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Memorial
Por el Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra de las Minas - Purulha Baja Verapaz, 30 de junio de 2016

"El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos."

(Sub Comandante Marcos)

Señor Alcalde Municipal, de Purulha, Baja Verapaz,
Señor Gobernador Departamental de Baja Verapaz,
Señores Diputados y señoras diputadas,
Señor Director de la Secretaria de Asuntos Agrarios,
Señor Director del Fondo de Tierra,
Señor Representante del Ministerio de Energía y Minas,
Señor Representante del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
Señor Representante del Ministerio de Educación,
Señor Auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos,
Señor Juez de Paz,
Señor Representante del Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP),
Señor Representante del Instituto Nacional de Bosques (INAB),
Señor Representante de la Fundación Defensores de la Naturaleza,
Señor Representante de la Federación de Cooperativas de la Verapaz (FEDECOVERA),

Señores y Señoras:

Nosotros representantes de nuestras comunidades, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, niños y niñas, ancianos y ancianas. Amparados en los siguientes artículos de la Constitución Política de la República: Artículo 1.- Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Los artículos 3, 4, 5, 12, 23, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 44, 46. 57, 58, 60. Ls artículos 66, 67, 68 referente a comunidades indígenas.

El Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo nos reconoce el derecho que tenemos para decidir sobre nuestro propio futuro y a participar en las decisiones de las municipalidades y del Estado de Guatemala en igualdad de condiciones, sobre todo lo relacionado al presupuesto, obras y proyectos.

El artículo 46 constitucional manifiesta la, Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno. Hemos comprendido que, como pueblos indígenas, tenemos todos los derechos reconocidos en los diferentes instrumentos internacionales que el Estado de Guatemala ha firmado y ratificado, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales. La Convención Internacional sobre discriminación étnico-racial, la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura, el genocidio y la desapareció forzada. Así como las declaraciones que, sobre ambiente, tierra, territorio, cambio climático, entre otros, en las que Guatemala, como Estado es parte.
Guatemala, es miembro de los Comités Internacionales que velan por los Derechos Humanos y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, al mismo tiempo que está bajo intervención internacional, manifestado en un primer momento, por los relatores especiales y temáticos del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. Y actualmente por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), quien junto al Ministerio Público está investigando casos de corrupción, no solo relacionado a las acciones de los anteriores funcionarios, sino también sobre los actuales, no solo por el manejo del presupuesto, sino también por inversiones que hicieron empresas nacionales e internacionales, personas individuales, en la última campaña electoral, a cambio de eso, las autoridades conceden licencias de exploración, explotación y construcción, de minería, hidroeléctricas, producción de monocultivos, entre otros. Como sucedió con la mayor parte de candidatos en la campaña recién pasada, incluso el Señor Sebastián Castro, actual alcalde recibió financiamiento de las empresas hidroeléctricas, Fuerza Hídrica, Saqha, el Cafetal, Matanzas, etc.

Amparados en la legislación anterior, como comunidades indígenas, manifestamos que estamos de acuerdo en las mejoras que se le pueda hacer a nuestras vías de acceso (carreteras, caminos comunitarios), centro de salud, escuelas, trabajo. También, que se planifiquen proyectos denominados de desarrollo para nuestras comunidades, sobre todo lo relacionado a la mitigación del hambre, puesto que nuestras comunidades están catalogadas como las más desnutridas de la región, a pesar, que, en el gobierno anterior, lo presentaron como un caso importante en el Plan Hambre Cero. Pero no estamos de acuerdo, que estas se ejecuten, con dinero que provengan de acuerdo previos con empresas, para conceder licencias para hidroeléctricas, minería, palma africana u otros proyectos extractivistas, que en vez de mejor nuestra vida, la empeoran, como está pasando con las hidroeléctricas ya construidas en la región, que ha traído odio, desconfianza, miedo, criminalización y rivalidades entre nosotros, así como los proyectos de monocultivo como el PINFOR y otros, que solo han beneficiado a las grandes empresas de madera y a unos cuantos intermediarios, que también aprendieron a vivir de la tala ilegal de bosque. Eso quiere decir, que los proyectos deben hacerse de forma participativa y en consulta permanente con las comunidades, no solo con los presidentes de los COCODES, según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, donde establece que se debe consultar de forma previa e informada, tomando en cuenta todas las estructuras organizativas de las comunidades, respetando sus formas culturales para tomar decisiones.

