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Militarismo y oligarquia, ¡NO!
Por el Movimiento sindical, indígena, campesino y polular - Guatemala, 21 de octubre de 2007

El 20 de octubre de 1944 es una fecha que conmemoramos año con año como la fecha en que dio inicio un proceso que se apartaría de la tradicional visión excluyente del poder en Guatemala y que, durante los diez años de primavera democrática que se vivió, aportó al país los avances económicos, sociales, políticos y culturales más grandes que Guatemala había visto hasta entonces y que hasta ahora no han sido siquiera igualados a cincuenta y tres años de que dicho proceso nos fuera truncado en 1954 por la intervención gringa, esa misma que hoy apoyada por gobiernos empresariales serviles nos plantea el TLC como una oportunidad para combatir la exclusión a todo nivel, la inequidad y la desigualdad económica y social en el país, generados por dicha intervención contrarrevolucionaria.

Hoy a 63 años de la gesta revolucionaria, el principal problema que estamos viviendo radica esencialmente, en que cada vez estamos más lejos de disfrutar de dichas conquistas y debido a que los Gobiernos militares y oligárquicos que detentan el poder cada día nos acercan más a las condiciones que imperaron durante la dictadura ubiquista condenando con esto a las generaciones actuales y futuras

En tal sentido la permanente sucesión de gobiernos empresariales arropados en verde olivo o banderas políticas partidarias que prosiguieron al posterior derrocamiento del Gobierno Revolucionario de Jacobo Arbenz Guzmán, han demostrado históricamente la defensa de sus intereses, pero también el fracaso económico y social de su visión como oligarquía empresarial, en tanto que las consecuencias de dicho fracaso, son notorias en las condiciones de exclusión, desempleo, pobreza, hambre, falta de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la tierra, y el recrudecimiento de la represión y la violencia sufridas a diario por las mayorías.

Hoy día, de cada 10 personas que se integran a la economía, 8 lo hacen en la denominada economía informal toda vez que solo cerca del 25% de la población económicamente activa cuenta con un empleo estable sin que ello signifique que ese empleo les represente una remuneración digna; de hecho, en la mayoría de los casos, el trabajador o trabajadora no percibe siquiera el salario mínimo el cual de por sí presenta un déficit del 116% frente al Costo de la Canasta Básica Vital lo cual ha provocado que otro buen porcentaje de la población especialmente joven, ante la falta de oportunidades de desarrollo se vea obligada a emigrar hacia los Estados Unidos y someterse a las condiciones de persecución y discriminación imperantes en el otrora país del sueño americano. A esta problemática se agrega la practica de disfrazar las relaciones laborales bajo modalidades de contrato que extraen la relación del marco protector del derecho del trabajo o bien eliminando la estabilidad laboral mediante la contratación temporal para la ejecución de labores permanentes; prácticas que no solo son consentidas por el Estado de Guatemala sino que también son ejecutadas por este a través de sus diversos órganos e instituciones. Este irrespeto de la normativa laboral, que afecta en su totalidad las condiciones de trabajo, no ha tenido como respuesta el actuar contundente de los tribunales de justicia laboral que se han empeñado en legitimar jurídicamente este proceso de despojo de las garantías laborales a las trabajadoras y trabajadores bajo la consigna de su eliminación total hasta retrotraer las relaciones laborales a condiciones similares a la esclavitud como lo plantean los empresarios del CACIF en su denominado “Plan de Desarrollo Económico Social 2004-2007”.

