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AUTO del Juzgado Central de Instrucción Nº1 de la Audiencia Nacional - DILIGENCIAS PREVIAS 331/1999-10
Madrid, 15 de febrero de 2005

En la ciudad de Madrid, martes, 15 de febrero del 2005.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La presente causa, Diligencias Previas nº 331/99, se sigue en virtud de denuncia y querellas formalizadas, entre otros, por Doña Rigoberta Menchú Tum contra el General Efraín Ríos Montt, Jefe de Gobierno por golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983; General Oscar Humberto Mejía Víctores, Jefe de Gobierno por golpe de Estados del 8 de agosto de 1983 al 14 de enero de 1986; General Fernando Romeo Lucas García, Presidente de la República de Guatemala de 1978 a marzo de 1982; General Ángel Anibal Guevara Rodríguez, Ministro de Defensa de Guatemala durante el Gobierno de Lucas García; Donaldo Álvarez Ruiz, Ministro de Gobernación de Guatemala durante el Gobierno de Lucas García; Coronel Germán Chupina Barahona, Director de la Policía Nacional durante el Gobierno de Lucas García; Pedro García Arredondo, Jefe del Comando Seis de la Policía Nacional durante el Gobierno del General Lucas García, y General Benedicto Lucas García, Jefe del Estado Mayor del Ejército durante el Gobierno de su hermano Lucas García. A todos ellos se les imputaba la comisión de delitos de genocidio y terrorismo.

SEGUNDO.- Mediante auto de fecha 27 de marzo de 2000 se admitieron a trámite las distintas querellas sustentadas en la imputación relatada. Recurrida la mencionada resolución por el Ministerio Fiscal, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó Auto de fecha 13 de diciembre de 2000, estimando el mismo, declarando que no procedía en ese momento la actuación de la jurisdicción penal española.

La citada resolución fue recurrida en casación por las acusaciones dictándose por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sentencia de fecha 25 de febrero de 2003 por la que se estimaba parcialmente el mismo en los siguientes términos literales: “1º. Revocar parcialmente el Auto de la Audiencia Nacional de fecha 13 de diciembre de 2000. 2º. Declarar, con base en el art. 23.4 g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las disposiciones de la Convención Contra la Tortura, la jurisdicción de los Tribunales españoles para la investigación y enjuiciamiento de los hechos cometidos contra ciudadanos españoles en la Embajada Española en Guatemala el 30 de enero de 1980 y de los hechos cometidos en perjuicio de los ciudadanos españoles Faustino Villanueva, José María Gran Cirera, Juan Alonso Fernández y Carlos Pérez Alonso”.

Actualmente se sustancia recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional formalizado por las acusaciones particulares, al entender cómo la jurisdicción española debe extenderse, en aplicación del principio de persecución universal, a los delitos de genocidio y terrorismo.

TERCERO.- En el transcurso de la instrucción se ha librado Comisión Rogatoria a las Autoridades Guatemaltecas con el fin de que se autorice la práctica de concretas diligencias a una Comisión Judicial Española que se personaría en la citada República, sin que al día de hoy se haya dado respuesta.

CUARTO.- La Procuradora Sra. Cañedo Vega, en nombre y representación de las distintas acusaciones particulares, con fecha 4 de febrero de 2005, ha presentado escrito interesando se librara orden internacional de detención en la persona de Fernando Romeo Lucas García, y se dirija esa orden de detención a la República Bolivariana de Venezuela.

HECHOS

Partiendo de la competencia jurisdiccional actualmente declarada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo en sentencia de fecha 25 de febrero de 2003, y de la instrucción concluida al día de hoy, se infiere cómo entre enero de 1980 y septiembre de 1981 Fernando Romeo Lucas García era Presidente de la República de Guatemala, Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, ministro de Defensa, Benedicto Lucas García, Jefe del Estado Mayor, Germán Chupina Barahona, Director General de la Policía y Donaldo Álvarez Ruiz, Ministro de la Gobernación. Consta asimismo, y en grado de seria probabilidad, cómo en el citado periodo y en otro más amplio, desde la citada estructura gubernamental se entretejió un plan tendente a minimizar la etnia maya, provocando desplazamientos forzados, haciendo de la violencia generada en la propia organización estatal instrumento apto a tales fines. Esa violencia se materializó en plurales asesinatos, torturas, violaciones de mujeres, etc., haciendo del terror un modus vivendi. No sólo se atacaba físicamente a la etnia maya, sino asimismo al conjunto de personas, principalmente sacerdotes misioneros, que denunciaban dichos hechos y prestaban su auxilio a los campesinos, tratando de preservar su dignidad, y el que las atrocidades no cayeran en el olvido. Dichas actuaciones criminales iban dirigidas a amedrentar no sólo a la población maya, sino a las personas que les prestaban su ayuda, como forma de castigo y como anuncio o aviso de los que podía ocurrir a quienes preservaran en su comportamiento humanitario y digno del mayor reconocimiento. Al establecerse una mínima normalidad en la República de Guatemala se realizó una revisión tanto a nivel nacional como internacional de lo sucedido en esos años “negros” (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Informe sobre Recuperación de la Memoria Histórica, etc.). En el desarrollo de dicha actuación criminal orquestada desde instancias gubernamentales, y en lo que actualmente interesa, cabe imputar a las personas anteriormente citadas la instigación o comisión intelectual de los siguientes hechos:

1.- En la mañana del día 31 de enero de 1980 un grupo de campesinos del departamento guatemalteco de Quiché se introdujo en la Embajada de España en Guatemala con el fin de que dicha representación diplomática sirviera de interlocutora válida ante sus pretensiones consecuencia del acoso gubernamental a que estaban siendo sometidos. No consta que la mencionada ocupación no fuera pacífica. No obstante esas circunstancias, los imputados ya filiados, acordaron que la Policía y otras Fuerzas de Seguridad entraran en la delegación diplomática sin consentimiento, y que abatieran mortalmente al conjunto de sus ocupantes. En las escasas horas que duró el incidente, no se atendió ninguna de las llamadas efectuadas por el Excmo. Sr. Embajador del Reino de España, entre ellas al Ministro de Gobernación (Donaldo Alvarez Ruiz); consecuencia del acuerdo inicial de abatir a los campesinos, asumiendo el asesinato de cualquier terceros, entiéndase funcionarios españoles destacados en la Embajada y visitantes. Como consecuencia de lo anterior murieron 36 personas. Entre ellas los ciudadanos españoles D. Jaime Ruiz del Arbol (Secretario de la Embajada), D. Luis Felipe San Martínez y Doña María Teresa Vázquez de Villa. Igualmente el Excmo. Sr. Embajador, D. Máximo Cajal sufrió lesiones de consideración. Con fecha 22 de septiembre de 1984 los gobiernos guatemalteco y español emitieron un comunicado conjunto en el que acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, reconociendo expresamente el Gobierno de Guatemala que lo sucedido constituyó una violación de los arts. 22 y 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y por tanto aceptando, en relación con España, los efectos y consecuencias jurídicas que de ello pudiera derivarse. El hecho de no filiarse a las personas de nacionalidad de Guatemala obedece exclusivamente a cómo nuestro Tribunal Supremo, sin perjuicio de lo que resuelva el Tribunal Constitucional, ha limitado la jurisdicción española a los asesinatos de los nacionales españoles.

2.- Asimismo, y con una finalidad de castigo por su colaboración con el conjunto de campesinos y el pueblo maya, tratando de generar miedo en terceros que pretendieran lo mismo, los imputados ya filiados, instigaron intelectualmente y ordenaron el asesinato de los siguientes sacerdotes españoles:

a) D. Faustino Villanueva Villanueva, asesinado por miembros del ejército guatemalteco en su despacho parroquial de Joyabaj (Quiché) el 10 de julio de 1980.

b) D. José María Gran Cirera, asesinado por miembros del ejército guatemalteco en Chapul (Quiché) el 4 de junio de 1980.

c) D. Juan Alonzo Fernández, asesinado por miembros del ejército guatemalteco en La Barranca (Quiché) el 13 de febrero de 1981.

d) D. Carlos Pérez Alonzo, con fecha 2 de agosto de 1981 es secuestrado por miembros del ejército guatemalteco, sin que al día de la fecha se tenga conocimiento sobre su estado; debiéndose inferir razonablemente cómo hubo de ser asesinado bajo la orquestación gubernamental ya aludida.

Al momento actual se ha podido comprobar razonablemente cómo FERNANDO ROMEO LUCAS GARCÍA, entonces Presidente de la República de Guatemala, pudiera residir actualmente en territorio de Venezuela.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- En el caso de autos, atendiendo a la gravedad de los hechos objeto de imputación, constitutivos al menos de un delito de torturas previstos y penados en los arts. 173 a 177 del Código Penal Español (art. 204 bis Código Penal vigente al momento de su comisión), acepción jurídica que debe ponerse en relación con la definición obrante al art. 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 10 de diciembre de 1984, así como de siete delitos de asesinato previstos y penados en el art. 139-1º Código Penal (art. 406 Código Penal vigente al momento de su comisión) y un delito de asesinato en grado de tentativa de los arts, 139-1º y 16 del Código Penal (art. 406 Código Penal vigente al momento de su comisión), así como a la entidad de los indicios racionales de criminalidad verificados en la persona de FERNANDO ROMEO LUCAS GARCÍA, Presidente de la República de Guatemala entre 1978 y 1982, y en aplicación de los arts. 503, 539 y concordantes de la LECrim, procede acordar la prisión provisional del mismo. Los indicios racionales de criminalidad en su persona se sustentan, y en lo que se refiere al ataque a la Embajada de España en Guatemala, en aras a las manifestaciones del Excmo. Sr. Embajador, D. Máximo Cajal, quien realizó una exposición exhaustiva de las circunstancias concurrentes y que corroboran la razonabilidad de la imputación materializada en las distintas denuncias y querellas. Respecto al conjunto de hechos referidos como penalmente relevantes, y objeto de imputación, cabe referir los informes formalizados por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Informe sobre la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), etc., así como declaración del testigo protegido, Jefe de Prensa y hombre de confianza de Donaldo Alvarez Ruiz.