Nadie es superior a la ley, reza nuestra legislación nacional, por tal razón, ninguna institución del Estado y por lo consiguiente tampoco ninguna institución privada (ONG; FUNDACION, ASOCIACION), nacional o internacional, puede tomar decisiones sobre nosotros y nuestras comunidades, solo porque nos consideran pobres e ignorantes. Nosotros ya conocemos nuestros derechos y por eso es que defendemos y protegemos nuestra tierra, nuestro territorio, nuestros bienes naturales. Por eso mismo, no aceptaremos ningún proyecto, que venga a destruir lo que durante años hemos cuidado, protegido y defendido. Y tampoco aceptaremos que, por esta decisión tomada en comunidad, nos quieran obligar trayendo policías y militares a nuestra región. Aunque entren con la excusa de hacer proyectos de beneficio comunitario. Nosotros sabemos que los proyectos y programas para la comunidad, los debe de hacer el Estado y no empresas, ni ONG. Es deber de todos Ustedes programarlo con nosotros y por eso exigimos que haya diálogo constante entre nosotros, pero no en Purulha, ni en Salamá, sino aquí en nuestra región, porque nosotros queremos que todos escuchen el compromiso de Ustedes.

Si en caso quieren que lleguemos a acuerdos, sobre programas, proyectos u otras cosas que quieran traer a la región, exigimos que los diálogos, no sean conducidos por las empresas, ONG; asociaciones, grupos u otros, sino que sea el Estado y por medio de Ustedes quienes están aquí y principalmente por la Municipalidad y su Consejo, quienes tendrán que informarnos, sobre los estudios técnicos y políticos, que tengan, porque hasta el momento no conocemos ningún estudio sobre los proyectos que ya están en ejecución como las Hidroeléctricas el CAFETAL; SAQHA, FUERZA HIDRICA, PANIMA y otros que piensan construir. Además, que nos expliquen sobre los beneficios no solo temporales, sino también permanentes que traen para nosotros. Al mismo tiempo que no se valgan de personas individuales, para traernos la información, como lo han hecho hasta el momento utilizando a personas non gratas en la región como el Señor Celso Caal Ayu y compañeros, así como la organización CONIC, quienes, en vez de ayudar a las comunidades, han sido cómplices de la destrucción de nuestra región.

La Constitución del clara sobre las tierra de cooperativas y comunidades indígenas, donde el Estado se compromete a respetarla y reconocerse, por eso, exigimos a FEDECOVERA, que nos explique sobre la situación de nuestras tierras, que aún los tiene bajo resguardo y no para dar en garantías a los bancos para créditos que nunca nos han beneficiado, por eso, solicitamos a los señores y a las señoras diputadas, iniciar una auditoria a FEDECOVERA y a otras Cooperativas de la región y que nos den un informe sobre nuestras tierras y recursos, porque cuando nosotros pedimos información, nos amenazan y nos intimidan y al mismo tiempo nos dicen que debemos mucho dinero, cuando nunca lo hemos tenido en nuestras manos, este es el caso de la Cooperativa Panchisivic, que ha hecho negociaciones con FUERZA HIDRICA, vendiendo o regalando nuestras tierras, sin beneficio para nosotros, o vendiendo o regalando nuestros bosques a las empresas de madera.

