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Luces y sombras del Plan Hambre Cero
Por el Colectivo de Estudios Rurales IXIM - Guatemala, 14 de enero de 2013

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De los tres pactos que conforman el programa de gobierno del Partido Patriota: Fiscal y de Competitividad; Seguridad, Justicia y Paz; y Hambre Cero, este último es el que mayor cobertura mediática ha tenido. A un año de su lanzamiento hacemos el siguiente balance de su funcionamiento. Más allá del porcentaje de ejecución presupuestaria –que ascendió al 92%, es decir, Q 4,084,580,968.55 de Q 4,648,114,544.36, asignado a 8 ministerios, 4 secretarías y FONAPAZ -, es necesario identificar aspectos positivos y negativos en su desempeño.

En términos generales el primer año de gobierno ha estado principalmente orientado a rearmar equipos (contrataciones, capacitaciones) debido al despido de mandos altos, medios y operativos, un problema general de la política pública que en este Gobierno se ha repetido: se desechan capacidades ya creadas lo que dificulta el arranque y tiene un alto costo para el Estado.

La atención a la desnutrición evidencia una situación de deficiencias institucionales, improvisación y recortes presupuestarios. Los casos de desnutrición aguda se han incrementado, en comparación con el año anterior. Según datos del Centro Nacional de Epidemiología hasta la semana 43 ya habían fallecido 123 menores de 5 años por desnutrición; considerándose un retroceso a la tendencia que se venía generando en el gobierno anterior: 236 en 2007; 193 en 2008; 160 en 2009; 105 en 2010; 125 en 2011 (datos oficiales del MSPAS). A la semana 43 el número de casos de desnutrición aguda ascendió a 10,432.

Los programas implementados en el marco del PHC, además de sus nombres nuevos, no muestran por el momento, con pocas excepciones, políticas y prácticas innovadoras. En cuanto a los programas de mayor inversión dirigidos al área rural, específicamente nos referimos en este informe a los siguientes:

“Mi Cosecha Segura” (entrega de fertilizantes) ejecutado por el MAGA a través de FONADES: Muestra las mismas deficiencias ya observadas en los Programas de Fertilizante anteriores: beneficio a grandes productores, venta de cupones, robos impunes en bodega, trato poco serio a potenciales usuarios, llegada tarde y con fórmulas inadecuadas para los diferentes tipos de suelos. No se han demostrado los impactos positivos de este programa para los ususarios, más bien desde su introducción se han prestado al manejo clientelar y partidario.

Arrendamiento de Tierras ejecutado por FONTIERRAS: También siguió en la misma línea que en años anteriores. Hubo participación de 76 mil usuarios en este Programa, de los que 54 mil están ubicados en los 166 municipios priorizados por el PHC; el 60 por ciento son mujeres. El monto total de Q 2,210 fue más bajo que en años anteriores y constaba de un subsidio de Q 380, otros Q 300 por pronto pago y el resto en calidad de préstamo, Q 1,530. La selección de usuarios no responde a criterios claros de situación de pobreza (extrema) y depende en alto grado de las organizaciones acompañantes, dado que no hay personal suficiente para verificar la situación socio-económica de las familias usuarias. Para el futuro se plantea un programa de cuatro años de participación, en el que luego los usuarios podrán ser incluidos en el componente de acceso por compra venta, un programa que no ejecutó ninguna compra en este año.

