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La maniobra de los empresarios para buscar una salida conservadora a la crisis que vive Guatemala
Por el Comité de Unidad Campesina - CUC - Guatemala, 28 de marzo de 2018

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COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA -CUC-

Varias personas sorprendidas en su buena fe porque no había información sobre quién convocaba; otros creyendo que era solamente una actividad de respaldo a la jefa del Ministerio Público y el Comisionado de la CICIG y algunos más, quizá sin haber hecho el suficiente análisis, participaron en el lanzamiento público del llamado “Frente Ciudadano contra la Corrupción”. Aparentemente dicho frente ha logrado unir a distintos actores de un amplio abanico de posiciones, Sin embargo es necesario hacer un análisis más profundo y detenido para establecer cuáles son las intenciones detrás de dicho frente.

En las siguientes páginas abordamos nuestras consideraciones sobre los últimos movimientos de las élites económicas y el pacto de corruptos, porque creemos que se debe clarificar el panorama, en particular los movimientos que no son tan evidentes y que están siendo tejidos con mucho cuidado por grupos interesados, con el fin de ponernos frente a hechos consumados.

Para empezar, la iniciativa es atractiva en un momento en el que el Pacto de Corruptos ha impulsado varias medidas para ir teniendo mayor control de todo el aparato de Estado y también se constituye en una respuesta para quienes dicen que la lucha contra la corrupción es una cuestión que impulsan grupos de izquierda. Sin embargo, no es la primera vez que las élites empresariales impulsan una iniciativa supuestamente para luchar contra la corrupción o para salir de una crisis.

LA SEGUNDA VERSIÓN DE UNA MISMA INICIATIVA

Hay que recordar que el 15 de mayo del 2015, el sector empresarial agrupado en el CACIF impulsó la iniciativa denominada “Movimiento Ciudadano contra la Corrupción”, formado por el mismo CACIF y otras agrupaciones cercanas a ellos como FUNDESA, Madres Angustiadas, Movimiento Cívico Nacional. A esta iniciativa también se sumaron otras expresiones que, sin ser cercanas al CACIF, sí tienen interés en acabar con la corrupción. En su momento se planteó como una iniciativa que había logrado aglutinar, con objetivos comunes, a la cúpula empresarial, a centros de pensamiento y a organizaciones sociales con posicionamientos ideológicos muy diversos, e incluso hasta opuestos. En otras palabras ahora estamos viviendo la segunda versión de la misma iniciativa. Sin embargo, este movimiento terminó sin pena ni gloria por su naturaleza y porque, ayer como hoy, detrás había otras maniobras que buscaban llevar agua para su molino.

Como históricamente lo han hecho las cúpulas empresariales conservadoras, cuando algún movimiento amenaza con desbordar, se echan el barniz de ser los principales impulsores de ese movimiento, pero con el objetivo de cooptarlo, controlarlo y limitar sus alcances para que los cambios, no cambien nada en el fondo.

Ese fue el papel que jugaron los grupos empresariales en 1993, ante el autogolpe de estado impulsado por el presidente de ese entonces, Serrano Elías, que generó una crisis política que planteaba distintas salidas. Una de estas salidas era impulsada por la élite empresarial conservadora que se agrupaba en la Instancia Nacional de Consenso en la que participaba, entre otros, Dionisio Gutiérrez. Estos empresarios se reunieron el 29 de mayo de 1993, coincidentemente en el hotel Camino Real, junto con líderes de sindicatos y otros sectores sociales, con el fin de impulsar su estrategia para salir de la crisis y salirle al paso a las posiciones más avanzadas que se expresaban en la Multisectorial Social, y que planteaban que no era suficiente con resolver la crisis generada por el golpe de estado y que era necesario resolver la crisis estructural.

