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Plataforma de lucha del FNL 2008 - 2009
Por el Frente Nacional de Lucha por la defensa de los servicios públicos y los recursos naturales - FNL - Guatemala, 25 de enero de 2008

En el marco de la Primera Asamblea General del Frente Nacional de Lucha realizada el pasado 16 de Enero, las 38 organizaciones participantes, por consenso, formularon la siguiente Plataforma de Lucha, que tendrá vigencia a lo largo del año en curso.

Se entiende que cada una de las líneas que conforman esta propuesta se considerará una bandera de lucha y que, por ende, las organizaciones, en su conjunto, las hacen propias. Además, las líneas enunciadas en la Plataforma no son, de ninguna manera, excluyentes respecto a otros ejes de lucha que surjan desde el contexto. Estas son las siguientes:

· Contra la privatización de servicios públicos esenciales y a favor de su gratuidad, su mejor calidad y mayor cobertura: Esta línea implica la defensa de las escuelas e institutos públicos, de la no oenegización de los hospitales, de la no privatización de la seguridad pública y de la seguridad social. Significa, por lo tanto, adversar con energía las Leyes Marco derivadas del Plan Visión de País. Y, simultáneamente, conduce al planteamiento y negociación de políticas en el campo de los servicios públicos brotadas desde el pueblo, para hacer incidencia ante las respectivas instituciones del Estado. En este campo, debe prestársele atención especial a los intentos de privatizar la producción energética y de incrementar las tarifas por servicios eléctricos y por los de transportes.

· Contra la propuesta de Salario Diferencial y a favor de un salario mínimo, digno, justo y uniforme: La propuesta que hizo pública el Presidente Colom de que las municipalidades sean las instancias facultadas para definir el salario mínimo no puede aceptarse, por cuanto lesiona los derechos de millones de trabajadores y trabajadores. El salario mínimo debe ser uniforme en el país y determinarse de manera que responda a los crecientes costos de la canasta básica, permitiéndole a cada familia un ingreso que las faculte para satisfacer sus necesidades.

· Contra reformas jurídicas que reduzcan los derechos laborales y a favor de la profundización de los mismos: Rechazamos las propuestas de reformas neoliberales al Código de Trabajo, las que conducen a la desaparición de los fondos de pensiones, las que apuntan a la invalidación de los Pactos Colectivos, las que se mueven en dirección al cercenamiento de la libertad sindical, las que se orientan hacia mayores injusticias en el campo salarial, entre otras intenciones afines. Por el contrario, se propondrán iniciativas que profundicen y eleven los derechos de la clase trabajadora, a efectos de elevar sus condiciones de vida.

· Contra la propuesta para una nueva Ley de Servicio Civil y a favor de la consolidación y profundización de los derechos laborales: La propuesta para una nueva Ley del Servicio Civil se constituye, por sus contenidos, en una flagrante violación de los derechos laborales consagrados en la legislación vigente. Simplemente los hace desaparecer. En consecuencia, no debe permitirse que el Congreso la apruebe. Los trabajadores y trabajadoras del sector público no renunciarán a sus derechos ya conquistados.

· Contra los intentos de lesionar al sector informal de la economía y a favor de medidas concretas que les otorguen estabilidad: Los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia representan hoy un elevado porcentaje de la población económicamente activa. Como tales, y en su condición de ciudadanos y ciudadanas, son portadores de derechos que el Estado debe respetar. Es urgente proponer y aprobar un entorno legal que asegure el ejercicio pleno de sus derechos laborales.

· Contra la exploración y la explotación minera o petrolera y a favor de la preservación del medio ambiente y del respeto a la voluntad de las comunidades: Los proyectos de explotación y exploración minera, metálica y no metálica, son severas amenazas contra el entorno en el que viven las comunidades aledañas a los mismos y atentan, entonces, contra derechos básicos de la población. Tampoco deben aceptarse proyectos que hacen entrega del patrimonio nacional a manos de consorcios privados nacionales o extranjeros. En este terreno, debe exigirse respeto absoluto a la voz del pueblo emanada de las consultas populares.

· Contra cualquier intento de privatizar el agua u otros recursos naturales que son patrimonio del pueblo y a favor de leyes que consagren esos derechos irrenunciables de las comunidades: Los ríos, las aguas subterráneas, los pozos, las lagunas, los lagos e incluso la lluvia, todos los recursos hídricos, deben ser utilizados en consonancia con lo que la cultura, las costumbres y los derechos de las comunidades establecen y en consulta con cada una de las comunidades. Cualquier intento por convertirlos en patrimonio privado es contrario a los derechos e intereses del pueblo. La ausencia de legislación al respecto no debe llenarse con una ley que vaya en contra de lo que las comunidades plantean sobre este tema.