Claros ejemplos de este ataque a las garantías laborales y a las organizaciones que las defienden lo constituyen el reciente asesinato del compañero MARCO TULIO RAMIREZ PORTELLA, secretario de cultura y deportes del SITRABI; el constante ataque del que están siendo objeto los compañeros del Sindicato de Trabajadores de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala ejecutado por el Gerente General de dicho banco en donde ha participado la propia Corte Suprema de Justicia y los juzgados sexto y séptimo de trabajo, situaciones que han llegado incluso al encarcelamiento de dirigentes sociales como el compañero NERY BARRIOS o el acoso a través de procedimientos de destitución en contra de dirigentes sindicales como en los casos de los miembros del Comité Ejecutivo del STEG y de FENASTEG; a lo que se suman las intenciones de aprobar las iniciativas de Ley de Servicio Civil y de Ley de Servicio Municipal con la clara intención de eliminar la estabilidad laboral y el ejercicio de los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva so pretexto de modernizar el Estado.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha sido víctima de una estrategia empresarial de debilitamiento a través del saqueo de sus arcas, con la finalidad de llevarlo a su privatización, la cual vienen ejecutado los distintos gobiernos de turno llevando al Estado de Guatemala al incumplimiento de tres obligaciones fundamentales: 1) Garantizar el derecho y acceso de la población a la Seguridad Social; 2) Contribuir al financiamiento del régimen y; 3) Procurar su mejoramiento progresivo. La existencia de una millonaria deuda por parte del Estado al IGSS sin que siquiera se cumpla con lo establecido por el artículo 100 constitucional asignando una partida dentro del presupuesto para cubrir sus cuotas como Patrono y Estado como tal; la existencia de una deuda millonaria por parte de las municipalidades y también de una deuda millonaria por parte de los empresarios sin que se tomen las medidas necesarias para lograr el pago de dichas deudas, forman parte de esta estrategia que conlleva para la clase trabajadora , jubilados, pensionados y el pueblo en general que el IGSS no pueda llevar a cabo el fortalecimiento de los programas de Accidentes, Enfermedad, Maternidad (AEM) y de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS), que tampoco pueda invertir en el mejoramiento de los servicios que presta, ni comprar medicamentos de calidad, ni incrementar las pensiones que otorga, mucho menos ampliar su cobertura, contar con mas personal especializado, ni mejorar los salarios de hambre que se paga a las trabajadoras y trabajadores del Instituto.

En torno a la histórica lucha por la tierra y el desarrollo rural, existe una implacable posición política por parte de la oligarquía agroexportadora en contra de la Reforma Agraria Integral, que se manifiesta en el estancamiento de la implementación de la Ley General de Catastro, en la intensificación de desalojos violentos, en amenazas, agresiones, cárcel e incluso asesinatos de dirigentes campesinos; temas a los cuales han vinculado el total incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- al imponer la exploración y explotación minera y petrolera así como la construcción de megaproyectos como la hidroeléctrica Xálala, y la super carretera de la franja transversal del norte, sin realizar la consulta pertinente con las comunidades afectadas, llegando incluso al extremo de plantearse r la renuncia de Guatemala al Convenio 169 ante la OIT.

En el tema de la vivienda es inexistente una Ley General Nacional, programas e instituciones que formen parte de una política pública, que coherentemente tienda a erradicación del Déficit Habitacional actual que es de 1,800,000 viviendas, el cual se incrementa año con año en más de 70,000 nuevas viviendas; situación que coloca a la población en estado de indefensión social y de incertidumbre jurídica a aquellas personas que ocupan terrenos, así como de riesgo de perder incluso la vida ante las condiciones infrahumanas en que habitan.

En lo que respecta a la salud pública, ha existido una total desatención a la salud de la población tanto preventiva como curativa, siendo evidente la falta de cobertura de los hospitales y el desabastecimiento de los equipos y medicamentos necesarios para atender incluso enfermedades comunes en nuestro medio, debido a los niveles de desnutrición y condiciones generales de vida de la población, situación que se ha llevado al extremo de “crisis hospitalarias” que de recurrentes han pasado a ser permanentes de manera premeditada a fin de crear condiciones para que la población acepte como solución la eventual privatización del Derecho a la Salud Pública; ejemplo claro de ello es el Acuerdo Ministerial SP-M-1778-2007 del Ministro de Salud Pública y Asistencia Social que sienta las bases para la privatización de los hospitales públicos de todo el país.

En la educación, pese a la naturaleza permanente y creciente de las necesidades educativas del país, vemos como los maestros son privados de su estabilidad laboral mediante mecanismos de contratación temporal, vemos como las políticas emprendidas por el Ministerio de Educación se orientan hacia la privatización de este derecho y sobretodo hacia la destrucción del Movimiento Magisterial guatemalteco que consecuentemente se viene consolidando como el bastión de la defensa de la Educación Pública laica y gratuita.

No obstante lo duro que resulta actualmente el panorama nacional y no conformes con ello, la oligarquía empresarial del país se encuentra impulsando el denominado “Plan Visión de País” que ha dado lugar a la propuesta de 4 leyes marco que abordan los temas de Salud, Educación, Seguridad y Justicia y Desarrollo Rural desde una perspectiva neoliberal esencialmente excluyente de las necesidades de la mayoría de la población.