En ese entonces, las cúpulas empresariales logran excluir a la Multisectorial Social, tomar el control de la crisis, privilegian las “reuniones” en lugar de las movilizaciones en las calles y evitan que se pierda la “gobernabilidad”. Posteriormente impulsan una depuración del Congreso y cambios a la Constitución que les posibilitaron mantener sus negocios, sacar ventajas de la crisis e imponer su visión de “desarrollo”

En el 2015, el objetivo del Movimiento Ciudadano contra la Corrupción era que las protestas desembocaran únicamente en una serie de tímidas medidas “anticorrupción”, que Pérez Molina terminara su mandato para conservar la “gobernabilidad” y que las demandas de transformaciones más profundas fueran perdiendo fuerza.

A cambio de ya no insistir con la renuncia y brindarle su apoyo, la cúpula empresarial demandó que el gobierno autorizaran una serie de negocios: la revisión del contrato para el servicio de modernización del registro y documentación del control migratorio; la compra de cámaras de vigilancia, infraestructura de cárceles y mantenimiento a helicópteros y radio patrullas, todos a cargo del Ministerio de Gobernación; compras de medicinas e insumos médicos por parte del Ministerio de Salud Pública; la adquisición de maquinaria pesada por el Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- y las adquisiciones para la Industria Militar. En otras palabras, en el fondo les interesaban más sus negocios que el combate a la corrupción.

En el comunicado del CACIF en el que pedía a Pérez Molina que se pusiera al frente de las acciones contra la corrupción, finalizaron “señalando nuestra preocupación por la falta de cumplimiento de las fuerzas de seguridad en su función de resguardar el orden y el estado de derecho, en varios casos acaecidos en el interior de la República, en los que se han cometido delitos flagrantes. La inacción y el incumplimiento de deberes, aparte de generar responsabilidades administrativas y penales, están ocasionando graves consecuencias sociales y una mayor ingobernabilidad en el país”.

¿A qué se refería el CACIF con el último párrafo de su comunicado? A las acciones y luchas que se estaban realizando en varios lugares, en particular a la ocupación, por varios días, de la planta de Naturaceite, propiedad de la familia Maegli, una de las principales productores de aceite de palma aceitera. Esta planta fue ocupada como medida de presión por parte de 15 comunidades de El Estor, Izabal para exigir la liberación de uno de sus líderes que fue capturado con lujo de fuerza y con la intervención del ejército, en el Lago de Izabal.

Apenas dos días después, de ese comunicado, el presidente Pérez Molina anuncia los cambios en su gabinete. Para sustituir a López Bonilla nombra a Eunice Mendizabal y en lugar de Erik Archila, nombra, para dirigir el ministerio de energía y minas, a Cármen Urizar que era presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Sin embargo, ni las medidas que tomó tardíamente el gobernante, ni la negociación con el CACIF impidieron que la movilización ciudadana y las presiones diversas obligaran a la renuncia y posterior captura y procesamiento de Pérez Molina. En esa ocasión, a diferencia de 1993, el CACIF no pudo impedir el desenlace del 2015.

Por eso, ahora es importante no tener corta la memoria histórica y analizar toda la trama de acontecimientos y maniobras que están detrás de esta iniciativa.

EL PACTO DE LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD LLEVA AL PAÍS AL AISLAMIENTO

Los integrantes del Pacto de la Corrupción y la Impunidad, en el afán de salvar su pellejo comenzaron a tomar medidas que han polarizado más la situación. Las últimas medidas como la imposición de Alvaro Arzú Escobar, hijo del alcalde Arzú, como presidente del Congreso, la destitución del Superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano, la destitución del ministro de gobernación, Francisco Rivas y de la cúpula de la PNC y la insistencia de expulsar al Comisionado de la CICIG, junto a los rumores que están dispuestos a romper el acuerdo con las Naciones Unidas que dio lugar a la instalación de la CICIG y neutralizar a la Corte de Constitucionalidad que les ha desbaratado varios de sus planes, desataron la preocupación en otros integrantes de las cúpulas empresariales.

La forma de neutralizar a la Corte de Constitucionalidad sería a través de aprobar la iniciativa 5300 presentada por Fernando Linares Beltranena, que ya cuenta con dictamen favorable. Esta iniciativa de ley plantea que la solicitud de levantar el antejuicio de los magistrados sea aprobada directamente por el Congreso, sin pasar por la Corte Suprema de Justicia, como está en la actualidad en la Ley de Antejuicio.

