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Denuncia de abuso y contaminación a fuentes de agua ocasionados por el avance de los monocultivos y obras de infraestructura invasivas
Por las Comunidades y Organizaciones de Guatemala presentes en la VIII Audiencia Pública del Tribunal latinoalericano del Agua - Guatemala, 21 de abril de 2016

En el marco de la VIII Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua, comunidades y organizaciones sociales de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, presentaron diversos casos de denuncia de abuso y contaminación a fuentes de agua ocasionados por el avance de los monocultivos y obras de infraestructura invasivas. En el caso de Guatemala se presentaron los casos de: monocultivo de caña de azúcar, monocultivo de banano y palma aceitera de la costa sur y el sistema de interconexión eléctrica PET 1-2009(caso Trecsa).

Pese a que las organizaciones sociales, ambientales y comunidades afectadas, hemos denunciado de manera formal ante instancias de gobierno, organismo judicial y ministerio publico los impactos ambientales provocados por los monocultivos, y la construcción de la infraestructura eléctrica en el país, las autoridades guatemaltecas no han accionado con resoluciones sancionatorias ni han mostrado voluntad en la resolución definitiva de la problemática, al contrario, en todas las ocasiones las mismas instancias del gobierno encubren a las agroindustrias y empresas transnacionales.

La prioridad del Estado debiera enfocarse en que la escases de agua apta para el consumo humano en el país superó ya los pronósticos más alarmantes, que la sustentabilidad de la vida depende de éste vital líquido, que la vida es un derecho inalienable, así como el derecho humano al agua, antes de facilitar y conceder los bienes y recursos naturales colectivos a las mega-empresas transnacionales y nacionales.

Los desvíos de ríos, el uso excesivo del agua, la contaminación por desechos industriales del aire, tierra y agua, la fumigación aérea con agroquímicos, la construcción de obras de infraestructura que dañan áreas protegidas y la salud humana, la falta de consulta a la población sobre estas obras, la criminalización y represión de las y los defensores de derechos humanos son entre muchos otros los principales problemas que fueron denunciados ante los jurados del Tribunal Latinoamericano del Agua.

El monocultivo de Caña en Guatemala

En Guatemala la producción de caña de azúcar representa una amenaza para la biodiversidad, la soberanía alimentaria, la agroecología y el consumo sano y responsable de alimentos, debido a que esta agroindustria ha provocado el secamiento de ríos y pozos, la perdida de cultivos y la mortandad de peces como consecuencia del uso de agroquímicos y madurantes en las cañeras

En las comunidades afectadas, los índices de enfermedades infecciones gastrointestinales dermatológicas, respiratorias y las enfermedades renales se han incrementado en los últimos años, como consecuencia de la contaminación.

Los afectados que participamos en la audiencia pública, somos representantes de ciento veinte comunidades de la costa sur de las cuales treinta y una acudimos a testimoniar, comunidades que carecemos de agua entubada, por eso, dependemos de los ríos para consumo humano y para el uso doméstico. Pese a el apego a la ley por parte de las comunidades en denunciar formalmente los atropellos de la agroindustria respaldadas con pruebas científicas, técnicas y legales sólidas, la PGN hizo llegar una carta al Tribunal del Agua solicitándole declarar “SIN LUGAR” la demanda, en contraste, el Ministro de salud pública y asistencia social hizo llegar una carta al mismo tribunal reconociendo las denuncias hechas por las comunidades.

El monocultivo de palma y banano en la Costa Sur de San Marcos

Durante estos últimos diez años, las comunidades de la Costa Sur en Defensa del Territorio del municipio de La Blanca, hemos iniciado multitud de denuncias ante diferentes instancias de gobierno, probando que las actividades agroindustriales de banano y palma aceitera por parte de la Bananera Nacional S.A. BANASA y el Grupo Empresarial HAME, incurrían en ilegalidades, violentaban nuestros derechos humanos y operaban sin autorizaciones ambientales. Sin embargo, estas denuncias no han prosperado ya que las instancias competentes han actuado siempre a favor de las agroindustrias.

Denunciamos públicamente, la contaminación industrial, los cambios de cauce del río Zanjón Pacayá sin autorización ambiental, los cambios de uso de suelo, el secamientos de pampas, la deforestación, el manejo inadecuado de los desechos orgánicos e inorgánicos, el uso de químicos altamente tóxicos para trabajadores y comunidades aledañas y la violación sistemática a nuestra soberanía alimentaria.

