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Por la defensa de la educación pública y el respeto del Estado de Derecho, exigimos la inmediata liberación de los normalistas detenidos injustamente
Por varios ciudadanos y organizaciones - Guatemala, 18 de febrero de 2013

El día viernes 08 de febrero, miembros de la Policía Nacional Civil detuvieron al maestro y estudiante universitario Giancarlo Samayoa y al estudiante normalista Darwin Morales[1], miembros de la comunidad normalista. El hecho ocurrió a inmediaciones del Instituto Normal para Señoritas Belén. La detención se produjo cuando los estudiantes pretendían tomar las instalaciones de dicho Instituto, como medida desesperada ante la intransigencia del gobierno de turno renuente al diálogo y empeñado en imponer su reforma de la Formación Inicial Docente, cuestionable desde la perspectiva pedagógica, social, económica y política.

Como ciudadanos de pleno derecho consideramos que no es a jóvenes ansiosos de libertad y henchidos de valor por defender la justeza de su lucha, a quienes debe perseguirse. En cambio, es condenable el despropósito y el abuso de poder de quienes contravienen sus obligaciones e implementan políticas contrarias a la Carta Magna que les ordena, en tanto funcionarios públicos, garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona (Art. 2). No hay asidero posible, ni legal ni moral, para el actuar del gobierno, de su ministra de educación y de su ministro de gobernación, al desoír, descalificar, criminalizar, reprimir -física, psíquica o simbólicamente- a ciudadanos que se opone pacíficamente a sus designios.

Los jóvenes detenidos son expresión de un importante sector de la ciudadanía que reclama su derecho a una educación pública, de calidad; a ser sujetos de una reforma magisterial cuyo fin primordial sea el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal, como también mandata la Constitución en su artículo 72, y no a ser objetos de una reforma retrógrada, conservadora, limitadora de derechos como la que pretende el organismo ejecutivo.

Es en virtud de ese conocimiento que jóvenes, como los ahora detenidos, luchan contra la imposición de la llamada “Estrategia para una educación de calidad” por parte de este gobierno. La referida estrategia contraviene lo establecido en la Constitución de la República (artículos 71-73, 76) y la ley de Educación Nacional (artículos 10 y 12) por ser una disposición ministerial sin respaldo pleno en el Consejo Nacional de Educación.

Quienes abajo firmamos, rechazamos rotundamente este actuar represivo contra la comunidad normalista, así como toda acción que desde el gobierno se oriente a criminalizarla. También nos oponemos a la intención por imponer una instrucción autómata, a la reducción de la educación pública a través de una velada privatización y los consiguientes efectos que tendrá en la educación de nuestros hijos e hijas, y en los derechos adquiridos por el magisterio nacional.

Demandamos la inmediata liberación de los dos jóvenes detenidos, claramente, por causa política, cuya integridad física, moral y psíquica ha sido ilegalmente lesionada. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a la comunidad científica, a los estudiantes, padres de familia y al pueblo en general, para apoyar esta justa demanda y a pronunciarse contra la represión que viven hoy las y los estudiantes normalistas.

Ciudadanos demandantes

Ada Melgar
Adela Castañeda M., estudiante de sociología
Ana Eugenia Paredes
Ana López Molina
Ana Lucía Ramazzini
Analu Sáenz
Ana Silvia Monzón, socióloga
Belinda Ramos, socióloga
Brenda Hernández, máster en administración de recursos humanos
Candelaria Carrera
Carlos Aldana Mendoza, doctor en educación, responsable de Derechos Humanos de la Fundación Rigoberta Menchú
Dra. Lisette Aguilar Prado
Dorotea Gómez Grijalva, antropóloga
Enrique Corral
Federico Medrano, médico
Fernando Rodríguez
Flor de María Castañeda
Gustavo A. Illescas A.
Gustavo Molina, economista, especialista en desarrollo rural y seguridad alimentaria.
Gustavo Muñoz, artesano de la vida
Gustavo Normanns, sociolingüista y antropólogo social
Gustavo Pernilla
Héctor Abraham Herrera Alvarado, director ejecutivo de la Red de Jóvenes Voluntarios por los Derechos Humanos y la Prevención del VIH.
Hugo Morales, ingeniero
Iduvina Hernández Batres, defensora de DDHH
Iveth Morales, trabajadora social
Jorge Santos
José Azurdia
José Barnoya García, médico
José Rafael Calderón Quiñonez, estudiantes universitario
Juan Humberto Botzoc Che
Kajkoj Máximo Ba Tiul
Lily Hernández, jubilada
Lily Muñoz, socióloga feminista
Lin Valenzuela
Liseth Castro
Manuel Baudilio Ramírez Moya
Marco Colindres
María Eugenia Díaz Díaz
Mario Alfonso Bravo, ingeniero civil y psicólogo social
Mario Mazat, pedagogo
Mario Sosa, antropólogo social
Mauro Marroquín, profesor
Maya Alvarado
Mayra Palencia, economista
Mirna Ramírez Pérez, activista social
Mónica Salazar, psicóloga social
Oscar Hernández Melgar, jubilado
Pablo Rangel, investigador y profesor
Pablo Sigüenza Ramírez
Patricia Castillo, maestra en políticas públicas
Reina López, licenciada en Trabajo Social
Ruth Piedrasanta, antropóloga
Sonia López Alvarez
Tania Palencia Prado
Ursula Roldan Andrade, académica y activista, geografía,
Ximena Morales, defensora de derechos humanos, Suiza
Veronica Izaguirre, estudiante de Historia
Wendy Mendez, educadora

Organizaciones demandantes


Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH-
Colectivo Vida Independiente de Guatemala
Consejo de Estudiantes de Posgrado de FLACSO Guatemala –CEFLACSO–
EducaGuatemala (Instituto de investigación para la Incidencia en Educación y la Formación Docente)
Frente Popular
Fundación Guillermo Toriello
Fundación Rigoberta Menchú Tum
Grupo Monseñor Romero
Mujeres Abriendo Caminos, Los Ángeles California.
Sindicato de Trabajadores Comerciantes Independientes del Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala -SITRACOMUSAC-
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas -UNAMG-


[1] En el momento de publicar este pronunciamiento, Ewin ha sido ya liberado por las acciones jurídicas y políticas a su favor.

Guatemala, febrero de 2013


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