Con ese poder en manos del Congreso y la participación de la mayoría de diputados en el Pacto de Corruptos, aunado a los niveles de corrupción dentro del mismo sistema judicial, sería altamente probable que querellas contra la CC como las presentadas por la Fundación contra el Terrorismo, dieran lugar a que los diputados aceptaran la solicitud de antejuicio, lo que en la práctica significaría la disolución de la Corte de Constitucionalidad; todo dentro de una supuesta “legalidad”.

Sin embargo, estas medidas impulsadas por el Pacto de Corruptos han dado lugar a una serie de respuestas del campo internacional que han preocupado a un grupo de empresarios. El 26 de febrero el Grupo de Donantes, conocido como G13, en un comunicado público hicieron un llamado a las autoridades de Guatemala para trabajar junto a la CICIG para que pueda seguir cumpliendo sus funciones y mandatos y subrayaron la importancia que el nombramiento de las autoridades del Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, Procuraduría General de la Nación y Superintendencia de la SAT puedan dar continuidad y estabilidad a los esfuerzos en la lucha contra la corrupción.

Habrá que recordar que a nivel internacional fracasó la ofensiva que el Pacto de Corruptos impulsó para expulsar a Iván Velásquez. En su lugar, la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, la Cámara de Representantes; una comisión bipartidista del Congreso de Estados Unidos, El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes; integrantes del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Congreso de Estados Unidos y el mismo Secretario de Estado expresaron su apoyo a la CICIG, urgieron al gobierno a trabajar coordinadamente e incluso advirtieron que habría consecuencias económicas para Guatemala si el gobierno insistía en la expulsión de Iván Velásquez o la cancelación de la CICIG.

La esperanza del Pacto de Corruptos es poder influir suficientemente en la Comisión de Postulación para Fiscal General que está en proceso de selección de 6 aspirantes a dicho cargo. Jimmy Morales, que tiene a su hijo y hermano bajo proceso y él mismo tiene graves acusaciones de financiamiento electoral ilícito, a la hora de elegir a la nueva persona que asumirá como Fiscal General es muy probable que seleccione a alguien totalmente afín a sus intereses y con ello no solo suspender la persecución contra los corruptos, sino dejar de trabajar con el Comisionado de la CICIG; dar marcha atrás en los procesos judiciales de los funcionarios, políticos, militares y empresarios que en la actualidad están presos y sometidos a juicio por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos y lograr que los que fueron capturados desde el 2015, puedan salir en libertad.

Una de las respuestas del gobierno a las presiones norteamericanas ha sido el retiro de 187 militares de las brigadas de Petén, Huehuetenango, fuerzas especiales Kaibil, Mariscal Zabala y del Centro Regional de Operaciones de Paz –CREOPAZ- ubicada en Alta Verapaz. Hay que recordar que estas brigadas están en zonas donde domina el narcotráfico y se dieron después de capturas y acusaciones del involucramiento de altos oficiales del ejército con el crimen organizado.

LA ESTRATEGIA DE CONTENCIÓN

Ante estas perspectivas se ha ido gestando par parte de un grupo de empresarios una estrategia de contención que se ha ido tejiendo de forma pública desde febrero del presente año.

En un artículo titulado Escenarios y Desarrollos Previsibles, publicado el 5 de febrero, José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico traza un escenario que incluye “…la expulsión de Iván Velásquez,… con el respaldo de cúpulas extremistas y de las mafias criminales, esencialmente del narcotráfico… [quienes] retomaría en mayo el control del Ministerio Público, y a través de grupos paraestatales, provenientes de las entrañas del Estado, elevará la violencia y conflictividad a niveles exponenciales, incluyendo la muy posible ejecución de testigos protegidos en casos de alto impacto”. Eso provocaría que “empresas y personas de Guatemala, tendrán prohibición oficial de realizar negocios de cualquier tipo con los Estados Unidos de América; perderán sus visas, propiedades y activos fijos, cuentas de depósitos e inversión, y acceso a financiamiento”.

