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¿Que decidió la Corte de Constitucionalidad ?
Por la Fundación Rigoberta Menchú Tum - Guatemala, 18 de diciembre de 2007


INFORMACION SOBRE SENTENCIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD -No. 3380-2007 de doce de diciembre de 2007

La Corte de Constitucionalidad notificó el día viernes la sentencia que otorga amparo para que se les restablezca en su situación jurídica a los militares retirados, que formaran parte del Alto Mando del Ejército de Guatemala, durante el Gobierno de Romeo Lucas García y José Efraín Ríos Montt.

¿Que decidió la Corte de Constitucionalidad en esta sentencia?

1. DEJAR SIN EFECTO DETENCIONES GIRADAS POR ESPAÑA EN EL AÑO 2006

* El efecto que persigue la sentencia es suspender las órdenes internacionales de detención que fueran giradas vía Interpol y además por la vía diplomática, derivadas de la investigación abierta por la Audiencia Nacional de España, dentro del caso iniciado hace ocho años por Rigoberta Menchú Tum, en donde se denuncia los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las víctimas del conflicto armado en Guatemala, la masacre de la embajada de España el día 31 de enero de 1980, las ejecuciones extrajudiciales así como detención ilegal y desaparición de los sacerdotes españoles Faustino Villanueva, José María Gran Cirera, Juan Alonso Fernández, y Carlos Pérez Alonso, por los familiares de la señora Aura Elena Farfán y la señora Ana Lucrecia Molina Theissen, por los padres del señor Carlos Figueroa Ibarra, el crímen contra Alaíde Foppa, las masacres ocurridas en la Comunidad Plan de Sánchez y la Comunidad de Río Negro, representados por el Dr. Jesús Tecú Osorio y por el señor Juan Manuel Jerónimo, y abarca además las consecuencias del desplazamiento forzoso de un millón y medio de personas y las condiciones de existencia de las Comunidades de Población en Resistencia (las comunidades que investigaba Myrna Mack antes de ser asesinada por elementos del Ejército de Guatemala).

*Los detenidos guardan su detención cómodamente en el Hospital Militar, alegando supuestas dolencias de salud, desde el momento de su detención durante todo un año. Dicho traslado fue aprobado desde hace un año por el ex Director Alejandro Giammattei Falla.

2. INDICAR QUE LOS DELITOS COMETIDOS EN GUATEMALA (MASACRES DE COMUNIDADES ENTERAS, VIOLACIONES, TORTURA, DESPLAZAMIENTO FORZOSO Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES), AUN CONTRA NIÑOS SON DELITOS CONEXOS A DELITOS POLÍTICOS

La Corte de Constitucionalidad resuelve que los hechos denunciados son conexos con los delitos políticos y, sin ser materia de la que debiera pronunciarse en esta apelación, hace un detallado análisis del proceso de paz en Guatemala, aduciendo de que por sus particulares circunstancias y siendo España uno de los países acompañantes del proceso de paz guatemalteco, el que el Poder Judicial español girara las órdenes de detención se da en inobservancia del principio de pacta sunt servanda.

Lo único contrario al principio de pacta sunt servanda es la deliberada omisión del Estado de Guatemala a respetar las obligaciones internacinales en materia de derechos humanos y a cumplir con la cooperación internacional en materia judicial que fuera solicitada por España y que debe cumplirse.

La Corte de Constitucionalidad busca cerrar toda posibilidad de que los delitos denunciados sean juzgados por un Tribunal imparcial, independiente y que no se preste a juegos políticos. Cabe recordar que el Señor José Efraín Ríos Montt es un diputado electo y que los acusados son personas aún influyentes en diversos círculos económicos y políticos, y como muestra de ello la sentencia de doce de diciembre es la mejor prueba de ello.

