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COMUNICADO DE PRENSA: Suspensión de desalojos y verdadera política agraria, claves para resolver los conflictos de tierra
Por Amnistía Internacional, Londres - Madríd - Guatemala, agosto de 2005

Al finalizar una visita de dos semanas a Guatemala, Amnistía Internacional expresó honda preocupación por las profundas irregularidades, violaciones a los derechos humanos y el trato discriminatorio del que son objeto campesinos guatemaltecos en el contexto de los procesos judiciales que culminan en órdenes de desalojo.

Tras mantener reuniones con diversas autoridades guatemaltecas y representantes de organizaciones de derechos humanos, campesinos y propietarios de fincas, Amnistía Internacional urge al gobierno guatemalteco a suspender los desalojos y ordenar una evaluación independiente de los que se han efectuado desde su llegada al poder, con el fin de subsanar los serios problemas jurídicos y abusos sistemáticos que se cometen en el cursos de dichos desalojos.

Los problemas y abusos identificados por Amnistía Internacional durante su visita a Guatemala incluyen:

Fallas en las operaciones de la Inspectoría de Trabajo para asegurar que los salarios, indemnizaciones y prestaciones conforme a la ley sean pagadas regularmente en todas las fincas de Guatemala.

Las fallas y retrasos en el tratamiento de demandas por pago de prestaciones, las cuales motivan acciones de ocupación para apoyar los reclamos.

La respuesta insuficiente del Ministerio Público -- frecuentemente una aplicación mecánica, rápida, y sistemática de las figuras delictivas de usurpación y usurpación agravada con las consiguientes órdenes de captura y desalojo de cientos de familias de tierras que han ocupado con frecuencia durante generaciones. Es preocupante que ni la letra ni el espíritu de la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo es tomada en cuenta.

Indicios de que no se estudian con la debida diligencia requerida la validez de reclamos de titilación incompleta o dudosa. En ciertos casos la verificación por autoridades competentes de los terrenos disputados es impedida por los propietarios de fincas y sin embargo las órdenes de desalojo o lanzamiento son ejecutadas.

La relativa rapidez con la que se firman las órdenes de desalojo y de captura, en contraste con la lentitud y periodos de prescripción mínimos para hacer valer derechos de campesinos en recobrar prestaciones e indemnizaciones. Esto apunta hacia un trato discriminatorio por el sistema de administración de justicia.

Las quejas de los campesinos con respecto a la falta de atención e investigación sobre sus denuncias de amenazas de muerte y otros actos de intimidaciones por los propietarios de fincas o por sus empleados o agentes de seguridad privada.

La destrucción de pertenencias, enseres domésticos e incendio de viviendas, de manera casi sistemática en el contexto de los desalojos.

Estos hechos son hechos delictivos no contemplados en las órdenes de desalojo firmadas por el Juez y suceden en ciertas ocasiones delante de efectivos, a veces centenares, de la Policía delegada por el mismo Juez para ejecutar la orden de desalojo. Otras autoridades presentes comprenden representantes del ministerio público, y la Procuraduría de Derechos Humanos. Existen en ciertos casos informes documentados de la participación directa de la policía en el desmantelamiento involuntario y la quema de hogares campesinos. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, es personal al servicio del propietario de la finca que llevan a cabo dicha destrucción ante la mirada pasiva de la Policía y autoridades presentes.

Los informes de los delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos detallando abusos durante el desalojo ante el Ministerio Publico no parecer ser objeto de seguimiento por este ultimo. Parecería ser considerados como actos “normales” conexos a los desalojos.

La escasez de intérpretes en los diferentes idiomas indígenas en las diferentes instancias que conocen el conflicto lo que impide una participación e información eficaces de los afectados, problema fundamental reconocido por todas las partes.

Amnistía Internacional reconoce la importancia dada a los procesos de mediación y conciliación para resolver los conflictos. Sin embargo, ve con preocupación que dichos procesos sean en ocasiones interrumpidos por la ejecución del desalojo, lo que conlleva el fin del dialogo y propicia la aparición de violencia entre las partes.

Amnistía Internacional agradece la información recibida y apertura de las autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil con las que se reunió en el curso de su visita.

Amnistía Internacional reconoce el deber y derecho de las autoridades guatemaltecas de crear una institucionalidad funcional que respete plenamente los preceptos constitucionales y normas internacionales relacionados con los problemas agrarios, con el fin de prevenir y resolver con apego a la justicia los conflictos agrarios, en beneficio de todos aquellos que trabajan la tierra.

Finalmente Amnistía Internacional insta a las autoridades a desarrollar una política agraria específica para prevenir y resolver los casos de conflictividad agraria centrada en la protección y defensa de los derechos humanos.

Información Adicional
Durante su visita, los delegados de Amnistía Internacional visitaron varias localidades del país y se entrevistaron con el Fiscal General de la República, fiscales del Ministerio Público, Jueces, representantes del Ministerio del Trabajo, de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), de COPREDEH y con funcionarios de CONTIERRA y FONTIERRA. La delegación también mantuvo reuniones con representantes de organizaciones de campesinos, propietarios de fincas, y campesinos desalojados o en instancia de ser desalojados de tierras reclamadas como propias o baldías.

Para más información, por favor, contáctese con la delegación de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga en (502) 5969 0266

Fuente: www.amnesty.org - AMNISTÍA INTERNACIONAL - Índice de AI: AMR 34/037/2005 (Público) Numero del Servicio de Noticias: 233 - 26 de agosto de 2005


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