Revista electrónica de discusión y propuesta social 
Revista · Documentos · Archivo · Blog   Año 13 - 2016

::::albedrío::::

Revista
Editorial
Artículos
Entrevistas
Noticias

linea

Redacción

linea

Enlaces

linea

SiteMap
Contacto


Otros documentos de consulta

De orden internacional
De carácter oficial
Comunicados

 

 

 

MSICG acciona contra normativa que genera estructuras que debilitan al Ministerio de Educación y contra reformas a la Ley Orgánica del MP
Por el Movimiento sindical, indigena y campesino guatemalteco - MSICG - Nuestra América, 18 de agosto de 2016

logo

Hoy, 17 de agosto de 2016, el Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- y su sindicato miembro SITRADICMP, presentaron ante la Corte de Constitucionalidad cuatro acciones de inconstitucionalidad en su labor de defensa del orden constitucional y de los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

La primera acción fue presentada en contra de la totalidad del Decreto número 18-2016 del Congreso de la República que introdujo reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público a través de las cuales se genera un órgano carente de contrapesos reales, se elimina el control jurisdiccional de la investigación penal y se desprotegen los derechos humanos de la población, a lo que se suma que la nueva normativa vulnera los derechos de las trabajadoras y trabajadores del Ministerio Público y de manera especial lo establecido en los Convenios 87, 95, 98, 111 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo. En la inconstitucionalidad el MSICG reivindica además, el carácter soberano del Estado de Guatemala y la legitimación en dicha soberanía del ejercicio del poder de legislar, peyorado públicamente por el Presidente del Congreso de la República, ciudadano MARIO TARACENA DÍAZ-SOL.

EL MSICG recuerda que no es la primera vez que la Central Sindical tiene que acudir a la Corte de Constitucionalidad ante la emisión de normativa nefasta en materia de derechos humanos aprobada por el Congreso de la República y que representa graves retrocesos para el país, ya en su oportunidad el MSICG acudió a dicha instancia para que se declarara la Inconstitucionalidad General Total del Decreto 15-2012 que dio vida a la Dirección general de investigación criminal –DIGICRI- concentrando de nuevo la investigación penal en el Poder Ejecutivo y que permitía el uso de armas no registradas, las detenciones ilegales, el uso de fuerzas armadas sin portar identificación, uniformes y con los rostros cubiertos, etcétera. Es de recordar que dicha normativa fue apoyada en su momento por el Ministerio Público, la CICIG y algunas ONGs Civiles y que posteriormente fue cuestionada por las primeras dos.

Las restantes tres acciones se plantearon contra el Acuerdo suscrito entre el Ministro de Educación Oscar Hugo López Rivas y Joviel Acevedo del STEG relativo a la aplicación, implementación y ejecución de los programas de apoyo a nivel nacional, que representan aproximadamente 960 millones de quetzales, que a su vez son menos del, 0.12 % del presupuesto que el Mineduc destina a la niñez. De la misma manera, se planteó la Inconstitucionalidad del Acuerdo Gubernativo 188-2013, suscrito por el entonces Presidente Otto Fernando Pérez Molina y a través del cual se crea una estructura no prevista por la ley para asegurar al STEG el control de los procesos de contratación de maestras y maestros, a través de los cuales se somete a constantes presiones y abusos a los maestros y maestras precarizados mediante la contratación temporal en todo el territorio nacional.

Igualmente, se planteó la Inconstitucionalidad General Total de una serie de artículos del Decreto 1485 en los cuales se sustenta, la creación de una dignificación que discrimina a los maestros y maestras del sector privado, que restringe la dignificación del magisterio a que se refiere la Constitución a la creación de un sistema de servicio civil no previsto por la misma y se generan estructuras mediante las cuales, lejos de dignificarse la labor del magisterio y garantizarse la educación gratuita y de calidad, se generar intereses ajenos a la educación y estructuras encargadas de defenderlos, limitar la inversión en la niñez, y someter a la niñez, a la población y al sistema educativo a constantes interrupciones y violaciones de sus derechos fundamentales.

Estas tres últimas normas, sumadas a la negociación de dos pactos colectivos de trabajo en el mismo día, configuran el esquema de cooptación a que hizo referencia en su declaración uno de los colaboradores eficaces del Ministerio público en el caso "Cooptación del Estado" y que se puede resumir en el otorgamiento al STEG del control de las relaciones laborales de quienes están laborando en el Ministerio de Educación (a través de las juntas mixtas), el control de a quienes ha de contratarse (Mediante el Acuerdo Gubernativo 188-2013), el control de los recursos de gratuidad (a través del Convenio de fecha 12 de mayo de 2016) y el control de los incrementos escalafonarios así como una herramienta para impedir la dignificación de las maestras y maestros como ha sucedido con buena parte del articulado del Decreto 1485 del Congreso de la República.

De conformidad con la ley de la materia, la Corte de constitucionalidad cuenta con un plazo de ocho días para decidir si suspende o no provisionalmente las normas impugnadas sin que dicha decisión prejuzgue sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas por lo que se espera que en los próximos días, la Corte pueda decretar la suspensión provisional de las normas impugnadas.

¡¡¡UNA SOLA VOZ, UNA SOLA FUERZA!!!


MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG-


Copyright © El credito de las contribuciones es única y exclusivamente de los autores. El contenido de las contribuciones no representan necesariamente la opinión de la revista; los autores son responsables directos del mismo.