Triangulo de la Dignidad ejecutado por el MAGA y FONTIERRAS: Inicialmente planteado como una estrategia que vinculaba capital semilla, asistencia técnica para la producción de alimentos básicos (maíz y fríjol) y compra de excedentes por el Estado a un precio garantizado para la creación de reservas alimentarias nacionales, quedó reducido a la dotación de préstamos blandos y asistencia técnica. A diferencia del programa de arrendamiento que se dirige a productores de infra subsistencia que no cuentan con tierra propia, la dotación del crédito del triángulo está dirigido a personas poseedoras o propietarias de tierra que ya produzcan alimentos y que puedan potenciar su producción en una manzana de terreno. Fueron aprobados 50,500 créditos (de 56,515 planificados). Un componente clave del programa, la compra de granos por el Estado para la creación de reservas alimentarias nacionales fue descartada, lo cual le quita el elemento fundamental e innovador al Programa. En lugar de ello el MAGA organiza “mesas de negocios” con las grandes empresas alimentarias transnacionales, lo cual profundiza la estrategia de mercantilización de las reservas alimentarias, y le veda al Estado la posibilidad de actuar en momentos de crisis, lo cual en estos tiempos de inestabilidad de precios es más estratégica que nunca.

“Mi Bono Seguro” ejecutado por el MINDES: Si bien se ha hecho el intento de mejorar técnicamente las fallas de Mi Familia Progresa (depuración de usuarios, bancarización del proceso, mayor transparencia y mejor coordinación inter-institucional), no se ha logrado superar la mayoría de las deficiencias anteriormente criticadas del programa. Bajó el número de usuarias de 871 mil a 757.7 mil. Preocupa particularmente la falta de presupuesto asignado para cubrir los 12 pagos mensuales para el padrón de usuarias, tanto en el 2012 como en este año, lo cual genera inestabilidad e incertidumbre en las usuarias; la total ausencia de información en campo (sobre la selección de usuarias, el monto a recibir); la falta de acompañamiento del programa a las mujeres para contribuir a un uso óptimo de las transferencias monetarias; y la incapacidad del Estado de responder a la creciente demanda de los servicios de salud y educación, producto de la falta de una estategia de política social coherente.

Conclusiones:

• Si bien se ha avanzado en la creación y consolidación de Comisiones Municipales de SAN, es importante promover y/o reforzar la participación social en dichas Comisiones, tanto para participar activamente en las estrategias municipales de SAN como para garantizar una vigilancia a los desempeños institucionales. Es necesario que las Comisiones Municipales de SAN monitoreen las entregas de alimentos, medicinas, insumos agrícolas y transferencias monetarias condicionadas, para evitar prácticas clientelares, corrupción y la imposibilidad que las familias más necesitadas logren alcanzar estos apoyos.

• El cambio de los nombres de los diferentes programas (SNER, Mi Bono Seguro, Mi Cosecha Segura, Triángulo de la Dignidad) y de casi todo el personal, no han ido de la mano con la implementación de nuevos programas o estrategias. Las ideas innovadoras iniciales fueron descartadas en el proceso (generación de reservas alimentarias)

• Existe una falta de información y consulta sobre los programas. No existen criterios claros sobre la focalización de los usuarios y usuarias, y cuando sí existen (Mi Bono Seguro) no son socializados. Los programas siguen implementándose de manera poco participativa, por lo cual en muchas comunidades generan incertidumbre, malos entendidos y conflictos.

• Debe reflexionarse sobre la estrategia de género de los programas analizados. Si bien constituye un avance la inclusión de las mujeres como usuarias, al no atacar las causas de las relaciones de poder intrafamiliar, les termina sumando una carga más (acividad productiva para el pago de préstamos; capacitaciones en el marco de “Mi Bono Seguro”, etc.). En tal sentido, es necesario que la institucionalidad pública formule e incorpore a su actuar estrategias de género que contemplen las diferentes dimensiones de la discriminación y exclusión de las mujeres para lograr mayor libertad, equidad y justicia.

El debate de fondo lo constituye la visión del desarrollo impulsada por el gobierno a través de la estrategia de las dos puertas –apoyo a la economía campesina y promoción de inversiones privadas en territorios rurales, puesto que hasta el momento han mostrado ser contradictorias; además el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, a cargo del MAGA, aún no da señales de comenzar a ser ejecutado.

El Colectivo de Estudios Rurales IXIM


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