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Pronunciamiento de las Comunidades del Ixcán sobre la Licitación de la Central Hidroeléctrica de Xalalá
La Comisión de Seguimiento a la Consulta Comunitaria de Buena Fe de Ixcán - Ixcán, 5 de octubre de 2007

El pueblo de Ixcán, autoridades municipales, microregionales y comunitarias y organizaciones de la sociedad civil, vemos con gran preocupación que el Gobierno de Guatemala, a través del INDE, ya ofreció en licitación la construcción de la hidroeléctrica de Xalalá.

La “invitación a presentar ofertas” fue publicada en el diario Prensa Libre el 25 de septiembre, donde se informa que el INDE quiere seleccionar una “Sociedad Ejecutora” que tendrá las siguientes funciones: “Realizará los estudios técnicos, sociales, ambientales, económicos, financieros, legales y otros relacionados, que permitan determinar la factibilidad del proyecto hidroeléctrico y de ser factible, ejecute la construcción, operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Xalalá...”

De esta manera el gobierno, a través del INDE hace caso omiso de los resultados de la Consulta Comunitaria de Buena Fe, realizada el 20 de abril, donde la población de todo el municipio de Ixcán espresó su rechazo contundente, con 89% de los votos emitidos, en contra de la construcción de la hidroeléctrica de Xalalá.

Queremos recordar que al ratificar el Convenio 169 de la OIT el Estado de Guatemala se comprometió a “consultar a los pueblos interesados ... cada vez que prevean medidas legislativas o administrativas suceptibles de afectarles directamente” (artículo 6, inciso a, Convenio 169 de la OIT). Hasta hoy día, el gobierno guatemalteco, no ha informado adecuadamente, no ha consultado y se niega a escuchar la opinión expresa de las comunidades afectadas por la construcción del proyecto hidroeléctrico Xalalá. Al ejecutar sus proyectos sin considerar la opinión y las necesidades de las comunidades indígenas, privilegiando los intereses del mercado mundial, el Estado de Guatemala está invisibilizando estas comunidades y cerrando los espacios para el diálogo responsable y respetuoso.

Cabe aclarar que la Consulta Comunitaria de Buena Fe realizada en el municipio de Ixcán, no fue de ninguna manera un rechazo a la electrificación del país, sino un rechazo a un proyecto que, de llegar a realizarse, causaría graves daños y perjuicios a comunidades de los municipios de Ixcán, Uspantán y Cobán, inundando sus tierras más productivas, y en algunos casos, hasta las mismas casas e infraestructura de las comunidades. A esto hay que añadir las consecuencias indirectas que perjudicarían a otras comunidades que están ubicadas río abajo del sitio propuesto para la represa. Estos perjuicios incluirían los cambios en el cauce del río, en la cantidad y calidad de las aguas, lo cual afectaría la calidad de las tierras cultivables, junto con cambios climáticos y ambientales, entre otros.

Las comunidades afectadas se oponen a este proyecto, porque el Estado propone violar sus derechos más fundamentales – a la vida, a la sobrevivencia, a la alimentación, a la tierra, a la vivienda, al desarrollo sostenible e incluyente. Al querer sacar a la población de sus comunidades y de sus tierras, donde tienen asegurada su alimentación y otras necesidades, se pone en riesgo su sobrevivencia.

Están decididas a defender sus derechos como comunidades indígenas, derechos a sus tierras y territorios, a sus recursos naturales, y su derecho a ser consultados antes de la realización de cualquier proyecto que les pueda afectar.

Estos derechos están definidos y respaldados, en primer lugar por la Constitución de la República, Artículo 67, que declara que “las tierras de las comunidades indígenas ... el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado ... que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida”.

Están respaldados también por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT -, ver en especial los artículos 6, 7, 13 y 15, y por la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos documentos han sido aceptados por Guatemala, y hay que recordar que la Constitución de la República, en el Artículo 46, declara que “en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”.

Otro aspecto preocupante de la invitación a licitar, es que está previsto que la realización de los estudios, incluso los sociales, ambientales y legales, estará bajo la responsabilidad de la misma empresa que se va a beneficiar con la construcción y operación de la hidroeléctrica. Evidentemente dichos estudios carecerán de objetividad, imparcialidad y credibilidad.

Finalmente, responsabilizamos al Estado de Guatemala en su conjunto, incluyendo a los presidentes en turno y a los titulares del Instituto Nacional de Electrificación y del Ministerio de Energía y Minas, por todos los daños y perjuicios que puedan resultar a consecuencia de la violación de los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales de las comunidades indígenas del Ixcán y de áreas vecinas de los municipios de Cobán y de Uspantán.

Guatemala, 2 de octubre de 2007

Comisión de Seguimiento a la Consulta Comunitaria de Buena Fe de Ixcán


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