A todos y todas Ustedes, les informamos que no aceptaremos ningún nuevo proyecto hidroeléctrico en nuestro territorio, ni de minería, ni de monocultivo. Si realmente esta fuera la solución de que no tenemos energía eléctrica, con las que están ya tendríamos energía eléctrica todos nosotros y a bajo precio. Pero el Plan del Estado y del modelo económico, es para vendérselos a las empresas y estas a otros países. Pero la destrucción si la cosecharemos todos aquí en un término de 20 o 30 años, cuando nuestros hijos sufran por el agua y luego estarán corriendo buscando nuevos lugares para vivir. Por eso solicitamos a Defensores de la Naturaleza, INAB, CONAP, para que nos apoyen limitando a las empresas la utilización del agua y de la tierra.

Toda institución privada o pública debe informarnos sobre los beneficios que obtiene sobre nuestros recursos y nuestras comunidades. Hasta el momento, si la Sierra de las Minas se ha conservado en parte, ha sido por el trabajo que hemos realizado nosotros, pero nunca hemos recibido beneficios económicos sobre eso. Exigimos a Defensores de la Naturaleza, INAB, CONAP; que nos informen cuales son los beneficios obtenidos hasta hoy, por proteger el ambiente y la naturaleza, porque nunca ha repercutido en mejoras en educación y salud, principalmente. Defensores de la Naturaleza ha estado aquí desde finales de 1990, casi más de 20 años, pero nunca hemos visto un beneficio sustantivo que provenga de ellos.

Sobre educación, en la región lo maestros vienen día martes y regresan día jueves y muchas veces lo hacen en complicidad con los funcionarios de educación de Purulha y Salamá y si les exigimos que trabajen, repercute en violencia contra nuestros hijos, por eso, exigimos a las autoridades de educación, que verifiquen no solo la presencia de los maestros, sino también sus cualidades y ética, porque en vez de formar a nuestros hijos con valores y principios morales, lo pueden formar como delincuentes y pandilleros.

Salud, estamos peor. En el centro de salud, nos han comunicado que tenemos que comprar un panel de luz solar y que tenemos que dar los recursos como comunidad. Tampoco tenemos medicinas. Por eso, exigimos y demandamos al ministerio de Salud para que provea los insumos necesarios para que tengamos un centro de salud, acorde a nuestra situación.

Exigimos y demandamos a la municipalidad de Purulha, Baja Verapaz, para que abra el libro de registros para comunidades indígenas, porque es un derecho adquirido y que nadie puede violarla, según el código municipal y toda la legislación nacional e internacional existente.

Todos y todas quienes asistimos a esta Asamblea Territorial Comunitaria, manifestamos que estamos cansados de tantas mentiras que luego nos trae problemas en las comunidades y todas ellas vienen principalmente de las autoridades que como Ustedes tienen como función velar por el bien común, porque para eso fueron electos o contratados. Pero en realidad, cada vez nos decepcionan y nos frustran, porque en vez de dialogar con nosotros, nos acusan, nos amenazan y nos criminalizan. Por eso hemos acudido al Sistema de Justicia para denunciar todos los abusos emprendidos contra nosotros, que no solo es violencia psicológica, sino también física.

En tal virtud, solicitamos a la Auxiliatura de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, para que se constituya en un garante de nuestros derechos. A los diputados del Legislativo a revisar todo el marco jurídico sobre áreas protegidas y de conservación, sobre tierra y recursos naturales. Al representante del Sistema de Justicia a ejercer su función aplicando la justicia pronta en favor de los más pobres. Al señor Alcalde para que cumpla su función de ser el garante de la Unidad del municipio y no con favoritismo. Al señor Gobernador, para que ejerza su función de favor de los más pobres y no de la injusticia desarrollista y que su papel en el CODEDE se para beneficiar a las comunidades y no a las empresas. A todos y todas, que no ejerzan su función con prepotencia, sino respetando nuestros derechos.

Desde hoy como Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra de las Minas, declaramos el territorio, libre de minería, de hidroeléctrica y de palma africana. Nos constituimos en Asamblea Permanente, para defender nuestros derechos a la autonomía y a la libre determinación.


CONSEJO DE COMUNIDADES INDIGENAS DE LA SIERRA DE LAS MINAS


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