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Pronunciamiento del MSICG respecto a la iniciativa de Ley 4982 que dispone reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público
Por el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- - Nuestra América, 10 de enero de 2016

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Los pueblos de Guatemala hemos librado una larga y costosa lucha en términos humanos con la finalidad de recuperar la posibilidad de determinar nuestro propio desarrollo, truncado en 1954 por la intervención estadounidense y la suplantación de la en ese entonces naciente democracia por un período de constante rompimiento del orden constitucional y de graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la imposición de un modelo concebido en la lógica del dominio geopolítico del mundo.

En el intento de recuperar el acceso a ese derecho elemental de los pueblos a autodeterminarse, los pueblos de Guatemala vivimos un conflicto armado de más de tres décadas de duración con un alto costo en vidas humanas y la construcción de modelos que convirtieron el Estado al tiempo que agresor, represor y opresor, en una estructura diseñada para limitar los derechos de la población.

De allí que el acceso y respeto de los derechos humanos haya sido uno de los aspectos que se plantearon como condiciones marco para la finalización del conflicto armado interno. Para garantizar este respeto se percibió la necesidad de realizar algunos cambios al sistema de justicia a los efectos de evitar el abuso y que, la persecución penal, no siguiese siendo una herramienta de legitimación de las violaciones a los derechos humanos.

De allí que se plantean dos cambios fundamentales; el primero, abandonar el sistema inquisitivo del proceso penal y el reconocimiento de la presunción de inocencia, condición vital para la garantía de respeto del resto de garantías procesales y la separación de la función de juzgar con la de la realización de la persecución penal, dejando ésta en un órgano específico con la obligación de actuar con objetividad, con respeto de la ley y en igualdad de condiciones como sujeto procesal, obligado a probar pero a respetar en ese proceso las garantías fundamentales de la persona, sometiendo todas aquellas medidas que pudieran importar una intromisión en la intimidad o la afección de los derechos de una persona a un estricto control judicial, teniendo en cuenta que el objeto del sistema de justicia, más allá de una absolución o una condena, es que la misma sea el producto de un proceso respetuoso de las garantías fundamentales reconocidas tanto por la Constitución, los Convenios Internacionales ratificados por Guatemala y las demás leyes de la República.

Para ello las guatemaltecas y guatemaltecos debimos impulsar y asumir un proceso de reforma constitucional, la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal, la aprobación de una Ley orgánica del Ministerio Público y la aprobación de una Ley de acceso a la información pública.

Si bien es cierto, en los últimos años se ha operado un incremento de la impunidad, la violencia y la corrupción, la misma no puede atribuirse al respeto de los derechos humanos sino a un proceso constante de desprotección de estos que ha dado lugar a super órganos con blindajes de impunidad que operan de hecho o alrededor de interpretaciones jurisprudenciales y que, básicamente han conducido a que resulte imposible deducir responsabilidades penales a funcionarios de alto rango al atribuir a la Corte Suprema de Justicia la faculta de determinar si traslada o no la petición de antejuicio al órgano que según la ley de la materia debe conocerla y resolverla, un Ministerio público que, salvo casos de impacto mediático se opone al rechazo liminar de tales solicitudes y que, por lo general, se pronuncia contra su propio deber de realizar la persecución penal y una Corte de Constitucionalidad que pasó de admitir este rechazo liminar como medida de garantía de impunidad a imponer su definitividad al reconocer la calidad de cosa juzgada de lo resuelto en estos casos aún y cuando no se haya realizado investigación penal alguna.

Es decir, la problemática real del sistema de justicia y el problema de impunidad no es una cuestión de la existencia o no de órganos para combatirla sino un problema estructural, similar al que ha implicado que a este momento, aún y cuando existan ex funcionarios públicos sujetos a proceso penal por una millonaria defraudación fiscal, aún no vemos y probablemente nunca veamos sometidos a proceso penal a los grandes beneficiarios de estas evasiones fiscales y quienes crearon y mantenían la coordinación de la estructura criminal a través de la cual tenían el control de las finanzas del Estado.

