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MSICG plantea amparo ante Corte de Constitucionalidad y solicita se declaren vacantes y depuren 106 curules de diputados del Congreso de la Republica
Por el Movimiento sindical, indigena y campesino guatemalteco - MSICG - Guatemala, 1 de julio de 2020

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De conformidad con los resultados del último proceso electoral, la población de Guatemala al ejercer su sufragio determinó que el partido BIENESTAR NACIONAL tendría una representatividad en el Congreso de la República de 8 diputados; que el partido CREO de 6 diputados; que el partido FCN-NACIÓN 8 diputados; el partido MLP 1 diputado; el partido MOVIMIENTO SEMILLA 7 diputados; el partido PAN 2 diputados; el PARTIDO HUMANISTA GUATEMALTECO 6 diputados; el partido VIVA 7 diputados; el partido UNIONISTA 3 diputados; el partido PODEMOS 1 diputado; el partido PROSPERIDAD CIUDADANA 3 diputados; el partido TODOS 7 diputados; el partido UNE 52 diputados; el partido URNG-MAIZ 3 diputados; el partido UCN 12 diputados, el partido VALOR 9 diputados; el partido VAMOS (partido oficial) 17 diputados; el partido VICTORIA 4 diputados (de los cuales 2 abandonaron su agrupación partidaria y se declararon independientes) y el partido WINAQ 4 diputados lo que suma en total 160 diputados.

Como se desprende de lo expuesto la voluntad soberana del pueblo decidió que el Partido Político que postuló al actual Presidente de la República Alejandro Giammattei Falla (VAMOS) contara con una reducida representatividad parlamentaria de 17 diputados lo cual hace evidente que la población decidió que el Poder Ejecutivo encontrara una fuerte y diversa oposición en el Congreso de la República o al menos un Poder Legislativo con la vocación de hacer un contrapeso a la voluntad del Poder Ejecutivo y de esa forma reguardara a la población de una dictadura.

No obstante ello, contraviniendo y evadiendo la voluntad de la población expresada mediante el voto, de hecho y en la práctica, eludiendo y supliendo con la voluntad de los diputados la decisión de la población respecto a la representatividad asignada democráticamente en la urnas a las distintas fuerzas políticas, los diputados y diputadas que integran el Congreso de la República de Guatemala traicionando al pueblo han constituido por voluntad e intereses propios un bloque parlamentario mayoritario que al operar en función del cumplimiento de la voluntad oficialista, produce la subordinación total del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo.

El bloque oficialista constituido en fraude de la democracia y traicionando el voto de la población para la subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo se integra por los 17 diputados del partido VAMOS; los 7 diputados del partido VIVA, los 3 diputados del partido UNIONISTA; 1 diputado del partido PODEMOS; los 7 diputados del partido TODOS; los 12 diputados del partido UCN; los 9 diputados del partido VALOR; los 6 diputados del partido HUMANISTA GUATEMALTECO; los 8 diputados del partido FCN-NACION, los 3 diputados del partido PROSPERIDAD CIUDADANA y 22 Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza lo que hace un total de 106 diputados de un total de 160 diputados con que cuenta el Congreso de la República.

En ese marco, la efectividad del sufragio emitido por la población guatemalteca en las últimos comicios electorales se ha visto afectada por la decisión personal e individual de 89 diputados que de manera antidemocrática han dotado al oficialismo en la práctica de una fuerza en el Congreso de la República que no le fue asignada por la población durante el voto y que ha sometido el Poder Legislativo a la subordinación total respecto al Poder Ejecutivo colocando a la población a las puertas y a merced de una dictadura.

Estos efectos se encuentran prohibidos expresamente en los Artículos 136 inciso c), 141 y 154 de la Constitución Política de la República.

La subordinación del Poder Legislativo a la voluntad e intereses del Poder Ejecutivo (que se identifican exclusivamente con los del Presidente Alejandro Giammattei y del CACIF), se ha manifestado con mayor notoriedad actualmente que existe la necesidad de elegir a los magistrados y magistradas que integrarán la Corte Suprema de Justicia, las Salas de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales de igual categoría para el período 2019-2024, elección que se ha demorado en más de siete meses por la existencia de anomalías en los procesos de postulación. Esto porque el sometimiento del poder judicial es una puja vital para el gobierno de Giammattei, el CACIF y otros intereses ajenos a la justicia ya que garantiza por una parte impunidad y por la otra la pérdida total de las condiciones democráticas en el país.

En su momento, la Corte de Constitucionalidad emitió la sentencia de fecha 6 de mayo de 2020 dictada dentro del Expediente 1169-2020, misma en la que establece las medidas correctivas para asegurar que la elección realizada por el Congreso de la República pudiera garantizar de la mejor manera posible en las circunstancias y estado del proceso cierta independencia del Poder Judicial respecto de los demás poderes del Estado y de intereses ajenos a la justicia. Dicha sentencia también establece un plazo para que el Congreso de la República dé cumplimiento a tales correctivos, se realice la elección correspondiente a los efectos de devolver dichos cargos a la normalidad constitucional.

No obstante ello de manera expresa, pública e institucional el Congreso de la República dominado por el oficialismo ha adoptado una conducta mucho más grave que la mera omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad y ha asumido una actitud que subvierte y llama a subvertir el orden constitucional desconociendo las facultades legales de la Corte de Constitucionalidad y negando la obligatoriedad de acatar lo resuelto por la misma, situación que se ha extendido a la propia Corte Suprema de Justicia en funciones desobedeciendo también fallos de la Corte de Constitucionalidad.

Este desconocimiento de lo actuado por el control de constitucionalidad, supone también más allá de un nuevo rompimiento del orden constitucional la intención clara del Poder Ejecutivo de tomar el control también del Poder Judicial al tener en estos momentos el control total del Congreso de la República.

En ese marco y siendo que existe actualmente un rompimiento del orden constitucional y se continúan vulnerando flagrantemente las garantías constitucionales contenidas en los Artículos 136 inciso c), 141 y 154 de la Constitución Política de la República el MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO -MSICG- ha acudido en Acción Constitucional de Amparo en única instancia contra el Congreso de la República solicitándole a la Corte de Constitucionalidad que sin demoras declare vacantes las curules que corresponden a 106 diputados del Congreso de la República y llame a tomar posesión del cargo a los diputados que de conformidad con el tercer párrafo del artículo 157 de la Constitución Política de la República deben suplir a los diputados que han vulnerado la independencia de poderes a los efectos de que estos den continuidad al trabajo legislativo y procedan a la elección de los magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia, las Salas de la Corte de Apelaciones y los tribunales de igual categoría para el período 2019-2024.

El MSICG espera que la Corte de Constitucionalidad esté a la altura de la defensa del orden constitucional que en este caso está obligada a realizar y llama a sus bases a estar preparadas al llamado a lo que podría ser la primera huelga general del país en defensa del orden constitucional.

La supervivencia de la democracia y la población requiere con urgencia una vuelta al orden constitucional y una urgente depuración del Congreso de la República.

 

¡Una sola voz, una sola fuerza!


MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG-


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