Ante esa posibilidad llama a “que la derecha económica y política, seria, civilizada y responsable, junto a la propia CICIG, el MP, las altas Cortes y el propio Congreso, desarrollen un paquete de políticas transicionales orientadas a que quienes han cometido infracciones y delitos puedan allanarse a la majestad de la Ley, reconocer sus errores, indemnizar y resarcir al Estado y a la sociedad apropiadamente y que, en consecuencia, su pena quede en suspenso”. En otras palabras, se plantea una especie de amnistía para los corruptos media vez reconozcan sus “errores” de corrupción e indemnicen al Estado y la Sociedad.

Con el fin de ir creando condiciones se ha comenzado a difundir la idea de que es necesario hacer una “mea culpa” es decir un reconocimiento de la culpa. El 13 de febrero, Phillip Chicola, Director de Gestión Pública de CACIF publica un artículo titulado “Hacia un Mea Culpa Colectivo” en el cual expresa que “todos fuimos tolerantes con el viejo sistema, nos hicimos de la vista gorda frente a actos ilícitos o ilegítimos, dejamos de denunciar, aprendimos a coexistir con el mal, o peor aún, nos beneficiamos directa o indirectamente de esa forma de hacer las cosas…el reconocimiento social es el punto de partida para plantear la ruta de transición… permite plantear una discusión sobre mecanismos jurídicos para facilitar la aceptación de hechos y promover la reparación de los males causados. Permite también identificar con mayor facilidad y grado de consenso la hoja de ruta de cambios institucionales”. El mismo planteamiento de Zamora al que le agrega que el reconocimiento de las culpas el punto de partida para los cambios institucionales.

Además de no aceptar que los 16 y medio millones de guatemaltecos y guatemaltecos somos corruptos, hay que recordar que los responsables de que el cáncer de la corrupción e impunidad creciera hasta los niveles actuales, es responsabilidad de una cúpula empresarial formada por un grupo de familias que, tal y como lo expresara Plaza Pública, el CACIF, “con el apoyo del poder político (Congreso y Ejecutivo) ha asegurado ocupar una silla, con voz y voto, en al menos 58 juntas directivas, comisiones y comités de diferentes rangos en instituciones estatales que les permiten darle forma al sistema de reglas y normas que rigen multitud de transacciones y decisiones, además de acceder de manera urgente o privilegiada a información”.

De la misma manera el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- en su informe La Política de las Políticas Públicas, ha señalado que “El sector empresarial influye en la formulación de políticas en toda América Latina, pero en ningún lugar tanto como en Guatemala. Su influencia refleja no solo la fuerza del sector privado, sino también la debilidad relativa de las demás instituciones del país. Las organizaciones empresariales han demostrado ser suficientemente poderosas para alterar el curso de importantes políticas económicas, como el régimen impositivo…la capacidad de las empresas guatemaltecas para influir en el proceso de formulación de las políticas se debe a que es el sector mejor organizado del país y lo ha sido desde la época de la colonia cuando el poder estaba en manos de los grandes terratenientes y comerciantes”. Eso significa que si ahora hay un Estado Corrupto cooptado por las mafias es no solamente porque los empresarios lo han permitido, sino que, al igual que la política, el sistema económico de Guatemala descansa en la corrupción creada, impulsada, promovida y permita porque quienes han sido los grandes beneficiarios de ella: las élites económicas guatemaltecas.