· Contra la construcción inconsulta e insensata de hidroeléctricas y a favor de una producción de energía que respete plenamente tanto los derechos del pueblo como la soberanía nacional y el ambiente: El país necesita incrementar su capacidad de producción energética, pero ésta no debe realizarse en violación de los derechos de las comunidades ni haciendo entrega de la misma a empresas privadas nacionales o extranjeras. El INDE no debe terminar de privatizarse, considerándose que hace ya más de una década se le cercenó el campo de la distribución de energía, para entregárselo a Unión FENOSA, empresa española que ha dejado pésimas experiencias en Guatemala y en otros países. De algunos ha sido expulsada.

· Contra cualquier política institucional que afecte negativamente los derechos de las personas de tercera edad y a favor de su dignificación: Los ancianos y ancianas merecen justo reconocimiento a su aporte como forjadores del país y, en consecuencia, el Estado y la sociedad deben compensarlos debidamente.

· Contra las políticas y prácticas que han conducido a una injusta distribución de la tierra y a favor de medidas que abran espacios a una Reforma Agraria integral: Desde el FNL nos oponemos a los desalojos de comunidades campesinas, a la inadecuada aplicación del catastro, a cualquier intento de regularizar la tierra que vaya en contra de los derechos del sector campesino. Avalamos las propuestas de Tribunales Agrarios y de Ley de Regularización que nacen desde el seno de las organizaciones indígenas y campesinas sustentadas en los Acuerdos de Paz.

· Contra una política de desarrollo rural que privilegia los intereses de los terratenientes y a favor de un modelo de desarrollo rural que beneficie al sector campesino y respete su cultura: La política agraria que plantea convertir al agro en fuente productora de bio-combustibles para lucro de las familias agroexportadoras conduce, entre otros efectos nocivos, al incremento de la desnutrición, a la aún mayor concentración de la tierra en pocas manos, a la pauperización de la familia campesina y, con ello, incrementa la problemática nacional en su conjunto y aproxima la ingobernabilidad en el país. En consecuencia, el desarrollo rural debe concebir la tierra, en primer lugar, como generadora de alimentos. Debe emplearse para llenar millones de estómagos vacíos y no para llenar unos cuantos tanques de combustible y los bolsillos de los Berger, Arzu, los Torrebiarte y demás. Desde el Estado debe velarse por la garantía de la seguridad alimentaria, como tarea irrenunciable e impostergable, dados los niveles de desnutrición crónica que afectan a la infancia y que las propias autoridades del Estado establecen en un alarmante 49.3% como media nacional, que se incrementa en las áreas rurales.

· Contra cualquier intento de romper el orden constitucional y a favor de reformas al marco jurídico vigente construidas mediante consensos sociales: La suspensión de garantías consagradas en la Constitución no será aceptada, ni lo será tampoco ningún intento por romper con los preceptos establecidos en la Constitución Política de la República y sustituir esta por una que refleje principios neoliberales. Por el contrario, respaldaremos las reformas consensuadas al entorno legal vigente en la medida en que en las mismas se promuevan y defiendan, de manera clara, los derechos e intereses del pueblo.

· Contra mesas de negociación estériles y prolongadas y a favor de instancias de auténtico diálogo, vinculante y resolutivo: Las organizaciones que formamos parte del FNL no aceptaremos la participación en mesas de diálogo que se conviertan en trampas dilatorias o en formas de desmovilización social. Por el contrario, participaremos en aquellas instancias de negociación en las cuales la voz de los sectores populares sea debidamente escuchada y desde las que emanen, entonces, resoluciones en las que se respeten los derechos e intereses del pueblo.

· Contra los intentos por prohibir la producción de medicamentos e insumos agrícolas genéricos, y por la derogatoria de la actual Ley de Propiedad Intelectual. La Ley de Propiedad Intelectual, aprobada en el marco de las imposiciones nacidas del TLC, coloca en riesgo los derechos a la salud y a la alimentación del pueblo, al prohibir la producción, comercialización y empleo de medicamentos e insumos agrícolas genéricos, para beneficiar, de manera exclusiva, a los grandes consorcios transnacionales.

· Por el pronto, adecuado y justo resarcimiento a las familias que fueron víctimas de las políticas contrainsurgentes implementadas por el Estado.

· Por el fin de la impunidad como manto tras el cual se abriga todo tipo de delincuencia.

· Por la adopción de acciones que protejan los intereses de la población migrante, el cese de las deportaciones, su derecho al voto en el exterior.

· Por frenar el incremento en el costo de la vida.

· Por impedir que se sancione a los niños y niñas del país, exigiéndosele un rendimiento académico para el cual no existen condiciones objetivas.

· Por el fortalecimiento de la unidad entre las distintas organizaciones populares, entendidas como fuerza llamada a defender los derechos del pueblo.

· Por el desarrollo de procesos de formación orientados hacia las bases de las organizaciones y hacia la población en su conjunto.

 

¡La Lucha Sigue!

 

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