3. INDICAR QUE EL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE GUATEMALA Y ESPAÑA NO ES APLICABLE A LAS PERSONAS ACUSADAS Y QUE LA AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA NO TIENE CARACTER DE TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

Afirmó la Corte de Constitucionalidad que se le estaba señalando por la Audiencia Nacional de España como un Estado Fallido que ni siquiera puede cumplir con las funciones mínimas de impartir justicia y que España está ejerciendo una Jurisdicción Universal Unilateral sin que se le haya encomendado por la Comunidad Internacional, y sin ser un Tribunal Internacional. Además, entra a analizar sentencias de los Tribunales españoles emitiendo juicios de valor sobre las mismas cuando la función de ellos debía limitarse a evaluar y calificar el fundamento de las órdenes de detención giradas por la Audiencia Nacional Española, lo cual refleja un abierto (¿o conveniente?) desconocimiento de los trámites de extradición.

4. LA SENTENCIA ES UNA AFRENTA A LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO DE GUATEMALA DENTRO DEL SISTEMA AMERICANO DE PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS Y EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS

Es importante aclarar que la Audiencia Nacional Española está actuando conforme los marcos jurídicos de su país y en respeto y estricto cumplimiento de los Tratados Internacionales, principalmente la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio que obliga a perseguir y castigar a los perpetradores de dichos actos, y que además impone en los países miembros la obligación de adoptar todas las medidas legales y constitucionales que hagan que se cumpla dicho propósito, obligación que la presente resolución de la Corte de Constitucionalidad viola abiertamente.

5. AFIRMA LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD QUE EL SISTEMA JUDICIAL GUATEMALTECO FUNCIONA Y QUE LOS CASOS DEL CONFLICTO ARMADO TIENEN POSIBILIDAD DE SER JUZGADOS

Indican los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad que no es cierto que existan indicios serios y razonables de la inactividad de las Cortes guatemalteca, respecto de los casos relacionados con el conflicto armado interno, reflejando una falta de voluntad y capacidad para resolver dichos crímenes que ofenden a la comunidad internacional como un todo.

Sin embargo, los casos de genocidio abiertos en Guatemala están bloqueados por una lluvia de recursos legales, incluso no se ha querido desclasificar los planes de campaña del Ejército de Guatemala.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que viene a configurarse como la última instancia que invariablemente declara al Estado de Guatemala culpable por crímenes de lesa humanidad, como en los casos de Masacre de Plan de Sánchez, Caso de Marco Antonio Molina Thiessen, etc. Ni siquiera a dichas sanciones da cumplimiento el Estado.

Sin embargo los perpetradores materiales y principalmente los autores intelectuales (el Alto Mando del Ejército) permanecen como "intocables", en absoluta impunidad respaldada por sentencias como la dictada hoy, en donde el Sistema diseñado cuando ellos todavía estaban en el poder, es el mejor abogado defensor de dichos criminales.

LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

Ahora corresponderá activar las acciones constitucionales que sean necesarias para que se garantice el Derecho a la Justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. En ninguna forma esta resolución, abiertamente parcial y política, afecta el actuar ante la justicia española. Es más, da soporte a una causa donde lo que se cuestiona es el abierto refugio, protección y respaldo que le da el mismo Gobierno e instituciones a presuntos culpables de los más horribles hechos.

El Equipo Legal compuesto por abogados nacionales e internacionales está trabajando y activando todas las vías legales que correspondan para que las personas cuyas aldeas y cuyos familiares fueron borrados del mapa por operaciones de tierra arrasada donde poco valió que se tratara de población civil indefensa, que no representaba una amenaza real al Ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno, no quede en la impunidad.

La Corte de Constitucionalidad ¿Órgano que responde a intereses particulares?

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala surge como un Tribunal permanente, de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional y que actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado. Su composición, a pesar de ser un órgano contralor de la norma máxima, responde a intereses grupales: Son designados de la siguiente forma: un magistrado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el pleno del Congreso de la República, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. Dicha composición ha sido severamente criticada porque varios de los nombrados necesariamente responderían a intereses políticos o partidistas, como los nombrados por el Congreso o por el Presidente.

En el presente caso resolvieron los dos Magistrados que representan al Poder Ejecutivo, el Magistrado del Congreso de la República, el Magistrado que representa a la Corte Suprema de Justicia, y el Magistrado que representa a la Universidad de San Carlos de Guatemala .

EQUIPO JURIDICO FUNDACION RIGOBERTA MENCHU TUM

Fundación Rigoberta Menchú Tum


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