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Burda maniobra del gpbierno de Otto Pérez Molina intenta cimentar la impunidad
Por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Movimiento Amplio de Izquierda - Guatemala, 7 de enero de 2013


El día miércoles 2 de enero de 2013, el Gobierno de Guatemala, que encabeza el General retirado Otto Pérez Molina, publicó en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Gubernativo 370-2012, el cual pretende desconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para juzgar y resolver denuncias contra el Estado de Guatemala por violaciones de DDHH sucedidas antes que surtiera efecto el reconocimiento de Guatemala a dicha Corte, en marzo de 1987, no obstante haberse reconocido la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) desde 1978.

Esta burda y descarada acción es una maniobra más, que se inserta en una serie de acciones promovidas directa o indirectamente por el organismo Ejecutivo y grupos de la más oscurantista ultraderecha, que pretenden generar bases pseudo-legales para mantener en la impunidad las graves y sistemáticas violaciones a los DDHH cometidas por el Ejército y otros aparatos represivos del Estado durante la guerra interna que afectó Guatemala de 1960 a 1996.

Es importante señalar que según el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) “Guatemala, Memoria del Silencio”, 95% de las 626 masacres documentadas fueron cometidas entre 1978 y 1984, concentrándose 64% de ellas en tan sólo 18 meses, de junio de 1981 a diciembre de 1982. La CEH investigó y documentó al menos cuatro casos de genocidio contra las comunidades lingüísticas Q’anjobal, Ixil, Quiché y Achí, respectivamente, en áreas geográficas plenamente establecidas, entre los años de 1981 a 1983.

Es precisamente este período de tiempo, el de la mayor represión del Estado contra su población, el que el Presidente Pérez Molina pretende dejar en plena impunidad con el Acuerdo Gubernativo en cuestión, encubriendo no sólo a los altos mandos militares, sino a generaciones completas de mandos medios y subalternos cuya presunción de inocencia colectiva no puede ser esgrimida, en tanto no se señale, juzgue y condene a los responsables individuales –intelectuales y materiales- de miles de execrables violaciones de los DDHH.

Los casos de genocidio, las masacres y otros delitos de lesa humanidad, tales como tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad y –por lo tanto- no prescriben. Las desapariciones forzadas son delitos continuados, es decir, que la responsabilidad del Estado no se extingue en tanto no se esclarezca plenamente el paradero de las víctimas, la responsabilidad de los hechores y se haga justicia, así pasen varios años o décadas. La denegación de justicia para las víctimas y el irrespeto al debido proceso, independientemente de cuándo haya sido cometido el hecho, es motivo más que suficiente para que las víctimas o sus familiares lleven sus casos ante las más altas instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.


El Acuerdo Gubernativo 370-2012, a todas luces, carece de fundamento y debe ser considerado nulo ipso jure, en tanto que contraviene principios fundamentales del Derecho de los tratados y pactos internacionales, -que en materia de DDHH, según el Artículo 46 de la misma Constitución Política de la República- se encuentran por encima de la legislación ordinaria, y por lo tanto, con mayor razón, también por encima de acuerdos emitidos por el Ejecutivo, que no pasan por la discusión en el Organismo Legislativo.

Paradójicamente, el Acuerdo 370-2012, pretendería situarse por encima de la jurisprudencia ya sentada mediante importantes precedentes desde 1996 hasta la fecha, en los cuales el Estado de Guatemala ha sido condenado y ha debido ejecutar sentencias emitidas por la CIDH por casos sucedidos con anterioridad a marzo de 1987. En este sentido es importante hacer notar que es exclusivamente la CIDH la que tiene la competencia para reconocer su propia competencia y admitir o rechazar denuncias contra cualquier Estado miembro, sin que el mismo pueda limitarle unilateralmente esa potestad, pretendiendo convertirse en juez y parte a la vez. Con lo cual, el actual Gobierno de Guatemala evidencia no sólo su incapacidad, sino su clara intención de sustraerse a la competencia de la CIDH para evitar reconocer y tener que cumplir con sentencias condenatorias como las emitidas recientemente en el caso del “Diario Militar” y del sindicalista Fernando García.

URNG rechaza y condena enérgicamente esta nueva maniobra gubernamental que intenta vedar el derecho a la justicia de las víctimas de la violencia de Estado, burlándose de ellas y de sus familiares. Como parte signataria de los Acuerdos de Paz, URNG llevará la discusión del tema y planteará las acciones políticas pertinentes ante el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz –CNAP-, reservándose el derecho de plantear otras acciones que considere necesarias.

Finalmente, URNG llama a las organizaciones sociales y a la población guatemalteca, a unificar esfuerzos de forma seria, objetiva, responsable, consecuente y plenamente comprometida con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en pro de la plena recuperación de la memoria histórica y del imperio de la justicia, como pilares fundamentales para la edificación de un Estado de Derecho al servicio de todas y todos los habitantes de nuestro país.


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL.

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG-MAIZ


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