Así, la Ley Marco de Salud pretende la privatización del Sistema de Salud Pública mediante la creación de un Consejo Nacional de Salud integrado en su mayoría por empresas privadas prestadoras de servicios de salud, al cual someten al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- con lo que automáticamente eliminan su Autonomía. La aprobación e implementación de dicha ley tendría como efecto inmediato sujetar el acceso al derecho a la salud a la capacidad de pago de la persona privando con ello del acceso a este derecho humano y obligación social del Estado a mas del 80% de la población que vive en la línea de la pobreza o por debajo de misma.

En lo que se refiere a la denominada Ley Marco de Educación, además de la paulatina privatización de la educación en todos sus niveles y el traslado a las débiles economías familiares del costo del cumplimiento del deber del Estado de proporcionarla de manera laica y gratuita se pone en evidencia la intencionalidad de destruir al Magisterio Nacional como una expresión gremial organizada.

La ley de Desarrollo Rural no va mas allá de soluciones cosméticas que evaden enfrentar las causas fundamentales de la problemática agraria guatemalteca, no atacan el latifundio ni la posesión casi exclusiva de la tierra por parte de un grupo reducido de terratenientes, constituida por esos empresarios del banano, la palma africana, el café y el azúcar que llegan incluso al extremo de preparar brebajes cargados con drogas que lleven a los trabajadores a soportar las extenuantes jornadas de trabajo a cambio de un salario cada vez más reducido y por el cual cada vez más se les exige más trabajo.

La última faceta del denominado “Plan Visión de País” lo constituye la denominada Ley Marco de Seguridad y Justicia mediante la cual se nos pretende hacer creer que los conceptos de seguridad y justicia se limitan a la persecución penal, a encarcelar seres humanos y a reprimir los efectos de los graves problemas sociales y económicos que enfrentamos.

Esta supuesta visión del país como paraíso empresarial e infierno para el pueblo olvida que la Seguridad comienza con el pleno respeto del Estado de Derecho y que ese Estado de derecho se asienta sobre el pleno respeto y garantía del goce por parte de la población de sus derechos más elementales dentro de los que se encuentran el derecho a la vida, la alimentación, la salud, el trabajo digno y bien remunerado, la educación, la cultura, el deporte y la recreación. Olvidan y pretenden que olvidemos que la justicia, no puede denominarse tal si no parte de la existencia de una verdadera justicia social en donde toda la población, sin discriminaciones de ninguna clase pueda acceder y gozar con la garantía del Estado de todos esos derechos reconocidos por el estado de derecho.

Este 20 de octubre nos encuentra inmersos en una coyuntura electoral en donde como Pueblo debemos elegir entre dos Partidos Políticos, sin que alguno de ellos recoja el verdadero sentir y necesidades de las guatemaltecas y guatemaltecos; uno de ellos pretende que creamos que manos duras pueden sembrar futuro, que cabezas duras pueden pensar con claridad y que en corazones duros puede existir sensibilidad hacia la situación de hambre y de miseria en que nos debatimos la mayoría de guatemaltecas y guatemaltecos; en tanto que el otro, aspira a que apostemos nuestro voto a una esperanza que sin compromisos concretos en los grandes temas nacionales y políticamente exigibles por el pueblo organizado, no es más que una esperanza vacía, no es más que una promesa que nace muerta y que apunta a solucionar con caridad lo que es harta obligación del Estado resolver. La falta de compromisos reales, en temas generales no demuestra más que la falta de compromiso social.

COMO MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR GUATEMALTECO estamos claros en que nuestra posición es contra del militarismo, en contra de la oligarquía y en contra de la alianza de ambas y que nuestro compromiso es, ha sido y será con las luchas legítimas del pueblo en todas sus expresiones, en cualquier parte del mundo. Es por esto que llamamos a la población guatemalteca a ejercer un voto, reflexivo, un voto consciente y a favor de la expresión política, que más allá del contenido lírico de sus denominados “Planes de Gobierno” asuma como compromisos concretos satisfacer las siguientes demandas elementales del pueblo de Guatemala:

1. Desechar definitivamente la pretensión de fijar los salarios mínimos por productividad que, además de inconstitucional, es una burla a la lógica, un absurdo jurídico, una aberración económica y una estupidez social que ya ha sido calificada de incongruente con la promoción del desarrollo social por altos funcionarios de organismos internacionales.
2. El fomento de una política de pleno empleo, que garantice la estabilidad laboral y la eliminación de todos aquellos mecanismos de disfraz de las relaciones laborales, generando empleo digno y equilibrando el salario mínimo que se paga tanto en el sector privado, como en el sector público, en las municipalidades y demás instituciones autónomas, semi autónomas, descentralizadas y desconcentradas al costo de la Canasta Básica Vital.
3. Desechar las iniciativas de Ley de Servicio Civil, Ley de Servicio Municipal, las Cuatro Leyes Marco del Plan Visión de País y la ratificación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo.
4. La creación del Consejo Nacional de Diálogo, Negociación y Concertación para la elaboración e implementación de la Política Nacional de Empleo Productivo y la Política Nacional Salarial y el impulso y respeto de la libre sindicalización y de la negociación colectiva.
5. El respeto a la Ley y al artículo 100 de la Constitución Política de la República, garantizando el cumplimiento de la asignación de la partida presupuestaria específica para cubrir la cuota que corresponde al Estado como tal y como empleador, en materia de Seguridad Social a partir del presupuesto para el año 2008, de conformidad con los estudios técnicos actuariales del IGSS.
6. Garantizar el pago escalonado de la histórica deuda millonaria que el Estado le tiene al IGSS y que actualmente supera los once mil millones de quetzales.
7. La inmediata legalización de las tierras ocupadas para vivienda tanto en el área urbana como rural de conformidad con el Decreto 26-2007, así como la asignación de recursos para programas de urbanización e introducción de energía eléctrica, alumbrado público, agua potable y drenajes en los asentamientos humanos.
8. La aprobación de de la iniciativa de Ley de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la creación del Ministerio de la Vivienda.
9. La ampliación de la cobertura educativa y la creación de Centros de Educación Básica y Diversificado con orientación ocupacional y ecológica para las comunidades del área Rural.
10. El pleno cumplimiento al Decreto 1485 del Congreso de la República y realizar la contratación de maestras y maestros únicamente con cargo al renglón presupuestario 011 haciendo el traslado a dicho renglón de todos los maestros y maestras y trabajadores administrativos que laboran en los distintos programas del Ministerio de Educación bajo los renglones 029, 021 y 022
11. La no privatización de la salud, la inversión en la salud preventiva, la Reconstrucción del sistema Hospitalario del país y la construcción de nuevos hospitales en los departamentos en los que no se cuenta con ellos garantizando a la población medicamentos a bajos precios y de calidad de acuerdo a las normas nacionales e internacionales en la materia así como el acceso gratuito a la salud.
12. El Pleno respeto y cumplimiento del Convenio 169 de la OIT
13. El inmediato cese de los desalojos en área rural de todo el país y la implementación de una Reforma Agraria Integral, previamente discutida y avalada por el Movimiento Sindical, Indígena, Campesino y Popular
14. El compromiso de cumplir con los objetivos establecidos en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas.
15. Exigir que el ingreso de Guatemala al ALBA a efecto de proporcionar a la población un paliativo a los desastrosos efectos económicos y sociales que ya está teniendo en Guatemala la implementación del CAFTA.

Finalmente, queremos rendir nuestro tributo y reconocimiento a todos los compañeros y compañeras caídos o desaparecidos en la lucha por el pueblo de Guatemala, al hermano de siempre, Ernesto Guevara de la Cerna cuyo espíritu solidario fortalece cada una de nuestras luchas, a Oliverio Castañeda de León y a Otto René Castillo ya que todos ellos continúan presentes entre nosotros.

Nos solidarizamos con el pueblo heroico de Cuba y le decimos ¡No al bloqueo!, con los cinco héroes de la dignidad prisioneros en las cárceles de un imperio genocida; con la Revolución Bolivariana y la dignidad del pueblo de Venezuela, con los procesos de Ecuador, Bolivia y Nicaragua, con la resistencia de Irak, Afganistán y Palestina; con la lucha por la soberanía energética de Irán y con los compañeros de SUNTRACS de Panamá, hoy día víctimas del sicariato instaurado por el gobierno y la oligarquía y capital transnacional de panamá.

 

¡Conmemoramos la Revolución de Octubre celebrando la Unidad y nuestro compromiso de seguir luchando!

REVOLUCIÓN, UNIDAD Y LUCHA
¡SÍ!

Guatemala, 20 de octubre de 2007


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