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La justicia no llega para 14 familias desalojadas ilegalmente de la Comunidad Salvador Xolhuitz en Nuevo San Carlos, Retalhuleu
Por la Coordinadora Campesina Kab’awi - Quezaltenango, 25 de junio de 2013

kabawil

Comunicado público
Al gobierno de Guatemala
A la Comunidad Internacional
A la Sociedad Civil

Más de tres años han pasado luego de la resolución definitiva de la Corte de Constitucionalidad a favor de las 14 familias expulsadas violentamente de la comunidad agraria Salvador Xolhuitz, y todavía la ley no ha logrado imponerse frente a la intransigencia y violencia de un grupo que se rehusa acatarla.

Durante los últimos 10 meses hemos intentado regresar a nuestras casas tres veces, acompañados por jueces, agentes de policía, y observadores de los derechos humanos, y cada vez, nuestros intentos han sido frustrados por una incapacidad de las instituciones públicas de actuar con eficacia para hacer cumplir la ley en Guatemala.

A pesar de la resolución de la Corte de mayor jerarquía del país, el apoyo del gobierno central, la intervención de una bancada del Congreso y los esfuerzos de La Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, , no hemos podido recuperar nuestro derecho de vivir en la comunidad.

El primer intento, el 4 de julio de 2012, fue dirigido por el juez de paz del Municipio de San Sebastián, Retalhuleu, acompañado por 70 elementos de la Policía Civil Nacional (PNC). El retorno fue abortado cuando un grupo de la comunidad, armados con piedras, palos y machetes y en un estado de agitación, se opusieron fuertemente, desafiando e inclusive amenazando al juez. La falta de elementos y de decisión del juez nos obligaron a retirarnos sin lograr nuestro cometido.

El 19 de septiembre del mismo año, se realizó el segundo intento de restitución de nuestros derechos, pero nuevamente se vio frustrada la diligencia judicial. Esta vez, a pesar de la presencia de 400 elementos de la PNC, el juez de San Sebastián, de manera inexplicable, luego de conversar con un grupo reducido dentro de la comunidad, decidió no ejecutar la orden judicial.

El intento más reciente, el 7 de junio de 2013, fue cancelado por orden de la dirección de la PNC, citando como razón la falta de elementos disponibles ese día. Esto causó que se prolongara la fecha para el retorno, afectando aún más a nuestras familias.

Durante la primera semana de junio el gobierno de Guatemala hizo público en un comunicado de prensa su apoyo al retorno de las familias expulsadas, instando al grupo mayoritario de ADISC de “permitir la reinstalación de las 14 familias amparadas.”

Sin embargo, no se ha hecho público ninguna posición en relación a la nueva postergación del retorno de estas 14 familias.

Salvador Xolhuitz es una comunidad agraria de 89 familias en la región de la Boca Costa de Retalhuleu. En 2004, Fondo de Tierras adjudicó la finca a favor de la Asociación de Desarrollo Integral Santa Cruz (ADISC). El conflicto surgió a raíz de un mal manejo de recursos financieros por parte de los dirigentes de ADISC, constatado en una auditoría realizada por el Fondo de Tierras. Cuando ADISC intentó ilegalmente expulsar a nuestro grupo de la Asociación, recurrimos a la Corte de Constitucionalidad para proteger nuestros derechos.

La violencia estalló el 30 de diciembre de 2009, un día después de la visita de un juez a la comunidad para obligar a la junta directiva de ADISC a remover una cadena de la entrada a la finca. De acuerdo con un informe de la PNC “una turba pretendía linchar” a varios de los Amparistas e incendiar un domicilio, terminando con la violenta expulsión de nuestras familias.

Desde esta fecha, hemos vivido un calvario, con la mayoría de nosotros viviendo en condiciones precarias, afectando especialmente a las ancianas y niños. A pesar de las constantes decepciones y fracasos debido a la inacción del Estado y la debilidad del sistema de justicia, nuestro grupo se mantiene fuerte y comprometido con el regreso a nuestras casas y parcelas.

Solicitamos a las instituciones del gobierno y de la justicia la pronta y efectiva intervención en este caso. Han pasado más de tres años desde nuestro desalojo, y todas las instancias de justicia han resuelto a favor de nosotros. Entidades como la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos (COPREDEH), Fondo de Tierras, y Secretaria de Asuntos Agrarios, también han declarado públicamente a favor de nosotros.

Hace un año, la Unidad de Atención a Casos Especiales del Fondo de Tierras, declaró: “El Estado de Derecho debe respetarse en sintonía con lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal que debe conocer por ley lo relacionado al asunto que originó la problemática.”

En febrero de 2013, en un informe para el Gobernador de Retalhuleu, COPREDEH resaltó la intransigencia de ADISC: “A la fecha, la ADISC ha manifestado que sobre ellos no hay autoridad que pueda obligarlos a aceptar” el retorno de los Amparistas.

En el fondo, la oposición al retorno se mantiene porque los dirigentes de ADISC saben que han actuado ilegalmente, y que nuestro regreso es un primer paso hacia nuestro reclamo de daños y perjuicios, debido a la destrucción de nuestras casas, nuestros equipos de producción, herramienta, siembras y parcelas. Solamente con maniobras que buscan posponer nuestro retorno pueden evitar enfrentar responsabilidades por sus acciones.

Solicitamos que las instituciones del Estado actúen con rigor y prontitud para hacer cumplir la ley en este caso.

La Coordinadora Campesina Kab’awil, como organización acompañante exige a las autoridades correspondiente tomar las consideraciones del caso, para que las 14 familias puedan retornar a sus casas y parcelas en dicha Finca, apegándose a las resoluciones emitidas a favor del grupo Amparista.

La Justicia Retardada es Justicia Denegada.

Para mas información en relación a los antecedentes de este caso, puede consultar:
http://www.albedrio.org/htm/articulos/m/mcreelman-009.htm


Coordinadora Campesina Kab ’awil


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