Esto se trae a colación porque la larga lucha de las guatemaltecas y guatemaltecos por el respeto de los derechos humanos y para evitar que los excesos y abusos del Estado contra la población a través del sistema de justicia y particularmente del sistema de justicia penal son puestos hoy día en riesgo por la Iniciativa de Ley 4982 a través de la cual el Congreso de la República pretende aprobar una serie de reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La Iniciativa de ley citada, elimina el Consejo del Ministerio Público, órgano que fue creado con la finalidad de mantener la estabilidad institucional del Ministerio Público, su autonomía y garantizar un control interno ante los posibles abusos cometidos por el Fiscal General y al mismo tiempo, hace inamovible al Fiscal General al condicionar su remoción a que haya sido condenado por la comisión de un delito doloso en el ejercicio de su cargo y elimina la posibilidad de que sea suspendido en virtud de un antejuicio en su contra declarado con lugar al mismo tiempo que le faculta para decidir el traslado y remoción de fiscales basados en causas subjetivas y sin que los afectados puedan recurrir dichas decisiones ante un órgano independiente. Esto implica, en términos prácticos, entre otras cosas, que la única posibilidad de que el Fiscal sea removido es que el mismo se investigue o decida no interferir de alguna manera en la investigación de una causa en su contra convirtiéndole en un funcionario inamovible y sin sujeción a control interno o externo alguno.

Además de lo anterior, la reforma obliga a toda institución privada o pública a otorgar información personal, información reservada o datos personales sensibles de una persona con el solo requerimiento de un fiscal y sin mediar control jurisdiccional alguno o incluso sin que medie un procedimiento penal aperturado. Es evidente que esto constituye un grave retroceso en el logro de la sociedad al aprobarse la Ley de Acceso a la Información Pública y permite generar un proceso inquisitorio y la posibilidad de implementación de investigaciones sumarias sin la existencia de un contralor judicial.

La reforma también propone el establecimiento de una carrera para los trabajadores y trabajadoras sin garantías reales, en donde desaparece el derecho de defensa, el control interno sobre las medidas de personal adoptadas por el Fiscal y la vulneración de derechos laborales mínimos e irrenunciables, así como el establecimiento de parámetros discriminatorios, eliminando por disposición de la ley, la libre sindicalización del Ministerio Público.

Se trata pues de una reforma que bajo la excusa de una administración de justicia penal más eficiente, el combate a la corrupción y la violencia, vulnera toda una serie de garantías reconocidas por la Constitución política de la República, los Convenios Internacionales ratificados por Guatemala y las demás leyes del país.

Esta lógica es regresiva, ya que es sobre criterios similares que en Guatemala durante la vigencia del sistema penal inquisitivo se admitieron tantas investigaciones sumarias, encarcelamientos injustos e incluso ejecuciones extrajudiciales así como un impactante número de violaciones a los derechos humanos.

El MSICG considera que la eficacia de un sistema de persecución penal depende de su capacidad de cumplir sus objetivos con pleno respeto de los derechos humanos y no puede, desde ningún punto de vista, admitirse que tal capacidad se asiente en estructuras carentes de controles así como tampoco sobre la base de la reducción de los derechos de población y de los trabajadores y trabajadoras de la institución de que se trate.

El MSICG resalta que, de ser aprobada esta reforma, se estaría creando la figura de un super funcionario, ajeno al principio básico de la función pública establecida en los artículos 153 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y se estarían violando y generando condiciones para la potencial violación de las garantías básicas de la población.

En ese sentido, el MSICG expresa su oposición a que las reformas a la Ley del Ministerio Público propuestas en la Iniciativa de Ley 4982 sean aprobadas y exige al Congreso de la República de Guatemala garantizar la plena observancia de la Constitución, los convenios internacionales y las demás leyes del país y no propiciar una regresión en materia de derechos humanos mediante una regulación como la propuesta por la citada iniciativa.

Finalmente el MSICG insta a toda la sociedad guatemalteca, a los poderes del Estado y a la actual Fiscal General a discutir una propuesta seria de reformas a la Ley orgánica del Ministerio Público a través de la cual se fortalezca el trabajo indispensable que en una sociedad democrática debe desempeñar dicha institución sin suprimir los derechos humanos, a la vez que reconoce el importante trabajo realizado hasta ahora por la Fiscal General Thelma Esperanza Aldana Hernández con excepción de la impunidad que se sigue garantizando en materia de delitos cometidos contra sindicalistas y defensores de derechos sindicales y la falta de aprehensión y sometimiento a proceso de los empresarios responsables de la gran evasión fiscal en Guatemala situación que confiamos sea subsanada a la brevedad posible.

¡¡¡UNA SOLA VOZ, UNA SOLA FUERZA!!!

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG-


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