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Militares deben ir a juicio por crímenes en Zona Militar No. 21, Creompaz
Por las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas del caso CREOMPAZ - Guatemala, 7, junio de 2016

creompaz

El 15 de abril del 2016 la Fiscalía de Esclarecimiento Histórico del Ministerio Público presentó la acusación en contra de once ex oficiales del ejército de Guatemala por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas dentro de las instalaciones de la antigua zona militar No. 21 ubicada en el municipio de Cobán, Alta Verapaz, ahora conocida como CREOMPAZ.

Dicha acusación contiene la responsabilidad individual de las acciones y omisiones de cada uno de los ex militares acusados en este proceso penal así como el encuadramiento jurídico en los delitos de Desaparición Forzada y Delitos contra los Deberes de Humanidad, así como por los hechos de violencia sexual por razones de género, tortura, detenciones ilegales, ejecuciones y cementerios clandestinos.

Junto con la acusación se entregó el expediente correspondiente que consta de alrededor de 20,800 folios en donde se detallan diferentes medios de prueba que acreditan las responsabilidades penal de los acusados. El 3 de mayo se inició la audiencia de apertura a juicio en donde se toma la decisión de continuar el proceso en contra de diez acusados. Luego de diez arduas audiencias en donde tanto Ministerio Público, querellantes adhesivos y abogados(as) defensores dieron su argumentación jurídica sobre la acusación, la Jueza Claudette Domínguez Guerrero encargada del juzgado de primera instancia penal de mayor riesgo grupo “A” dará su resolución mañana 7 de junio. En esta fecha la juzgadora resolverá sobre si envía a debate oral y público o no a los acusados.
Consideramos que el MP presentó suficientes medios que acreditan la participación de los militares por lo que esperamos que se dicte la apertura a debate oral y público y sea un Tribunal de Sentencia quien condene los atroces hechos cometidos en contra de población civil no combatiente entre los que encontraban niñas, niños, mujeres, hombres y personas de la tercera edad.

Ha sido evidente que los diversos recursos interpuestos por los acusados son frívolos e improcedentes, pues sólo pretenden detener el proceso, por lo que la Jueza debe denegar las dos inconstitucionalidades pendientes por carecer de asidero legal y por estar mal planteadas ya que no se confronta la norma impugnada con la Constitución Política.

En relación al delito de desaparición forzada tipificado en el artículo 201 Ter del Código Penal, la Corte de Constitucionalidad ha reconocido el carácter permanente de dicho delito, citando la relación que existe entre el artículo 201 Ter y la convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, indicando que el delito se continúa cometiendo hasta que aparezca la víctima o sus restos. Plantea también que por su carácter permanente, las desapariciones forzadas no vulneran la retroactividad de la ley penal, sino que al contrario esto lo hace una norma positiva y vigente, al momento de su consumación. En este sentido la Jueza también debe actuar apegada a ley y denegar dicha inconstitucionalidad.

Denunciamos públicamente que en la tramitación de este caso los fiscales y auxiliares fiscales del Ministerio Público ha sido víctimas de ataques y denuncias infundadas por parte de abogados de la defensa que pretenden separarles de sus funciones. También las víctimas y querellantes han sido objeto de denuncias sin fundamento que buscan desprestigiar la legítima lucha por la justicia.

Solicitamos que la Jueza envíe a JUICIO a los sindicados, ya que existen suficientes y abundantes medios de prueba que demuestran la responsabilidad de los acusados. Esto sería una esperanza y un aliciente para los familiares de las víctimas y sobrevivientes del Conflicto Armado Interno para continuar en la lucha por la verdad y la justicia. Asimismo, es una oportunidad histórica para que el sistema de justicia guatemalteco pruebe que tiene la capacidad de acabar con la impunidad en estos atroces delitos y demostrarle al mundo entero que Guatemala es un país que cumple con su legislación y la normativa internacional en materia de derechos humanos.

1. Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala – FAMDEGUA
(Asesores jurídicos: Bufete DDHH)
2. Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces Maya Achi- ADIVIMA
3. Comunidad de Plan de Sánchez
(Asesores jurídicos: CALDH)
4. Grupo de Apoyo Mutuo – GAM
5. Asociación de Vecinos de Chicoyoguito de Alta Verapaz
6. Coordinadora de Víctimas de Alta Verapaz - CODEVI
(Asesores jurídicos: Bufete DDHH)


Víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas del caso CREOMPAZ


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