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El PGT ante la política exterior de Jimmy Morales y las cuestiones de Palestina y Venezuela
Por el Partido Guatemalteco del Trabajo - Guatemala, 26 de mayo de 2018

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El gobierno nefasto y corrupto encabezado por Jimmy Morales se expresa en las recientes acciones en materia de política exterior, tales como la solicitud de expulsión de los embajadores de Venezuela y Suecia, el traslado de laembajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén, y el desconocimiento de los resultados legítimos de las elecciones en la República Bolivariana Venezuela celebradas el 20 de mayo. Son acciones que expresan la alianza y sustento que este gobierno tiene en grupos de poder económico, militar y religioso, tanto nacionales como internacionales, todos de una ultraderecha rancia y reaccionaria. Así mismo, son la muestra de una política de total sumisión a los intereses imperialistas estadounidenses.

Estas decisiones constituyen un mayor alejamiento del multilateralismo y un reforzamiento de la "alianza" –entiéndase sujeción– con EEUU e Israel, países que se han caracterizado históricamente por realizar invasiones, apoyar golpes de Estado, derrocar gobiernos legítimamente elegidos, financiar Estados y grupos terroristas de ultraderecha fundamentalistas, y ejecutar acciones racistas, militaristas y terroristas. Estados que -como todas y todos sabemos- apoyaron la política contrainsurgente y el genocidio en Guatemala durante los gobiernos de Lucas García y Ríos Montt en los años ochenta, y siguen ejecutando políticas colonialistas, segregacionistas, terroristas y genocidas en contra de los pueblos; tal es la política fascista de Trump contra los migrantes y los grupos islámicos, o la política sionista de Israel en contra del Pueblo Palestino.

Esta política de cola de ratón con la política de EEUU e Israel, además de su esfuerzo por debilitar los apoyos a la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), han tenido como resultado un enfrentamiento con países amigos como Suecia y Venezuela, los cuales se han caracterizado por la provisión de importantes apoyos en materia de cooperación. Suecia en particular ha sido soporte del proceso de paz, la democratización y la justicia en el país. Mientras Venezuela ha sido esencial para aportar a la salud de la población guatemalteca, siendo el desinterés del Estado guatemalteco. Esta política ciega constituye también un reflejo de la ideología de polarización del gobierno guatemalteco, para el cual estos países representan expresiones izquierdistas cuando no comunistas.

Lejos de ser expresión del espíritu solidario de las naciones y pueblos que conforman Guatemala, la nefasta y rastrera política del gobierno de Jimmy Morales constituye una estrategia "desesperada" para garantizar importantes negocios y prebendas personales, familiares y de grupos de poder que lo sustentan, así como impunidad en materia de violación de los derechos humanos, corrupción y crimen organizado que lo comprometen penalmente.

En el caso de la expulsión del embajador Anders Kompass, es claro que la solicitud para su remoción enviada al gobierno sueco por la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, está vinculada con el apoyo que dicho país ha mantenido a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Al respecto, el gobierno sueco es el segundo financista de la CICIG, después de EE.UU; el pasado enero, además, firmó un acuerdo de cooperación para donar unos US$9 millones con el fin de apoyar la misión de la CICIG hasta 2019. El Ministerio Público (MP) y la Comisión –como es sabido– han investigado y ligado a proceso a varios familiares, amigos cercanos y miembros del partido y gabinete del gobernante, por delitos de corrupción, contra los deberes de humanidad, así como de financiamiento electoral ilícito al partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), del que se responsabiliza a Jimmy Morales por ser su secretario general cuando los hechos acontecieron.

De esta suerte, el fracaso en el intento de expulsión del comisionado Iván Velásquez y en respuesta a sus intereses propios y de la derecha primitiva y asesina de Guatemala, el presidente Morales busca desarticular los esfuerzos que desde el MP y la CICIG se han venido realizando en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. Su objetivo es garantizar un clima de impunidad para el gran botín de los negocios ilícitos que a través de redes de poder y de criminalidad, articuladas con intereses del capitalismo internacional criminal.

Por su parte, la decisión de la expulsión de Elena Alicia Salcedo, embajadora de Venezuela en Guatemala, responde a la total sumisión del gobierno de Jimmy Morales a los intereses imperialistas. De esta forma cumple con los designios de EE.UU. y sus lacayos continentales (articulados en el Grupo de Lima), en su escalada de agresión e injerencia contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. El segundo paso, que clarifica aún más esta posición gubernamental, es el llamado a consulta al embajador guatemalteco en Venezuela, justo después de celebrarse elecciones presidenciales legítimas en ese país y cuyo resultado fue una abrumadora victoria del Frente Amplio por la Patria y su candidato Nicolás Maduro. Esta decisión fue comparsa del Grupo de Lima, que previamente había decretado que desconocería dichas elecciones y, por consiguiente, al gobierno legítimamente electo. Así responde el gobierno guatemalteco a este intercambio desigual de favores y al mandato explícito del imperio a través del gobierno fascista de Donald Trump, conforme a la reunión realizada el pasado mes de febrero en un hotel de Washington, en la que Trump pide a Morales posicionarse e impulsar acciones en contra del proceso de la revolución bolivariana. A cambio, EE.UU. estaría aplicando su política de seguridad hemisférica y de doble rasero: al mismo tiempo que da un discurso anti corrupción y financia a la CICIG, se hace de la "vista gorda" con los crímenes y delitos que se investigan en contra de Jimmy Morales y personas cercanas.

