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¡Sostener y profundizar la lucha contra corruptores y corruptos! - El voto 2019 tiene que ser de los pueblos!!
Por el Consejo del Pueblo Maya –CPO - Occidente de Guatemala, 20 de septiembre de 2018

cpo

¡Quebrar la razón de este Estado: los robos, despojos, militarización y privilegios!

La Corte de Constitucionalidad ya decidió: a) El gobierno debe permitir el ingreso del comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-; y b) El gobierno debe negociar con la ONU las controversias. Con esta decisión se interrumpe el plan de las mafias que mueven las actuaciones de Jimmy Morales. Este plan pretende: liberar a los que están presos, paralizar la investigación criminal, frenar el encarcelamiento de corruptores y corruptos y asegurar la existencia de unos cuantos partidos políticos con los cuales puedan volver a enmascararse en el 2019 para mantener el control del Estado.

Ahora bien, este plan que levanta el dictador todavía está vivo. Las fuerzas políticas, narco-militares, militares y empresariales que lo sostienen, son poderes clandestinos que desde hace siglos se han repartido los despojos, dando vida a un Estado que se recicla en cada crisis para seguir robando con nuevas fachadas. Allí están las botas criminales del Sindicato, de la Cofradía, del Archivo y numerosos grupos, redes y líneas disidentes, pero igualmente entrenadas para el saqueo. Allí están los negocios sucios del Banco Industrial, del Banco G&T, de BANRURAL y del CACIF.

Y allí también están sus tribunas políticas, las que llegan a las municipalidades y al Congreso a amarrar sus estrategias, muriendo y reapareciendo en cada ciclo electoral, pero siempre útiles para legalizar las cochinadas; así tenemos en la lista al FRG, GANA, PAN, UCN, UNE, LIDER, Patriota, Todos, Viva, FCN-Nación, Alianza Ciudadana, Movimiento Reformador y otros más. Y allí tenemos a sus asesores legales y técnicos, a sus diplomáticos, e incluso a sus profetas (como AVELMIGUA), una red que hace los mandados y les limpian sus acciones.

Todos tienen la cola machucada. Sobre todas esas fuerzas existe más de alguna persecución penal. Y su cola de ratas se las machucó la CICIG, el Ministerio Público y los jueces que muestran valentía, dignidad y honestidad. Su odio hacia la CICIG es tan fuerte como su odio hacia los pueblos indígenas y población campesina, a cuyos dirigentes vienen asesinando con total libertad. Su odio hacia la CICIG es tan fuerte como su odio hacia las organizaciones defensoras de derechos, que levantan la verdad y la justicia, y demandan procesos penales por crímenes de guerra.

Su odio hacia CICIG es mayor porque bajo la dirección del comisionado Iván Velázquez se ha logrado demostrar que la impunidad con la que quieren vivir es un conjunto de actos criminales que deshacen los bienes públicos, roban bienestar a la ciudadanía y arremeten en los territorios para cocinar los saqueos. El financiamiento electoral ilícito, señalado por la CICIG, es financiamiento para legalizar los despojos y la depredación de la Madre Tierra.

Esa es la verdad revelada por la CICIG: mostrar evidencias, con el Ministerio Público, sobre el modo de operación de sus crímenes: roban a través de sus partidos, evaden impuestos con el partido político gobernante, tienen poder de veto gracias a sus partidos, desarticulan la institucionalidad pública con sus políticos de turno, se aprovechan de la deuda interna y externa con sus funcionarios, crean redes para el saqueo de recursos públicos gracias a sus operadores políticos. Tienen el control de la partidocracia corrupta para así conservar su dominio absoluto del Estado.

La razón de un Estado de Derecho nace eliminando los privilegios y metiendo presos a los corruptos

Con la resolución de la Corte de Constitucionalidad, las fuerzas del plan de Jimmy Morales querrán levantar al viejo ejército asesino y recrudecer la represión. Los pueblos no vamos a tolerar esta amenaza. También querrán patalear en el Congreso porque lo que más les interesa, no es si entra o no Iván Velázquez, sino su continuidad como partidos. Se levantará como razón de Estado que lo mejor es una CICIG reformada, con un nuevo o nueva comisionada, apelando a la unidad nacional. Por tanto, la crisis política del Estado no se ha resuelto, aunque la resolución de la CC es un acto de gran importancia para advertir que no deben tolerarse los abusos de poder.

Ahora bien, el Consejo del Pueblo Maya –CPO-, al mismo tiempo que proclama y defiende el derecho ciudadano a vigilar e impedir cualquier huisachada adentro o afuera del Congreso, sostiene que es urgente seguir abriendo los caminos ciudadanos para profundizar la lucha contra la corrupción. Después de la decisión de la CC, lo más seguro es que las mafias, aunque estén en pugna y competencia entre sí, acudirán ahora a vender como razón de Estado un nuevo ardid: "fortalezcamos la unidad nacional, fortalezcamos la institucionalidad pública, sin cacerías, con emprendimientos, para la prosperidad y el desarrollo del pueblo trabajador." No nos dejemos engañar por los discursos que se colocan más allá del bien y el mal, haciendo borrón y cuenta nueva. Vieja mentira oligarca.

No nos dejemos engañar por los discursos que se colocan más allá del bien y el mal, haciendo borrón y cuenta nueva.