Ante la incapacidad y falta de voluntad por parte de las autoridades competentes, las comunidades afectadas solicitamos al Tribunal Latinoamericano del Agua exhorte al Estado de Guatemala a que se revisen apegados a la ley las concesiones otorgadas a favor de la Empresa Bananera Nacional S.A. BANASA y al Grupo Empresaria HAME, respecto al uso y goce del caudal de los Ríos Ocosito y Zanjón Pacayá, que se realicen los estudios especializados para determinar la calidad de agua del Rio Ocosito y Zanjón Pacayá, ya que son la fuente principal de abastecimiento de las comunidades demandantes, y que se garantice el derecho humano al agua y a la alimentación adecuada de nuestras comunidades.

El caso del Sistema de Interconexión Eléctrica PET 1-2009, conocido como proyecto TRECSA

Los representantes comunitarios de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA denunciaron que el Proyecto es uno de los más estratégicos para el modelo extractivista que se impulsa en Guatemala, dado que busca conectar las principales hidroeléctricas que existen y las que están en construcción, conectando a su vez los principales proyectos mineros que se establecen en Guatemala. Ésta interconexión forma parte de un solo modelo económico, diseñado sin consulta y para beneficio de grupos corporativos nacionales y transnacionales.

Esta mega carretera eléctrica de mas de 850 km deja deforestados 25, 500,000 m² de territorio, lo cuál afecta directamente a 8 reservas naturales e importantes zonas de recarga hídrica. Esto ha incidido en el secamiento de fuentes agua y la perdida de suelos cultivables. Afectando la seguridad alimentaria, el incremento en el cambio climático y la escases del vital líquido para la población.

Este proyecto se ha implementado con varias irregularidades en todo el proceso de gestión y a costillas de los guatemaltecos, aunque la construcción de la nueva matriz energética fue un segundo paso en el proceso de privatización del sector eléctrico, realizado en el año 1996 bajo el gobierno de Álvaro Arzú. Éste caso pretende dilucidar dicho proyecto como la piedra angular de todo el modelo extractivo promovido por los grandes poderes económicos del país.

Ante esta situación, las comunidades, afectadas demandamos:

a) Al Estado de Guatemala que atienda las resoluciones y cumpla con las recomendaciones emitidas por este Honorable Tribunal Latinoamericano del Agua, tomando en cuenta los principios de precaución y prevención para proteger los bienes naturales colectivos y los derechos humanos de toda la población, en especial el derecho humano al agua.

b) Al Estado de Guatemala que frene la expansión desmedida de los monocultivos y revise la normativa relacionada a los instrumentos de gestión ambiental para que éstos cumplan su función de prever y evitar posibles impactos ambientales que producen la agroindustria y los proyectos agresivos con el medio ambiente. Fortaleciendo la capacidad de supervisión y sanción por parte de la institucionalidad ambiental en el país, de manera que se refleje en una mayor asignación presupuestal, mejor calidad del gasto, personal capacitado y permanente, entre otras cosas.

c) Establecer un programa de restauración de los ecosistemas, ríos y todos los cuerpos de agua afectados como consecuencia de la agroindustria y la matriz energética, así como los sistemas de producción agrícola campesina basada en la agroecología y la seguridad alimentaria. El costo deberá ser cubierto por la empresa que ha sido causantes de la contaminación y/o daños; y el Estado y la institucionalidad pública competente garantizara su ejecución.

d) Que se realicen evaluaciones a la salud de las comunidades afectadas, especialmente aquellos más vulnerables, para prevenir, y en los casos de enfermedad relacionados a la sequia y contaminación se indemnicen a los afectados por los daños provocados a la salud, lesiones y pérdidas humanas provocadas por actividad económica de la agroindustria.

e) Que urge trabajar en una gobernanza del agua incluyente, responsable, justa y dentro del marco de las leyes, acuerdos, tratados, declaraciones y convenios nacionales e internacionales vinculadas a éste derecho humano con la debida pertinencia cultural de los pueblos.

f) Que el Estado asuma la investigación, promoción y financiamiento de proyectos alternativos para la generación de energía eléctrica, que si bien puede incluir el uso del caudal hídrico del país, debe evitar la construcción de infraestructura que afecte los territorios y la biodiversidad de los mismos. Siempre con la participación y consentimiento (consultas previas e informadas) de las comunidades directamente impactadas.



¡ AGUA PARA LA VIDA, NO PARA LAS EMPRESAS !

COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES DE GUATEMALA PRESENTES EN LA VIII AUDIENCIA PÚBLICA DEL TRIBUNAL LATINOAMERICANO DEL AGUA


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