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1. Que los medios de prensa han informado sobre el convenio entre el Gobierno de la República y la Gremial de Industrias Extractivas, de la cual son integrantes las empresas transnacionales que operan a través de Montana Exploradora, en el sentido de que las empresas “de buena voluntad” se comprometen a entregar en materia de regalías porcentajes ligeramente superiores y por lo tanto simbólicos, al 1% que la ley actual de minería tiene establecido. El gobierno del Partido Patriota, justifica su entreguismo sobredimensionando el impacto económico, que sobre la economía nacional tendrá esa “obra de caridad”. 2. Que con una visión eminentemente economicista y neoliberal, el gobierno muestra su voluntad política de entregar la soberanía nacional en materia de uso del suelo y el subsuelo patrio de manera irresponsable, pues con esto da muestras de que está dispuesto a entregar los bienes y recursos naturales, sin importarle la magnitud de los daños que le causen a Guatemala, su tierra y territorio, su medio ambiente y sobre todo a sus habitantes. 3. Que en el Congreso de la República existen varias iniciativas de ley para introducirle reformas a la actual ley de minería, dentro de estas se encuentra la Iniciativa de Reforma Total a la Ley de Minería presentada por la Bancada de URNG/MAIZ en Octubre del 2010, en donde se prohíbe la exploración y explotación minera por métodos químicos, por ser altamente contaminante de manera irreversible, principalmente a las aguas superficiales y profundas. También en la iniciativa se establece el marco regulatorio para proteger al medio ambiente, la soberanía del Estado sobre el uso del suelo y el subsuelo, el pleno reconocimiento y el carácter vinculante que sobre la materia tienen las consultas populares sustentadas en el Convenio 169 de la OIT. 4. La iniciativa también establece un nuevo marco jurídico para las empresas de exploración y explotación mineras, en el sentido de su registro comercial, el pago de impuestos, así como un monto digno y justo para el pago de las llamadas regalías para que en su conjunto el Estado adquiera los recursos necesarios para garantizar una vida digna a la población en general y el desarrollo pleno del país. También obliga a las empresas a pagar los costos de la mitigación y la rehabilitación ambiental, así como a regirse a las leyes laborales del país. En materia de las hidroeléctricas. 5. La ley nacional de electricidad vigente es contemporánea de la de minería (época de Arzú), privatiza principalmente la distribución de energía eléctrica, hecho que beneficia a las empresas nacionales y transnacionales, debilita al Estado y le resta capacidades y potestades al INDE. En estos momentos la generación de energía eléctrica se está ejecutando sobre la base de proyectos hidroeléctricos público - privados, los cuales están causando conflictividad social en las poblaciones que habitan en los territorios que están siendo afectados, es de señalar que estos espacios territoriales lo constituyen tierras comunales. 7. En estos momentos el gobierno del Parido Patriota impulsa la llamada reforma fiscal, la cual es semejante a la que la UNE quiso presentar en el período pasado, sin embargo resulta interesante y por el hecho digno de estudiarse más a fondo, pues el sector privado sin mayores reparos la aceptó. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG-MAIZ
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