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El Partido Guatemalteco del Trabajo ante la crisis política actual en Guatemala
Por el Partido Guatemalteco del Trabajo - Guatemala, 1 de diciembre del 2020

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Guatemala vive una crisis política provocada por las disputas entre facciones de la burguesía y otros grupos de poder, así como por la adopción de políticas contrarias a los intereses del pueblo guatemalteco que han despertado, nuevamente, la indignación y lucha popular.

Aun cuando a partir del 2015 fueron investigadas y capturados miembros de varias redes criminales y mafiosas enquistadas en el Estado, es un hecho que no fueron eliminadas. Buena parte permanecen en la impunidad y han tenido la capacidad de volver a articularse. Así lo hicieron en torno a las candidaturas y presidencias de Jimmy Morales y Alejando Giammattei. Estas estructuras, integradas por grupos corporativo-empresariales, partidos políticos, militares y narcotraficantes, controlan organismos e instituciones estatales: Organismo Ejecutivo, Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, entre otras, y buscan capturar aquellas que aún no controlan: la Corte de Constitucionalidad, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Esas mafias son las que han configurado desde 1985, como hemos afirmando en varias ocasiones, el Estado neoliberal-mafioso que protege la explotación, saqueo y despojo. Representan –no sin tensiones y contradicciones entre ellas– los intereses de la burguesía y del capital transnacional, del narcotráfico, de la casta política y militar de derecha y de un conjunto de redes trasnacionales y locales. Se encuentran graníticamente unidas para proteger sus intereses y continuar el saqueo de los bienes públicos en total impunidad. Ante su falta de legitimidad y el descontento social, criminalizan y reprimen las luchas sociales a través de estados de sitio y procesos judiciales amañados contra quienes luchan y defienden derechos.

En este marco, la crisis política a la que asistimos se debe, por un lado, a una gestión gubernamental con protagonismo de instancias de poder paralelo a cargo de personas incapaces (como el Centro de Gobierno) y la marginación del Vicepresidente, lo que ha provocado contradicciones entre los máximos responsables del Ejecutivo y ha dado paso a una crisis entre el Presidente y el Vicepresidente, figuras que pertenecen a dos fracciones de poder económico y político en conflicto. En otras palabras, es una crisis producto de contradicciones entre facciones distintas de la burguesía. Por otro lado, a una gestión que se ha caracterizado por la incapacidad y falta de interés por instituir políticas que respondan efectivamente a los retos que plantean la pandemia por Covid-19 y los efectos de los huracanes ETA e IOTA. Los programas sociales y las acciones para atender la pandemia son solo paliativos e insuficientes; y la incapacidad para prevenir el desastre social que han provocado los huracanes ha sido evidente. Contrariamente, se ha dedicado a gestionar ampliaciones presupuestarias y mayor endeudamiento del país, lo cual ha servido para profundizar la corrupción y el saqueo de los recursos públicos.

La aprobación de un presupuesto desfinanciado para el 2021, cuestionado por la orientación de los recursos públicos y por el mecanismo ilegal utilizado para tal efecto, ha sido el desencadenante, el punto de inflexión para que se levantara, con justeza, la exigencia de renuncia del presidente de la República, al mismo tiempo que creció el descontento hacia el Congreso y otras instituciones estatales. A pesar de que el presupuesto ha sido engavetado, la movilización social se mantiene ya que buena parte de la ciudadanía se ha planteado una agenda de lucha más amplia orientada a la depuración de los organismos del Estado.

La protesta social, en la que participan diversos conglomerados sociales, ha crecido. Se cuestiona la corrupción y la gestión incapaz, autoritaria y corrupta del Presidente. Sin embargo, carece de una plataforma de lucha articulada y organizada, en el marco de una correlación de fuerzas que probablemente le permita a la burguesía y a sus aparatos partidarios resolver la crisis por una vía conservadora, tal como ocurrió en el 2015. Es decir, una salida en la que, más allá del desgaste que sufran las fuerzas políticas y quienes dirigen los organismos del Estado, estos logren salir nuevamente airosos y continúen avanzando en su estrategia para controlar aquellas instituciones que aún no dominan, evitando reformas que, por mínimas que sean, impliquen la pérdida de privilegios y negocios con los recursos públicos. Esto es lo que parece avanzar la decisión de archivar el presupuesto del Estado aprobado recientemente por el Congreso, con lo que se pretende disminuir la protesta social.

