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Represión en aumento
Por Clara Rodríguez - Guatemala, 20 de diciembre de 2018

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Después de largos años de gobiernos castrenses, para 1986 volvieron las elecciones democráticas en el país. Eso no significó un cambio real en la estructura social, pero sí una modificación en el plano político. Tal cambio fue posible porque en el aspecto estrictamente militar las fuerzas revolucionarias estaban neutralizadas. Las políticas de tierra arrasada y una feroz guerra contrainsurgente con una monstruosa cantidad de personas desaparecidas debilitaron al movimiento guerrillero. A partir de ese escenario pudieron comenzar negociaciones que, años después, llevarían a la Firma de la Paz Firme y Duradera, en 1996.

La vuelta a esa democracia débil y solo formal (lo mismo que sucedió en toda Latinoamérica después de las sangrientas dictaduras habidas en el marco de la Guerra Fría, "democraduras", como las llamó Eduardo Galeano) abrió nuevos espacios. Si bien la mano férrea del ejército siguió controlando todo –con aparatos clandestinos de seguridad que nunca desaparecieron– se instaló un clima social que permitió algunos mínimos avances. Con la firma de la paz –que, hoy día, se evidencia como un absoluto acuerdo cupular a espaldas de las necesidades reales de la población– esos espacios se ampliaron algo más.

Debe quedar claro, sin embargo, que todos esos mínimos avances sociopolíticos estuvieron siempre bajo la atenta mirada de la derecha más recalcitrante y conservadora, supervisados en búsqueda de eso que se llamó "gobernabilidad" (eufemismo por decir: "todo bajo control").

En ese escenario político surgió hacia el 2015 una fabulosa "cruzada contra la corrupción". Eso siempre fue llamativo, por cuanto Guatemala se caracteriza –como todos los países de Latinoamérica– por una antigua y arraigada cultura de corrupción que alcanza todos los niveles. Queda claro ahora que eso fue un mecanismo geoestratégico de Washington, proba-do en estas tierras para luego iniciar su trabajo de re-versión (roll back) de gobiernos que no le eran muy afines (el PT en Brasil, Cristina Fernández en Argentina). Esa acción trajo como consecuencia una relativa movilización de la sociedad guatemalteca, terminando en una crisis política que finalizó mandando a la cárcel al entonces binomio presidencial (Pérez Molina y Roxana Baldetti). Pero luego de esa bien manejada crisis (asegurando "gobernabilidad" con la llegada a la presidencia de un candidato idóneo para seguir el guion: el comediante Jimmy Morales –más comediante que estadista–) la movilización social no paró.

En realidad, la corrupción fue uno de los elementos siempre denunciados, pero en la protesta social fueron cobrando fuerza otros aspectos: reivindicaciones campesinas e indígenas contra las industrias extractivas, reivindicaciones sociales y laborales, lucha contra la exclusión social, contra el patriarcado, contra la discriminación étnica y el racismo. Entre esos elementos y las investigaciones anticorrupción que siguió realizando la CICIG, el actual gobierno –defensor de un pacto entre quienes ven peligrar su statu quo ante la protesta social: clase empresarial, clase política corrupta, militares– se fue poniendo cada vez más nervioso. De ahí que en estos últimos meses asistimos a una creciente derechización y retroceso en esos espacios democráticos abiertos.

De esa cuenta, con los últimos cambios hechos en el gabinete por el presidente Morales y la llegada al Ministerio de Gobernación de Enrique Degenhart –ex asesor del desaparecido Álvaro Arzú–, el mensaje de retroceso político se hizo más evidente. La presencia de este funcionario sirvió para la desestructuración creciente de la Policía Nacional Civil, abriéndose la posibilidad de la reaparición abierta de grupos clandestinos y aparatos paraestatales de seguridad. Del mismo modo, hay una avanzada contra cualquier aspecto de avance democrático; de ahí el bombardeo a la CICIG y toda la campaña contra su comisionado, Iván Velásquez.

En esa línea se registra el debilitamiento del cuerpo policial (a través de la remoción de cuadros orgánicos profesionales y la inclusión de personal militar), lo que significa un retroceso en la democratización de esa fuerza, permitiendo el reposicionamiento de fuerzas represivas clandestinas.

En este proceso de derechización se articulan diversas acciones: el cambio de la Fiscal General, el continuo bombardeo contra el Procurador de Derechos Humanos, el bloqueo de todo intento de acción progresista. Las recientes medidas tomadas por la Fiscal General, destituyendo personal idóneo y debidamente capacitado, muestran otro retroceso en el avance de la profesionalización del MP.

Las acciones de claro mensaje contrainsurgente están a la orden del día: el Procurador –si bien trató de no hacerse público– recibió amenazas (como en las peores épocas de la guerra). La represión contra militantes populares está a la orden del día, y en lo que va del año se registran ya 20 muertes de líderes comunitarios, muertes que quedaron en total impunidad.

Con todo esto el mensaje de las cúpulas dirigentes es claro: se mantiene la "democracia" en un marco muy estrecho, democracia controlada, totalmente vigilada. De ese modo se detiene cualquier intento de profundizar la lucha contra la corrupción que, independientemente de ser una estrategia de Estados Unidos para "modernizar" la democracia guatemalteca, consiguió implicaciones interesantes, como un despertar de cierta consciencia ciudadana. La actual AEU, por ejemplo –combativa y anti mafia– es uno de sus efectos.

Con todo esto puede verse que corrupción e impunidad seguirán inalterables. Y las legítimas luchas populares serán cada vez más reprimidas. Por todo lo anterior asistimos a una democracia vacía, solo de nombre. Ante ello, solo la movilización popular podrá impulsar reales medidas de transformación. Todos los sectores populares y anticapitalistas debemos estar unidos, más unidos que nunca, para seguir construyendo las alternativas reales. Y esa alternativa no es otra que el socialismo.

Editorial, Camino Socialista No 40.

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