Curiosamente esa misma expresión: “tenemos que empezar por un mea culpa” fueron las palabras que Peter Lamport expresó en la presentación pública del Frente Ciudadano contra la Corrupción. Peter Lamport miembro del CACIF, fue co-coordinador de la Instancia Nacional de Consenso mencionada arriba, ministro de finanzas durante el gobierno de Arzú y embajador de Guatemala en Washington del 2000 al 2001 y candidato a la vicepresidencia de Encuentro por Guatemala en el 2015. Esas mismas palabras uso Dionisio Gutiérrez en un programa de Guatevisión el 26 de febrero. Es claro que las cúpulas económicas buscan una salida a la persecución ya que están hundidos hasta el cuello en la corrupción

La intención de obtener una amnistía para los corruptos se apoyaría en alguna de dos iniciativas que están en trámite en el Congreso. La primera es la iniciativa 5132 presentada por los diputados Manuel Conde y Oliverio García Rodas en agosto del 2016, que fue dispensada de dictamen y ya ha sido aprobada en primera lectura. Esta iniciativa contempla que si se aceptan los cargos en la audiencia de primera declaración, las penas se reducirían a la mitad. Si a lo anterior se suma que según la Ley de Régimen Penitenciario, podría reducirse la pena a la mitad, por “buena conducta”, resultaría que únicamente cumplirán el 25% de la condena que muy posiblemente terminará en arresto domiciliario, es decir se cumple el 25% de la condena desde la comodidad de sus casas.

La otra iniciativa es la 5311 que fue presentada por Comisión Ordinaria de Legislación y Puntos Constitucionales y Comisión Ordinaria de Reforma al Sector Justicia en agosto de 2017 y que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Esta iniciativa plantea que de si se aceptan los cargos en la audiencia de primera declaración, la sentencia se reduciría en una tercera parte. La diferencia con la anterior está en que no aceptar este procedimiento para los casos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y delitos contra los deberes de la humanidad.

Cualquiera de las dos iniciativas que se apruebe en primer lugar y que han de estar en proceso de negociación, implicaría la posibilidad que los empresarios corruptos se acojan a esta amnistía y se termine la persecución contra ellos; mientras tanto, seguiría en marcha otro componente de esa maniobra.

Con el fin de institucionalizar el proceso de “transición controlada”, por ahora se cuenta con dos actores: Adrián Zapata quien fuera miembro de la guerrilla donde se le conocía con el apodo de “Fouché”, un político y jefe de la policía francesa del Siglo Diez y Nueve conocido por no tener principios al que calificaron como “el genio tenebroso” por ser el poder tras la sombra de varios gobiernos. Fue también Comisionado para el Desarrollo Rural y Secretario Ejecutivo del Gabinete de Desarrollo Rural, pero sobre todo se le recuerdo por ser uno de los doce firmantes de un campo pagado que negó el genocidio en Guatemala

El 21 de febrero, por medio del periódico Prensa Libere lanzó la propuesta del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) para que el país salga de la crisis. Dicha iniciativa comprende tres ejes. El primero busca la solución de los problemas superestructurales, que tienen que ver con la Justicia y la Política; el segundo propone atacar los problemas “históricos” del país, como son la pobreza, pobreza extrema y la desigualdad y el tercer eje es un “diálogo serio”. Este tercer eje que será el que permitirá operativizar los dos primeros tiene dos componentes que llaman la atención: que en el diálogo no se tome en cuenta las posiciones “extremas” y que sea solo entre guatemaltecos, sin la presencia de la comunidad internacional.

El otro actor es Dionisio Gutérrez, presidente corporativo de Corporación Multi-Inversiones -CMI-, una de las más poderosas de Centroamérica la cual cuenta con presencia en tres continentes; miembro de la Instancia Nacional de Consenso, con serios señalamientos de corrupción y lavado de dinero, vinculados a diversos negocios, entre ellos cuatro proyectos hidroeléctricos construidos o por construirse sobre el río Cahabón, entre los municipios de San Pedro Carchá y Lanquín, departamento de Alta Verapaz, denominados Renace I, II, III y IV.

Dionisio Gutierrez, Peter Lamport, Felipe Bosch y Antonio Malouf, presidente del CACIF fueron los que aprovecharon el lanzamiento del Frente Ciudadano contra la Corrupción

Qué significa eso? Que la élite empresarial conservadora que durante décadas se han beneficiado y han desarrollado sus negocios amparados en la corrupción, de un día para otro se han convertido en los principales luchadores contra la corrupción?

