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Exigimos seriedad y respeto por parte de las autoridades de la USAC
Por la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala RPDG - New York, 2 de marzo de 2013

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Hace cerca de tres años, la USAC se vio en medio de una crisis profunda cuando los Estudiantes por la Autonomía (EPA), con el gesto digno de defender la preciada e indispensable autonomía que había sido mancillada por la Corte de Constitucionalidad, ocuparon la universidad. Tras un largo proceso de resistencia estudiantil, ensombrecido por amenazas y actos represivos de diversos funcionarios, tuvimos la suerte de que Monseñor Quezada Toruño, en su carácter de Reconciliador Nacional, mediara entre las partes en conflicto para que se firmara un acuerdo que resolviera la situación. Hay que señalar que dicho acuerdo no ha sido cumplido ni por el Consejo Superior Universitario (CSU) ni por el Rector. Pareciera que el acuerdo fue firmado por las autoridades –como lo hizo el Gobierno de Guatemala con el Acuerdo de Paz Firme y Duradera de 1996—con la intención de no cumplirlo. Hoy, acostumbrados en San Carlos a pasar por encima de acuerdos, reglamentos y leyes, algunos pueden creer que al haber fallecido Monseñor Quezada ya no se tiene que dar cuentas a nadie.

Las autoridades universitarias ignoran que el “derecho a la rebelión” está consagrado en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como que hay abundantes precedentes de paros y huelgas en el derecho laboral y en las luchas estudiantiles, desde la Reforma de Córdoba, en Argentina, hasta las Jornadas de marzo y abril de 1962, en Guatemala. Ese derecho a la rebelión ha sido reclamado y aplicado en la toma reciente de las instalaciones de la Rectoría. Se debe resolver esta medida de hecho no con represión y amenazas de expulsión de la universidad o acciones judiciales ante los tribunales –los recursos de los poderosos para acallar las legítimas protestas-- sino con el cumplimiento pleno e inmediato de los compromisos firmados entre el Rector y EPA.

Resulta inconcebible e insólito que dos años después de haber sido aprobada la fórmula para la integración de las Juntas Directivas de Facultades, el primer aspecto del acuerdo firmado, el CSU no haya enviado la propuesta al Congreso de la República para que se reforme la Ley Orgánica de la USAC. Más insólito e inconcebible resulta que tres años después de la firma del acuerdo, el CSU no haya aprobado, no la reforma universitaria, que era y sigue siendo urgente, sino que apenas la metodología para llevar a cabo dicha reforma. El Rector, en su segundo período de desaciertos, se hace las ilusiones de que va a concluir dicho período o, quizás, iniciar un tercer período, sin realizar la reforma universitaria, para no tener costos políticos en sus aspiraciones de ser Presidente de la República.

Esto debe terminar ya. ¿Cómo pretende el Rector conseguir el apoyo de la comunidad universitaria para presionar al gobierno de Otto Pérez a que pague el porcentaje constitucional del presupuesto nacional que legítimamente le corresponde a la USAC cuando lo único que puede mostrar es arbitrariedad y falta de transparencia, seriedad y diálogo? Los miembros del CSU, por su parte, que hasta ahora han renunciado a su función de autoridad máxima de la USAC, deben demostrar que la eliminación del “caudillismo” en Guatemala empieza en casa: la USAC no debe ser trampolín para la presidencia del país. Sin pasar el asunto a más comisiones, táctica dilatoria que todos los que ejercen el poder de manera autoritaria han utilizado, es tiempo de tener el valor de dejar que sea la comunidad universitaria, y no las camarillas tradicionales, las que decidan el rumbo de la universidad nacional, autónoma, democrática y comprometida con su pueblo.

El primer paso que el CSU debe dar es eliminar todas las medidas coercitivas para imponer la voluntad de las autoridades (denunciaremos internacionalmente cualquier sanción o acción represiva contra los líderes estudiantiles); el segundo paso será la aprobación de la metodología de la reforma en la manera en que el órgano legítimamente designado para proponerla la trasladó al CSU (la otra propuesta llevada al CSU es un abuso de poder y flagrante violación del acuerdo con EPA); y el tercer paso es declarar de “urgencia universitaria” proceder a un proceso serio pero acelerado, con el pleno respaldo político y financiero, para aprobar la reforma de la USAC antes de que se convoque al siguiente proceso de elección de Rector.

La reforma universitaria es el punto de partida para recuperar al Estado guatemalteco de su condición casi fallida. Necesitamos una institución pública que sea depositaria de los valores morales y éticos de nuestra sociedad. De acuerdo con la Constitución de 1945, esa institución debiese ser la Universidad de San Carlos de Guatemala, mandato que no ha cambiado con los sucesivos cambios de la Constitución. Exigimos seriedad y respeto.

Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala RPDG


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