Recordar cómo en la calificación jurídica de los hechos imputados no se han considerado, al momento actual, los asesinatos en la Embajada de España en Guatemala de más de 30 personas de nacionalidad guatemalteca, consecuencia de la competencia atribuida por el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 25 de febrero de 2003, pero sin obviar su gravedad y cómo en nada difieren de la de los ciudadanos españoles. Unas y otras consecuencia del actuar ilícito descrito.

En lo que se refiere al delito de torturas recordar cómo aun cuando a las víctimas que nos ocupan “sólo” consta que se les asesina vilmente, no lo es menos que dicha conducta criminal iba dirigida directamente a coaccionar y amedrentar al conjunto de la población, entre ellos a los sacerdotes españoles, explicitándoles lo que les podía ocurrir caso de seguir en su comportamiento, desarrollando un ataque a su integridad moral como bien jurídico objeto de protección en el citado delito; no debiéndose hablar de comportamientos esporádicos. Todo ello sin perjuicio de su acepción como delito terrorista orquestado desde las instancias gubernamentales.

La proporcionalidad de la prisión provisional deriva no sólo de la gravedad de los hechos, así como de la pena a ellos aparejada, a cada uno de los delitos se le asigna una pena de hasta 20 años de prisión, así como de la propia conducta por él manifestada, habiendo abandonado territorio guatemalteco, residiendo en distintos países, entre ellos EE.UU, deviniendo su localización harto difícil.

Indicar cómo los citados delitos no se encuentran prescritos al prever la ley española un plazo de veinte años (art. 131.1º Código Penal); habiéndose interrumpido el mismo, al menos, en el año 1999, momento en el que se formalizan las distintas querellas, identificándose a los imputados, entre ellos Donaldo Alvarez Ruiz, contra los que se dirige la acción penal.

SEGUNDO.- Habiendo tenido conocimiento de cómo el imputado FERNANDO ROMEO LUCAS GARCÍA puede encontrarse residiendo en la República de Guatemala, y en aplicación del art. 24 del Tratado de Extradición entre España y la República de Venezuela de 4 de enero de 1989, habiéndose acordado la prisión provisional del anterior, procede con carácter de urgencia interesar de las autoridades venezolanas la detención preventiva del anterior, haciendo constar cómo se ha dictado auto de prisión provisional en términos del art. 15.2.b) del mismo Tratado, así como el firme compromiso de interesar su extradición en el plazo legal.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

DISPONGO:

Que en razón al expuesto previamente formulado, debía de acordar y acordaba la PRISIÓN PROVISIONAL COMUNICADA Y SIN FIANZA DE FERNANDO ROMEO LUCAS GARCÍA, nacido en 1924, Presidente de la República de Guatemala entre el 1 de julio de 1978 y el 23 de marzo de 1982, a quien se imputa la comisión de un delito de torturas, siete delitos de asesinato y un delito de asesinato en grado de tentativa, bien siente delitos de asesinato de naturaleza terrorista y un delito de asesinato terrorista en grado de tentativa.

Líbrese Orden de Detención Preventiva de FERNANDO ROMEO LUCAS GARCÍA a las autoridades de la República de Venezuela, en los términos recogidos en el art. 24 del Tratado de Extradición suscrito entre el Reino de España y Venezuela el 4 de enero de 1989, por conducto diplomático (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación); sin perjuicio de anticiparla, tal y como permite el art. 24 del Tratado de Extradición, a través de la Procuraduría General de la Embajada de la República de Venezuela en España.

Líbrese, asimismo, Orden Europea de Detención y Entrega, con efectos de Orden Internacional de Detención, a través de Interpol-España.

Contra esta resolución cabe interpones, en términos del art. 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recurso de reforma y/o apelación, el primero en el plazo de tres días, y el segundo en el de cinco, ninguno de ellos con carácter suspensivo.

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma don Fernando Grande-Marlaska Gómez, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción Nº 1 de la Audiencia Nacional; doy fe.

-FIN DEL DOCUMENTO-

Fuente: http://es.groups.yahoo.com/group/todosporguatemala


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