Cómo es posible que Felipe Bosch Gutiérrez el 12 de octubre de 2017 en el ENADE de ese año le haya dicho a Jimmy Morales “Porque le soy sincero, no lo tomo como un guatemalteco corrupto. No lo tomo con un político corrupto. Usted y sus ministros son guatemaltecos de principios y de valores…” y el 28 de febrero haya corrido a subirse a la tarima del Frente Ciudadano contra la Corrupción?

En realidad lo que está en juego son sus negocios ya que les preocupa las consecuencias si el pacto de corruptos continúa con las medidas que llevarían al aislamiento de Guatemala. Pero además hay que recordar que Dionisio Gutiérrez desde hace años ha estado enfrentado a los Arzú y los García-Granados que son parte del Pacto de Corruptos, pero más recientemente, en marzo del 2017 se firmó un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y el representante de comercio de Estados Unidos que tendrá como resultado que para el año 2018 el mercado guatemalteco será inundado con más piezas de pollo importado más barato, sobre todo de las marcas Tyson y Hudson, lo cual le quitará el monopolio de la producción y comercialización avícola que ha dominado Dionisio Gutiérrez.

Por los anteriores elementos, despierta muchas dudas e inquietudes que los principales responsables y beneficiarios de la corrupción hoy quieran abanderar el Frente Ciudadano contra la Corrupción. Pero además, varios de los participantes en el lanzamiento de dicha frente expresaron que fueron invitados a una actividad en respaldo del Comisionado de la CICIG y la Jefa del Ministerio Público y después, sin su conocimiento ni aceptación, aparecieron en los medios como integrantes de dicho frente.

Pero es más significativo aún, que la cúpula empresarial que hoy encabezan dicho frente no han dicho nada del conjunto de leyes regresivas que están en proceso en el Congreso y que en esencia buscan limitar derechos y crear mejores condiciones para la represión y la actuación de las empresas. Entre estas están: la iniciativa 5239 o Ley Contra Actos Terroristas y que tiene definiciones tan ambiguas que cualquier manifestación o comunicación en internet puede ser catalogada como acto terrorista; la iniciativa 5376 que impulsa reformas a la Ley de Reconciliación para dejar en libertad o suspender los procesos en contra de los militares responsables de gravísimas violaciones a los derechos Humanos; la iniciativa 5257 que contempla reformas a la Ley De Organizaciones Gubernamentales para el Desarrollo que además de limitar el derecho de organización, reduce cualquier asociación, fundación, ONG, etc a entidades de beneficencia, la Ley de Consulta a Pueblos Indígenas propuesta por Oliverio García Rodas que limita los derechos de los Pueblos Indígenas y obliga a aceptar las medidas legislativas o administrativas del Estado y otras más que llevan las mismas intencionalidades.

Pero las medidas que están planteando la cúpula empresarial no son únicamente para responder a la coyuntura actual, también están dirigidas a establecer posiciones ante la próxima contienda electoral. Recordemos que con los cambios a la LEPP que se dieron en el 2016, la convocatoria a elecciones será en enero del 2019 y Dionisio Gutiérrez que ha reconocido haber financiado a varios partidos políticos y los empresarios que se le han unido, también está moviendo sus piezas con miras a la campaña electoral del próximo año.

LOS CORRUPTOS NO PUEDEN ABANDERAR LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Por eso, muchas organizaciones y personas que hemos expresado nuestro rechazo a la corrupción e impunidad y participado en la lucha contra las mismas, nos hemos atrevido desde hace años a dar esos pasos. Si hoy la élite empresarial conservadora en realidad quiere respaldar la lucha contra la corrupción, deben ir más allá de las iniciativas mediáticas. Recordemos que Pérez Molina y Baldetti siempre se pronunciaron contra la corrupción. La cúpula empresarial tiene que empezar a dar marcha atrás en sus negocios que se han basado en la corrupción y el despojo de las comunidades; dejar de respaldar al mandatario y los diputados corruptos, utilizar su influencia y el hecho de que son accionistas en varios medios de comunicación para cesar las campañas en contra del Comisionado de la CICIG, la Jefa del Ministerio Público y en contra de quienes hemos mantenido una lucha contra la impunidad y la corrupción; dejar de apoyarse y proteger a corruptos y violadores de derechos; respetar los derechos laborales de las y los trabajadores, así como los derechos de los Pueblos Indígenas, en resumen, demostrar con hechos claros e incuestionables su real compromiso en la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. De lo contrario, se confirmará que todo ha sido una maniobra para salvarse de la persecución por actos de corrupción.

