Denuncia pública
Por el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, CAFCA - Guatemala,
3 de julio de 2009
El Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, CAFCA, en su condición de asesora y acompañante de distintas comunidades del país que luchan por que se les reconozca su derecho y se haga efectivo el deber del Estado de resarcir las violaciones y daños de las que fueron víctimas durante el conflicto armado interno, de manera integral y colectiva, ante las medidas intimidatorias y de criminalización del conflicto social, de las comunidades que demandan que el PNR cumpla con la función para la que fue creado, ante la opinión pública nacional e internacional:
EXPONEMOS:
1. Que con fecha 9 de diciembre de 2008, en acto solemne en el Palacio Nacional de la Cultura, 28 comunidades de distintos departamentos del país presentaron su demanda de resarcimiento integral y colectivo ante el Secretario de la Paz Orlando Blanco Lapola y el Presidente de la Comisión Nacional de Resarcimiento César Dávila Gómez
2. Que la única respuesta que han recibido dichas comunidades respecto de su petición, fundamentada en los memoriales indicados con base al derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, es que están en análisis. Dicha respuesta no se basa, como corresponde, en resolución alguna de la Comisión Nacional de Resarcimiento, ni siquiera se indica si la misma generó la apertura del expediente correspondiente. Por lo que dichas comunidades no tienen certeza del proceso que seguirán sus casos.
3. Ante tal situación, las organizaciones comunitarias han acudido, además de PNR y CNR, donde no hay respuesta, ante otras instancias como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, La Procuraduría de los Derechos Humanos, Diputados del Congreso de la República, organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos y Justicia, representantes diplomáticos y de cooperación internacional, a fin de que a través de sus buenos oficios se incida para que el PNR cumpla con eficacia, eficiencia, transparencia y sin discriminación con la política de resarcimiento integral y colectivo anunciada por la actual administración del Presidente Álvaro Colom.
4. Producto de tales gestiones, los Diputados Otilia Lux, Walter Felix, Armando Sánchez y Anibal García solicitaron una reunión con representantes comunitarios, funcionarios de CNR y PNR con la presencia de un representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos. En dicha reunión se acordó un calendario de visitas a distintas comunidades que han presentado su demanda, a fin de conocer de primera mano la situación y establecer acuerdos para solucionar los problemas existentes.
5. Una de las comunidades visitadas es Chisís, municipio de San Juan Cotzal, Quiché, en el Ixil, el día 15 de junio de 2009. A la misma asistieron representantes de otras seis comunidades para plantear sus demandas, esperando llegar a acuerdos. Sin embargo, los mismos no podían producirse dado que los representantes de PNR que asistieron no cuentan con mandato para ello, por lo que se acordó otra visita para el 16 de julio de 2009. En esta actividad participaron el señor Alfredo De León, asesor del Diputado Walter Félix y el señor Francisco Guaré representante de PDH y asesores de CAFCA y del Programa de Paz Ixil, quienes no intervinieron en ningún momento en la parte sustantiva de la actividad.
6. Sin embargo el día 16 de junio, los señores José Santiago Solís, Delegado Regional de PNR y Mario Rodolfo Morales Solares, asesor jurídico de la Delegación Regional de PNR, interpusieron una demanda penal en el Ministerio Público (expediente MP238/2009/1212, Agencia 1 de la Fiscalía Municipal de Santa María Nebaj, Quiché), acusando a los representantes comunitarios y otras
personas de los delitos de detención ilegal, coacción y amenazas. Razón por la cual el MP ha citado a diez personas a declarar al respecto, en una junta conciliatoria a realizarse el 21 de julio de 2009.
7. No es la primera vez que autoridades del PNR, ante la justa demanda de las comunidades que no son debidamente atendidas, reacciona criminalizando la lucha social, a través de activar procesos penales en el Ministerio Público, tal es el caso de la Comunidad El Triunfo de Champerico Retalhuleu, quienes fueron demandados por los mismos delitos ante el MP (expediente MP137/2009/3489, Auxiliar Fiscal de Retalhuleu, Fiscalía Distrital de Suchitepéquez) a partir de una reunión con funcionarios del PNR, el 13 de mayo de 2009.
Por lo anteriormente expuesto:
DEMANDAMOS:
1. Al Presidente de la República:
a) Ordenar poner fin a la política de criminalización de las demandas comunitarias por resarcimiento integral y colectivo llevada a cabo por funcionarios del PNR.
b) Investigar exhaustivamente la ejecución de la política pública de resarcimiento a fin de determinar si la misma se apega a derecho y a la política anunciada por el propio Presidente.
c) Tomar las medidas políticas y administrativas necesarias a fin de corregir la ejecución de dicha política para que la misma se dirija, con apego a la normatividad vigente, hacia los objetivos para la que fue creada, poniendo como centro de la misma el genuino interés y derecho de las víctimas, sin discriminación alguna, evitando con ello nuevas violaciones, propias de épocas oscuras que con los Acuerdos de Paz se tratan de superar, situación a la que insistentemente se ha comprometido su gobierno.
2. A los señores Alfredo De León, asesor del Diputado Walter Félix y Francisco Guaré representante de la PDH, informar al Ministerio Público sobre lo acontecido en la comunidad de Chisís a fin de que no se enderece proceso penal contra las personas acusadas por no existir motivo alguno para ello.
3. A las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos y Justicia, a los representantes de la comunidad internacional, a las organizaciones de víctimas, a los medios de comunicación y ciudadanía en general: denunciar y exigir el fin de la criminalización de la lucha por el resarcimiento, estar atentos a este tipo de acciones para acompañar a las organizaciones de comunidades víctimas a fin de que no sean nuevamente atropellados sus derechos.
Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, CAFCA
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