Actuando como el perro rastrero y con beneplácito del imperio, Jimmy Morales se envalentona y "declara un estado de impunidad", arremetiendo contra las organizaciones populares y campesinas (como el Comité de Desarrollo Campesino -Codeca-), y la institucionalidad democrática que debe velar por la transparencia y los derechos humanos (como la Contraloría General de la Nación -CGN-, el MP y la Procuraduría de Derechos Humanos -PDH-), tal como hizo públicamente el 2 de mayo pasado. Con esto otorgó "carta blanca" a grupos criminales y paramilitares del Estado para que sigan operando impunemente contra las organizaciones, líderes y lideresas campesinas y de derechos humanos, consideradas como subversivas por la inteligencia norteamericana e israelita, y los grupos de ultraderecha que operan en el país, como la Fundación contra el Terrorismo. Como sabemos, esto desató una oleada de asesinatos, secuestros, e intimidaciones contra campesinos y defensores de derechos humanos en el país, tales fueron los casos de Luis Marroquín, de Codeca, y de José Can Xol y Mateo Chamán Pau, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), entre otras agresiones e intimidaciones contra el movimiento campesino.

La política exterior de Guatemala, alineada a EE.UU. y delineada por los intereses personales y familiares del presidente, contraviene los intereses nacionales y de los pueblos guatemaltecos que quieren vivir en paz y en democracia, que luchan por sus derechos, por una vida digna. Valga agregar que Jimmy Morales no trajo de su viaje a EEUU ningún beneficio en materia migratoria para el país.

La alineación de Jimmy Morales a los intereses imperialistas y de los grupos fundamentalistas de ultraderecha no se quedan ahí. Guatemala fue uno de los pocos países a nivel mundial (solamente 9) que apoyó el reconocimiento de Palestina como capital de Israel y que decidió trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén el 16 de mayo, dos días después que lo hiciera el gobierno estadounidense. Esta acción del gobierno de Guatemala viola la resolución mayoritaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 21 de diciembre de 2017, que declara "nulo y sin valor" el reconocimiento de Palestina como capital de Israel; y aconteció mientras el ejército sionista de Netanyahu, masacró a sangre fría a más de 100 palestinos e hirió a más de 12,000 (con disparos por la espalda, a personas inválidas, a mujeres y niños), quienes se manifestaban pacíficamente contra la ocupación sionista de Palestina y por el derecho a volver a sus tierras ancestrales, de las que fueron despojados por el Estado judío desde 1948.

La decisión unilateral de Jimmy Morales de trasladar la embajada de Guatemala a Palestina violenta la tradición de política exterior de Guatemala, los derechos humanos, el interés nacional, y el carácter laico del Estado guatemalteco. Se encuentra estrechamente vinculada con grupos neo pentecostales cristianos de ultraderecha (religión que el mandatario procesa), y grupos religiosos y de poder económico sionistas o con fuertes vínculo con el sionismo, como la Alianza Evangélica de Guatemala, la Liga Parlamentaria de Amigos de Israel que opera en el Congreso, o la Fundación Aliados de Israel en EE.UU. con la que Morales mantiene vínculo estrecho. Asimismo, el traslado de la embajada de Guatemala a Jerusalén hace cómplice a Jimmy Morales, y a las personas que apoyaron dicha decisión, de lo que las Naciones Unidas ha calificado como crímenes de guerra del Estado de Israel contra el Pueblo Palestino. El viaje de Jimmy Morales, y de la comitiva que lo acompañó -más de 40 personas, incluyendo a su familia-, fue realizado, además, con fondos que no han sido claramente establecidos, poniendo de manifiesto la total impunidad y apoyo que Jimmy Morales goza de redes de capital que actúan nacional, transnacional e ilegalmente y que atentan contra los pueblos y la humanidad.

Como comunistas condenamos la actual política de Jimmy Morales, que respondiendo a intereses personales y de grupos particulares, solo se justifica para garantizar un clima nacional e internacional favorable a la impunidad en la actuación de grupos de poder criminales e ilegales, que cometen delitos de lesa humanidad.

Condenamos esta política alienada a los intereses imperialistas, a grupos de poder militar, religioso y económico de ultraderecha, agresivos, terroristas, segregacionistas, genocidas, que no traen ningún beneficio (ni divino ni material) para el país, sino que por el contrario han hecho que Guatemala se convierta el "hazme reír" a nivel internacional, pues la mayoría de los países y pueblos del mundo han condenado los crímenes de lesa humanidad de Israel contra el Pueblo Palestino.

Exigimos la renuncia inmediata del presidente de república, para que sea investigado y juzgado por los diversos delitos imputables a su accionar.

Asimismo, exigimos una reorientación inmediata de la política exterior de Guatemala, basada en los intereses nacionales y de los pueblos, la reciprocidad e igualdad entre las naciones, la solidaridad internacional, especialmente con los pueblos y naciones oprimidas, lo que incluye el reconocimiento de la soberanía popular y el derecho a la autodeterminación, en especial del pueblo palestino y del pueblo venezolano, para luchar y decidir sobre sus formas de gobierno, su territorio y su destino.

Partido Guatemalteco del Trabajo - PGT -

 

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