Los Gutiérrez, Bosch, Maluf, Lamport y otros similares a ellos, como lo han hecho desde la Colonia, no necesitan de ningún frente para actuar; tienen suficiente influencia, poder, privilegios y participación en instancias de toma de decisión para poder hacer mucho contra la corrupción. Si ahora buscan ser quienes abanderan la lucha contra la corrupción en un “frente ciudadano” es porque además de las intenciones e intereses antes mencionados, también buscan meter una cuña entre los distintos sectores y fuerzas que nos hemos pronunciado y actuado en la lucha contra la corrupción. Quienes se sumen a ellos serán los “moderados”, “los que aceptan el diálogo”, los “flexibles”, etc. Quienes no acepten estar con ellos serán tachados de “radicales”, “extremistas”, “intolerantes”, “incapaces de dialogar” con el fin de aislar y marginar a quienes pueden ser una amenaza a su dominio e imposición.

TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE CONSTRUIR UNA UNIDAD EN EL ANÁLISIS Y LA ACCIÓN

Por lo anterior debemos evitar caer en su juego de descalificar o lapidar políticamente a quienes desde posiciones consecuentes y progresistas hayan participado en el lanzamiento del Frente Ciudadano contra la Corrupción o cualquier otra iniciativa similar. Nuestra responsabilidad, además de mantener la atención porque a nivel regional o departamental se pueden generar iniciativas similares, también debe ser aportar con información, análisis y criterios que permitan ver más allá de la superficie, establecer con quién hay que construir alianzas y posibilitar construir un análisis, posicionamiento y unidad de acción para enfrentar al pacto de corruptos o las iniciativas en las que las cúpulas empresariales pretendan buscar, de forma oportunista, una salida conservadora y controlada a la crisis actual.

Lo anterior significa que no es posible un amplio y variado frente ciudadano en contra de la corrupción y la impunidad? Claro que sí es posible y de hecho ya existen iniciativas como la Asamblea Social y Popular que agrupa a Pueblos Indígenas y sus Autoridades Ancestrales, Comunidades en Resistencia, mujeres, feministas, jóvenes, profesionales, organizaciones y personas diversas con quien nos une un análisis común y una perspectiva estratégica compartida. Asimismo, existe la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, espacio más amplio, plural y diverso conformado por pueblo indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, trabajadores, académicos, empresarios, artistas, migrantes y residentes en el extranjero que nos unificamos para enfrentar la corrupción y su contracara: la impunidad de todo tipo.

Para ir más allá de la crisis actual y sentar las bases de las necesarias, justas y profundos cambios que necesitamos como sociedad debemos construir una amplia articulación donde tengan cabida los empresarios progresistas que ven más allá de su negocio y desean un país fundado en la justicia y la equidad; los académicos que tienen una trayectoria al lado de las causas justas, las y los jóvenes que sueñan y merecen un país mejor, justo, democrático e incluyente; las organizaciones diversas que históricamente han luchado en contra de la injusticia, las exclusiones, la opresión y explotación y los Pueblos Indígenas que durante 500 años han resistido a la imposición y el despojo; con quienes coincidamos en un proyecto plurinacional, democrático y popular, nos atrevemos hoy y en el futuro a dar los pasos y acciones necesarias para transformar nuestra sociedad.

 

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN
Comité de Unidad Campesina
CUC

Cabeza Clara, Corazón Solidario y Puño Combativo
de las y los Trabajadores del Campo

COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA –CUC–


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