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¡Nos organizamos y levantamos o matarán para siempre nuestras raíces!
Por el Consejo del Pueblo Maya –CPO - Occidente de Guatemala, 20 de noviembre de 2018

cpo

Hace dos meses y medio, Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas, publicó su informe de la visita que hizo a Guatemala en el mes de mayo. La relatora Tauli-Corpuz es una líder indígena del Pueblo Kankanaey Igorot de Filipinas y es una experta en los derechos de los pueblos originarios. Ella ha vivido con su pueblo los abusos del racismo y ha ejercido el derecho a luchar contra los gigantes proyectos neoliberales, especialmente hidroeléctricas, que destruyen la vida territorial indígena. En su informe de la visita a Guatemala aborda tres grandes verdades:

1º. En Guatemala los pueblos indígenas constituyen la mayoría de la población. A pesar de esta presencia mayoritaria, los pueblos indígenas nunca han participado en condición de igualdad en la vida política, social, cultural y económica del país.

2º. Persisten los patrones de violencia y represión, particularmente en los territorios indígenas, que mantienen vivo el legado de violencia y genocidio del conflicto armado interno (1960-1996).

3º. El principal problema estructural que afecta a los pueblos Maya, Xinka y Garífuna de Guatemala es el racismo y la discriminación generalizados, que llegan al punto de una segregación racial de facto, y que permean todos los ámbitos.

Realidad cuestionada sin cambios de fondo

La relatora Tauli-Corpuz afirmó que esa realidad ya ha sido cuestionada desde hace 15 años por los anteriores relatores de la ONU y que no hay ningún cambio de fondo. Dijo que los pueblos indígenas se enfrentan a un racismo legal, interpersonal, institucional y estructural que daña dolorosamente su vida cotidiana. Señaló que ese racismo se refleja en la falta de reconocimiento a sus Autoridades y a su justicia; en la negación al derecho a una educación bilingüe intercultural; en la falta de protección intelectual a sus tejidos y vestimentas; en la desprotección del trabajo de las comadronas; la falta de protección a sus tierras, territorios y recursos naturales y en las dificultades en el acceso a la salud primaria, la educación, al empleo formal, a la atención sanitaria, al liderazgo, la participación política y a la justicia.

El Estado no representa a los pueblos originarios

Todos los poderes del Estado están involucrados en estas injusticias. El Estado no representa a los pueblos originarios, pero además los daña, los persigue y los mata. La relatora Tauli-Corpuz advirtió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado al Estado de Guatemala en desacato por el incumplimiento de 13 sentencias, mientras el Congreso sigue sin reconocer la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial para que pueda recibir denuncias individuales sobre racismo. Victoria Tauli-Corpuz también nos recordó que es el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas el que registra la tasa más baja de implementación, con tan sólo el 19% de compromisos cumplidos y a medias.

Racismo empresarial componente central de la corrupción y la impunidad

Esa perversa cultura anti-indígena, que no se toca y todos callan en Guatemala, que no se vincula con los graves vacíos de la democracia guatemalteca, tiene como fuente directa el poder racista de los grandes empresarios, quienes con sus mafias controlan al Estado, al ejército, a los partidos políticos y a la economía. Tauli-Corpuz se dio cuenta perfectamente que un componente central de la corrupción y la impunidad en este país es el racismo empresarial. Dijo que la mayoría de empresarios se quejan de las y los defensores indígenas, pero que ninguna empresa realiza estudios de su impacto en derechos humanos.

La mayoría de las grandes empresas fomentan el racismo y la violación de los derechos de los pueblos indígenas. La relatora Tauli-Corpuz señala que existen muchas empresas responsables de la contaminación, trasvases y alteración del curso de los ríos; empresas que operan tranquilas, sin que se sancione su responsabilidad. En igual impunidad actúan las empresas que abusan de fumigaciones y plaguicidas peligrosos. Existen otras empresas que, con engaños, empujan una acelerada apropiación de tierras comunitarias para grandes plantaciones, especialmente de palma africana y caña de azúcar entrando en conflicto con comunidades indígenas a quienes acusan de invasoras y de atentar contra la seguridad de la nación. No ofrecen seguridad jurídica a los derechos de los pueblos indígenas, especialmente sobre su tenencia de la tierra, pero sí demandan certeza jurídica para sus negocios.

70% de indígenas trabajan en la informalidad y solo el 10% de las personas con seguridad social en Guatemala son indígenas

Tauli-Corpuz también habla en su informe del racismo empresarial con las prácticas de explotación laboral y la violación sistemática de derechos laborales. Advierte que la exclusión socioeconómica de los pueblos indígenas ha provocado que un 70% de indígenas trabajen en la informalidad y que solo el 10% de las personas con seguridad social en Guatemala son indígenas. Casi todas las empresas que están en nuestros territorios entran en colusión o alianzas con terratenientes, fiscales, jueces, militares y alcaldes, ya sea para retrasar la titulación de tierras indígenas, mantener un inadecuado sistema de registro catastral para propiciar la entrega de tierras ancestrales a terceras personas, o para enjuiciar a las y los defensores de derechos humanos.

