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MSICG publica vista celebrada en Corte de Constitucionalidad por planteamiento de inconstitucionalidad en contra de la exención de impuestos a los sectores exportadores del país realizada por el Congreso de la República
Por el Movimiento sindical, indigena y campesino guatemalteco - MSICG - Nuestra América, 15 de junio de 2016

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A pesar de la grave crisis financiera que afronta el país que tiene colapsado el funcionamiento del Estado y de la inexistencia de recursos de este para atender las necesidades esenciales de la población, el Congreso de la República de Guatemala aprobó y puso en vigencia el Decreto número 19-2016, Ley emergente para la conservación del empleo, en virtud de la cual otorga una nueva exención de impuestos a una amplia gama de los sectores exportadores en el país y que se han visto favorecidos con otras medidas como el establecimiento de un salario mínimo e inferior a los que se fijan para otros sectores y a los dos intentos por fijar salarios mínimos diferenciados y todavía más precarios en al menos cuatro municipios del país, medida que en cuya imposición insiste hoy día el Presidente de la República de Guatemala y la actual Ministra de trabajo y previsión social.

Ante esa medida, el MSICG planteó una acción de inconstitucionalidad con el objeto que esta norma sea expulsada del ordenamiento jurídico al igual que algunas disposiciones de la Ley de clases pasivas civiles del Estado, Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley de sindicalización y reguladora del derecho de huelga de los trabajadores del Estado, del plan de puestos y salarios de la administración pública y otras disposiciones gubernativas que afectan a las trabajadoras y trabajadores.

Esta acción es conocida por la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 1490-2016 en el cual se señaló audiencia para la vista pública el día 9 de junio de 2016 a partir de las 9:00 horas en la Sala de Vistas de la Corte de Constitucionalidad.

Durante la vista pública el MSICG se refirió al desvío del debate de fondo impulsado por las instituciones del Estado de Guatemala sobre la base de una jurisprudencia impuesta por la Corte de Constitucionalidad que contraría las disposiciones que rigen la justicia constitucional, delega el control de constitucionalidad en los particulares y lleva a la Corte de Constitucionalidad a eludir el cumplimiento de la función fundamental que le asigna la Constitución política de la República.

El MSICG enfatizó en que el Decreto 19-2016 del Congreso de la República viola los principios fundamentales que en materia tributaria establece la Constitución puesto que permite que quienes están obteniendo riqueza producida en el país se vean liberados de la obligación de tributar en tanto que traslada la mayoría de la carga tributaria a los impuestos indirectos que gravan el consumo aún y cuando las personas no devenguen recursos para cubrir sus necesidades elementales.

De la misma manera el MSICG señaló que la referida norma permite mantener en Guatemala un paraíso fiscal para determinados tipos de empresas exportadoras puesto que les exonera del pago de impuestos sobre las ganancias que obtienen y esta exención se traslada a los dividendos que perciben los socios de dichas empresas lo cual a su vez genera ventajas competitivas sobre la base de la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y la privación al Estado de los recursos que necesita para invertir en satisfacer la demanda de la población de servicios vitales.

De ahí que el incremento de la pobreza hasta alcanzar al 59,3% de la población sea el producto directo de políticas de precarización del trabajo y de exenciones tributarias a quienes tienen la capacidad de pago impulsadas desde el Estado haciéndolas coincidir en privilegios para el sector de la actividad exportadora y de maquila que actúan extorsionando al Estado bajo la amenaza de la perdida de los empleos precarios que generan y la exigencia de incentivos para algo tan elemental como cumplir con las leyes del país.

El MSICG durante la vista pública mostró su extrañeza por la posición a favor de las exenciones fiscales para los sectores exportadores, especialmente de la que se refiere al Impuesto sobre la renta –ISR-, por parte de las instituciones del Estado puesto que, en tanto la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- es la encargada de recaudar los impuestos necesarios para financiar al Estado y el Ministerio Público insiste en su precaria situación financiera requiriendo un incremento de su presupuesto, se manifiestan a favor de estas medidas que precisamente impiden al Estado recaudar tributos de quienes se enriquecen en el país a costa de precarizar a los trabajadores y de ahorrarse el pago de impuestos que al final de cuentas no gravan sino la riqueza neta que obtienen y no tienen impacto alguno en los costos de producción puesto que, contrario a lo afirmado por escrito por la Señora Ministra de Trabajo y Previsión Social, no se trata de un impuesto que grave algo más que la ganancia neta y no es trasladable al consumidor final.