Ante esta crisis política provocada por las mafias que controlan el Estado, el CPO sostiene que los pueblos de Guatemala saben por experiencia propia que este Estado está hecho de corrupción. No necesitamos ni la tutela de oligarcas para hacer los cambios, ni los parches institucionales a un Estado que desde hace siglos vive para despojarnos, está hecho para robarnos y no tiene ningún interés en escucharnos. Los cabecillas que tienen la cárcel en el cuello y los cabecillas que siguen impunes sólo quieren chapuces.

El CPO sostiene que el destino de la Ley Electoral y de Partidos Políticos también es clave para luchar contra la corrupción. No podemos permitir más impunidad de los partidos políticos. Además, debemos aspirar por lo menos a una básica representación política republicana. La diversidad de ciudadanías necesita la representación política que les ha sido negada en las reformas electorales. Los pueblos originarios necesitamos una representación política como pueblos, lo cual es un mandato del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-y es, además, un derecho históricamente mancillado. La Ley Electoral y de Partidos Políticos no representa a los pueblos.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos no representa a los pueblos

En todas las protestas sociales que han ocurrido después de los abusos de poder de Jimmy Morales, las ciudadanías y los pueblos han mostrado el fondo del problema: este Estado funciona sólo para la desigualdad y debe ser transformado estructuralmente. Estamos con la mayoría ciudadana que exige la presencia de la CICIG para desmantelar a las mafias. Estamos con las fuerzas sociales que mantienen en alto las reformas profundas a la Ley de Partidos Políticos. Estamos en pie como pueblos originarios para construir nuestra autodeterminación y dar vida a una sociedad sin monopolios, sin transgénicos, sin robos ni contaminación del agua, con todos los servicios sociales (salud, educación, seguridad social, saneamiento, electricidad, justicia, etc.) funcionando bajo control público y por el bien común.

Para romper este círculo vicioso en que estas fuerzas corruptas colocan a todos los pueblos de Guatemala, por lo menos necesitamos: Primero. Levantar y defender a nuestras autoridades y a nuestros liderazgos investidos de dignidad y honestidad; y Segundo. Disputarles el poder, llegar unidos al Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular.

La actual Constitución tienen enormes vacíos que contribuyen a la formación de redes mafiosas. El CPO señala, entre muchos, cinco grandes problemas constitucionales que influyen en la formación de las mafias corruptas:

1º. No existe ninguna norma constitucional que defina y obligue al Estado a tener una estrategia y una institucionalidad para diseñar y planificar el presupuesto público desde los territorios y en razón directa para atacar de urgencia nacional los privilegios fiscales y las graves exclusiones sociales que muestran las estadísticas y que son el más grave impacto de la corrupción.

2º. No existe ninguna norma constitucional que obligue a elaborar el presupuesto nacional articulado con el presupuesto municipal y las necesidades sociales de los territorios. El presupuesto municipal es arbitrario y ha sido siempre una piñata para el caudillismo en los territorios. La autonomía municipal debe existir como delegación soberana de los pueblos y no del Estado. La autonomía municipal delegada por el Estado es el pecado original del clientelismo político, mientras que los consejos de desarrollo se han convertido en el pecado mortal de la corrupción.

3º. No existe ninguna norma constitucional que prohíba la rotación cíclica de la burocracia. El funcionariado público baila al son de cada partido gobernante y se somete al poder de veto de la oligarquía. La carrera civil debe estar explícitamente regulada en el ámbito constitucional valorando los méritos de trabajo y limitando el poder de los partidos y de la oligarquía.

4º. No existe ninguna norma constitucional que limite el poder del ejército en los territorios. Debe regularse la formación y movilización de las patrullas civiles y prohibirse los privilegios y abusos militares.

5º. No existe ninguna norma constitucional que nos represente y regule nuestros derechos individuales y colectivos como pueblos indígenas. Los pueblos originarios no existen en la Constitución. El Estado en esa Constitución nos ve como grupos o cooperativas, no como pueblos originarios con derecho pleno a la libre determinación. El Convenio 169 de la OIT, reconoce nuestra historia, nuestras instituciones, nuestras normas, nuestra justicia, nuestros derechos económicos, sociales y culturales. La consulta no debe ser tutelada y debe respetar el mecanismo interno de los pueblos para deliberar y decidir sin la presencia de extraños. Nos solidarizamos con el Derecho del Pueblo Xinca a decidir libremente su propio mecanismo de decisión sobre la presencia de la trasnacional Tahoe Resources (Minera San Rafael). Nadie debe conducir las reflexiones del Pueblo Xinca sobre esa minera criminal y corrupta.

No permitamos reacomodos de las mafias. Todas las redes corruptas, todos los corruptos y corruptores deben ser investigados y sancionados. Si quieren calmar sus aguas sucias sólo es porque les interesa enmascararse para las próximas elecciones. Los pueblos y la ciudadanía, mientras tanto, no nos vamos a manchar nunca más el dedo votando por los partidos de los corruptos. ¡Transformemos el Estado llevando nuestras ideas a una Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular!.

¡La razón de un Estado de Derecho nace eliminando los privilegios y metiendo presos a los corruptos!

¡Construyamos un Estado controlado por los pueblos para el bien común!

El voto 2019 tiene que ser de los pueblos:

¡Contra toda corrupción e impunidad, levantemos una Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular!

CONSEJO DEL PUEBLO MAYA - CPO-


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