-El poco y entorpecido acceso a la justicia es reiterado­-

La Relatora muestra especial preocupación por el acceso a la justicia y señala la reiterada suspensión de audiencias, que prolonga los procesos, y los largos plazos de prisión preventiva a las y los defensores. Dijo: «Es alarmante que el delito de usurpación agravada sea considerado un delito en flagrancia, lo que implica restricciones en el derecho a la defensa garantizada en los estándares internacionales de derechos humanos.» A este racismo se agrega el hecho que las empresas incumplen las sentencias que sí los condenan por cometer abusos e incluso dan luz verde a la participación directa de su personal de seguridad privada para agredir a las comunidades que protestan en su contra.

-Las mujeres indígenas son quienes más violencia sufren con el racismo existente en Guatemala-

El Consejo del Pueblo Maya -CPO- comparte profundamente con la Relatora Victoria Tauli-Corpuz el análisis que hace acerca de que todas estas prácticas contra nuestras tierras y territorios y la imposición de proyectos extractivos y monocultivos, destruye el derecho al agua, afecta el acceso al agua para uso doméstico y los derechos a la salud y alimentación, especialmente la alimentación de niños y mujeres embarazadas. Son las mujeres indígenas quienes más violencia sufren con el racismo existente en Guatemala. Las mujeres han sido violadas en los desalojos, son gravemente discriminadas y maltratadas en todos los espacios públicos, reciben los salarios más bajos; son las más vulnerables a la explotación sexual y laboral con los cambios que traen las grandes empresas a nuestros territorios y no tienen acceso real al presupuesto social del Estado.

Escasa representación en la vida política, de 158 congresistas, solo hay 18 congresistas mayas de los cuales 2 son mujeres

La Relatora Especial también afirma que recibió numerosas alegaciones sobre el papel que los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural tienen en muchas comunidades en apoyo de intereses ajenos e ignorando las estructuras propias de autoridad de los pueblos indígenas. Recibió acusaciones de corrupción, violencia y amenazas, incluso contra Autoridades, mujeres y niñas indígenas, por parte de miembros de dichos consejos. Y también expresó su sorpresa ante la escasa representación de los pueblos indígenas en la vida política del país. De un total de 158 congresistas, solo hay 18 congresistas mayas (de los cuales 2 son mujeres) y ningún representante Xinka ni Garífuna. Es también escasa la presencia indígena en todas las instituciones del Estado.

El deber de consultar es ya aplicable no se necesita ninguna ley

El rechazo a que las personas indígenas tomemos decisiones por nosotros mismos es tan grande, que ya hay un odio contra nuestras consultas. Tauli-Corpuz dice que la Corte de Constitucionalidad ha dictado más de 55 sentencias relativas a la consulta de pueblos indígenas desde 1996, pero que estas sentencias son a veces contradictorias, y no han conseguido establecer una jurisprudencia coherente y en armonía con los estándares internacionales pertinentes. Ahora el sector privado está aumentado la presión para que las consultas garanticen la certeza jurídica en relación con sus inversiones, y están negando nuestras identidades, sobre todo después de que algunas sentencias ordenaron el cese de actividades no consultadas. Pero Victoria Tauli-Corpuz ha dicho otra gran verdad: El deber de consultar es ya aplicable no se necesita ninguna ley, la consulta no debe verse aislada de todos los derechos sustantivos que regula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-. Además, todas las iniciativas de ley elaboradas sin consulta no cumplen con los estándares internacionales y todas las concesiones hechas sin consulta son ilegales.

Debemos potenciar nuestra voz de pueblos originarios

Lo dicho por la Relatora lo hemos vivido y también lo sabemos. Su voz se ha levantado por el mundo para señalar que en Guatemala hay grave racismo. Victoria Tauli-Corpuz ha escuchado nuestras voces, las voces de las defensoras y defensores y de las comunidades indígenas. Es nuestro deber y agradecimiento fortalecer esas voces, potenciar nuestra voz de pueblos originarios. No nos engañemos, nos han venido matando, pero ahora están entrando a robarse lo que nos queda. Levantemos nuestras voces contra todas las formas de racismo. Llamemos a todos los pueblos, incluyendo al pueblo ladino, a detener esa lógica criolla que exalta la blancura y que desprecia al pobre y al indígena. Fortalezcamos un movimiento que nos represente en el Congreso y en las Municipalidades para empezar a cambiar este Estado.

 

¡El Convenio 169 de la OIT debe cumplirse en todos los organismos del Estado y en toda la sociedad!

¡Queremos un Congreso que levante los derechos de los pueblos indígenas en cada municipio!

¡Por una Asamblea Plurinacional Constituyente!

 

CONSEJO DEL PUEBLO MAYA - CPO-


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