La posibilidad de lograr la renuncia de funcionarios, como la del presidente de la República, y la depuración de los organismos del Estado, dependerá de cuánto avance la movilización social y de la articulación social y hasta dónde logre orientarse hacia el logro de cambios profundos. Para ello, es necesario sostener e incrementar la movilización en todo el país, marco en el cual debe lograrse una agenda de lucha para hacer avanzar las transformaciones relacionadas con el carácter del Estado. Estas pueden ser posibles, en este momento histórico, a través de una asamblea plurinacional y popular constituyente de poder originario, que permita la transformación del Estado e impulsar un modelo económico dirigido, prioritariamente, a satisfacer las necesidades de toda la población. El planteamiento de un proceso constituyente de esta naturaleza cobró fuerza en 2015 y fue realizado por varias organizaciones (incluido nuestro Partido). Pero para que esta opción tenga éxito, debe ser la base de las movilizaciones sociales y de su articulación, de los discursos y de la comunicación alternativa; ante todo, debe ser compartida por la clase trabajadora, los pueblos y grupos de población excluidos y marginados, incluidas las capas medias. Es indispensable la articulación política de movimientos y organizaciones sociales y políticas, de manera que permita una estrategia y una conducción coherente con tales metas.

En este marco, el PGT manifiesta su apoyo y participa en las movilizaciones sociales protagonizadas por organizaciones, pueblos, movimientos sociales y ciudadanía en general, que impugnan al actual régimen político y demandan cambios no solo en la conducción de la cosa pública, sino también en la composición e integración de los organismos e instituciones del Estado.

Es necesaria la extensión territorial y temporal de las movilizaciones; convertirlas en un amplio movimiento popular del campo y la ciudad, de trabajadores y trabajadoras, de comunidades y pueblos, empleados, pequeños comerciantes, estudiantes, pobladores y capas medias. Un movimiento que lleve esta crisis a un punto de no retorno en dirección a transformaciones profundas y radicales, únicas que permitirían no solo derrotar al actual régimen, sino, sobre todo, sentar nuevas bases para construir una sociedad con justicia social plena.

En ese sentido, proponemos luchar por las siguientes metas:

1. La desarticulación total de todas las estructuras criminales y mafiosas que controlan el Estado, desde lo nacional hasta lo municipal y local; el encausamiento judicial de sus miembros (empresarios, políticos, militares, narcotraficantes, funcionarios públicos y sus operadores políticos), y el desmantelamiento de los mecanismos estructurales de la corrupción. Esto pasa por la depuración de los organismos del Estado.

2. El cese de la criminalización de las luchas sociales y de la represión contra el pueblo, defensores y defensoras de derechos humanos, dirigentes sociales y comunitarios. Esto implica la investigación y enjuiciamiento de los autores materiales e intelectuales de los hechos represivos del 21 de noviembre, incluidos el Director de la Policía Nacional Civil, el Ministro de Gobernación y el Presidente de la República.

3. Renuncia del Presidente y el Vicepresidente de la República, y establecimiento de un gobierno de transición, emanado del consenso de todas las fuerzas sociales y políticas.

4. La convocatoria a una Asamblea Plurinacional Popular Constituyente de poder originario, que redacte una nueva Constitución para la construcción de un Estado plurinacional y popular, anti patriarcal, respetuoso de la naturaleza, que garantice los derechos de la clase trabajadora, la libre determinación de los pueblos y nos permita avanzar en la transformación del modelo económico, de las políticas públicas y las instituciones.

Finalmente, el PGT llama a los trabajadores del campo y la ciudad, mujeres, campesinos, empleados, estudiantes, profesionales, capas medias urbanas y pueblo en general, a redoblar e intensificar la lucha por sus demandas específicas y por las transformaciones que necesita Guatemala.

Por Guatemala, la revolución y el socialismo


www.partidocomunistadeguatemala.blogspot.com


Partido Guatemalteco del Trabajo - PGT -

 

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