción de la Madre Naturaleza como el único modelo de desarrollo.

Tal y como lo ha expresado el Relator Especial de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, James Anaya, las disposiciones del Convenio 169 de la OIT son directamente ejecutables y de obligado cumplimiento. En ese mismo sentido, los órganos de control de la OIT han expresado que el Convenio no impone un modelo de institución representativa, pero que lo importante es que estas sean el fruto de un proceso propio, interno de los Pueblos Indígenas”. Por lo tanto, no le corresponde al Ejecutivo determinar cómo se realizan las consultas a los Pueblos Indígenas, ya que cada Pueblo tiene sus propias modalidades. Lo que le corresponde al Estado es respetar la voluntad expresada en las mismas.

La Guía de Estándares Básicos pretende desconocer las casi 100 consultas que se han realizado en igual número de municipios e imponer un mecanismo que protege únicamente los intereses y enriquecimiento de las empresas, utilizando el falso argumento que las comunidades no se pueden oponer a un proyecto empresarial; cuando el mismo Relator Especial de Naciones Unidas, en su informe sobre Los Derechos de los Pueblos Indígenas y las industrias extractivas claramente dice que “las personas y los pueblos indígenas pueden oponerse y expresar activamente su oposición a los proyectos extractivos” además de llamar la atención sobre la “preocupación por el uso abusivo de la fuerza o las represalias directas, los pueblos indígenas que no deben ser objeto de presiones por parte de agentes del Estado o de las empresas extractivas para obligarlos a aceptar los proyectos de extracción”.

Por lo anterior, la Asamblea Social y Popular llama a defender las consultas realizadas y rechazar la Guía de Estándares Básicos, así como cualquier imposición de cualquier órgano del Estado para normar y estandarizar las consultas en violación al derecho a la libre determinación o al intento de imponer una única visión de “desarrollo”, más aún si aún no se cuenta con una normatividad jurídica que reconozca los derechos de los Pueblos Indígenas.

ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR


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