El MSICG llama la atención sobre las declaraciones realizadas en la vista pública por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social quien se hizo representar por su representante legal Sergio Juvenal Castañeda respecto a que los Instrumentos internacionales dentro de los cuales se encuentran los tratados y convenios en materia de derechos humanos no son parámetros de constitucionalidad, respecto a que el hecho que la consecuencia de un delito no se encuentre regulado en el tipo penal no significa que se esté violentando el principio de legalidad así como que la posibilidad de que se transgreda una norma no implica que sea inconstitucional.

Al MSICG también le resultan preocupantes las desafortunadas declaraciones realizadas por el mandatario de la Superintendencia de Administración Tributaria, Abogado Gerardo Hurtado Flores, quien incluso llegó al extremo de afirmar para sostener la legalidad de las exenciones fiscales a los sectores exportadores y en contra de lo expresamente previsto en el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de la Organización Mundial del Comercio: "Estamos en Guatemala como formando parte de un fenómeno mundial la globalización. Esto impone que las políticas socio económicas dictadas por el Estado se acomoden a las exigencias del mercado internacional y en consecuencia deben modificarse los criterios que prevalecieron en el pasado y que eran aparentemente justificados para mantener una política de denegación de exenciones actualmente cada tributo y así lo contempla propiamente la ley magna puede estar dotado al mismo tiempo de los elementos propios del tributo, de los elementos propios de las exenciones precisamente no buscando beneficios o privilegios a favor de determinado sector, sino buscando beneficiar en general la economía nacional"

Finalmente el MSICG lamenta la posición dentro de esta vista pública planteada por el Ministerio Público a través de su representante, Agente Fiscal Patricia Escobar López de Escobar quien en reiteradas ocasiones se refirió a extremos que no se plantearon en la acción de inconstitucionalidad presentada por el MSICG y quien al igual que las demás instituciones del Estado presentes en la vista pública se pronunció a favor de las exenciones fiscales otorgadas a determinados sectores exportadores del país a pesar de que su pronunciamiento se realiza en nombre de una Institución que ha señalado encontrarse desfinanciada para poder operar y que debido a ello no ha otorgado un ajuste salarial a sus trabajadores y trabajadoras en los últimos diez años.

En un escenario como este, resulta paradójico que se pretenda financiar el sistema de justicia con una nueva carga tributaria hacia quienes están tributando en tanto que las instituciones que hacen parte de dicho sistema defienden las medidas que impiden al Estado acceder a los recursos que se necesitan para su fortalecimiento.

Para el MSICG el panorama encontrado ante el planteamiento de la inconstitucionalidad resultaba previsible por cuanto históricamente ha prevalecido una institucionalidad estatal servil a las élites empresariales y particularmente desde el año 2008 hacia las denominadas de exportación y de maquila; no obstante, conserva la esperanza en que los eventos que ha atravesado el país en los últimos meses conlleven un cambio significativo en la manera y sentido en que se aplica la justicia constitucional y que la Corte de Constitucionalidad finalmente aplique la Constitución y deje de velar por los intereses de las élites exportadoras a costa de la incapacidad operativa del Estado y de la miseria y hambre de la población.

El MSICG ha planteado a la Corte de Constitucionalidad un debate de fondo y la disyuntiva que representa el continuar un proceso de debilitamiento y destrucción de las capacidades del Estado o empezar a construir una realidad en la que impere la justicia y las posibilidades de iniciar la construcción de un Estado democrático, justo e incluyente.

Vista pública Exp 1490-2016 . La audiencia de la vista celebrada en la Corte de Constitucionalidad

 

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG-


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