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Excomisionados y expatrulleros civiles amenazan a familiares de victimas del conflicto armado
Por la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Guatemala, FAMDEGUA - Guatemala, 17 de octubre de 2007

En diferentes comunidades de Alta Verapaz y a raíz de las exhumaciones que deben realizarse para la recuperación de los restos de las víctimas, se han venido produciendo una serie de amenazas en contra de los familiares para que desistan de sus propósitos de exhumar o continuar con la tramitación de documentos para obtener el resarcimiento.

Es el caso de los familiares de las víctimas de las Aldeas Chiax Balamté y El Chioyal, de Cahabón, Alta Verapaz, que han estado siendo amenazados y perseguidos por los ex comisionados militares de esa región. Concretamente se trata de las amenazas que han proferido los expatrulleros Antonio López Chub y Alejandro López Chub, quienes junto a otros, les han dicho que "no vuelvan a llegar a la comunidad porque los van a matar"

Varios de los familiares de las víctimas que sobrevivieron a las masacres que cometió el ejército en esa región a lo largo del año de 1983, se desplazaron al Petén para salvar su vida, y han estado volviendo a sus comunidades para hacer trámites de documentos personales que exige el Programa Nacional de Resarcimiento, así como para darle seguimiento al proceso de exhumación de sus familiares el cual está pendiente de ser realizado. .

Ya en otra de las comunidades como La Planada, en Chisec, de Alta Verapaz, los patrulleros no permitieron a los antropólogos y autoridades darle continuidad a las exhumaciones, obligándolos a paralizar los trabajos de exhumación de víctimas en uno de los cementerios clandestinos de la comunidad.

Famdegua exige al gobierno el control de los ex comisionados militares y expatrulleros civiles y garantizar la vida de los familiares de las víctimas.

Las exhumaciones son una obligación del Estado que las organizaciones de derechos humanos han asumido por la ausencia y despreocupación del mismo, y lo mínimo que puede hacer, es garantizar el desarrollo del trabajo de los miembros de las organizaciones y de los antropólogos.

Solicitamos también, la intervención del Programa Nacional de Resarcimiento en relación a la obtención de documentos legales de los familiares de las víctimas, para que, en las instituciones públicas, no pongan obstáculos para su obtención.

Junta Directiva

FAMDEGUA


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