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Carta a la señora Louise Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos
Por el Diputado Victor Sales Ortiz - Guatemala, 26 de mayo de 2006

Comisión de la Paz y el Desminado
Congreso de la República
Guatemala C.A.

 

CARTA DEL DIPUTADO VICTOR MANUEL SALES ORTIZ, PRESIDENTE DE LA COMISON DE PAZ Y DESMINADO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA A LA SEÑORA LOUISE ARBOUR, ALTA COMISIONADA DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS

En ocasión de su visita al país para verificar la reciente apertura de la oficina de su representante en Guatemala

Sra. Louise Arbour
Alta Comisionada de Naciones Unidas
Para los Derechos Humanos.

Me es grato dirigirme a usted para informarle por este medio, de observaciones de la Comisión que presido, con relación a la situación de los Derechos Humanos en Guatemala, de acuerdo a la información a su alcance, lamentando que esta Comisión, que tiene dentro de sus atribuciones el seguimiento de los Acuerdos de Paz no haya sido considerada en las entrevistas que tiene previstas en su estancia en el País.

No pretendo abarcar todos los aspectos relacionados a los derechos Humanos, sino de los aspectos sobre los cuales la Comisión de Paz tuvo información e involucramiento. Dichas observaciones las resumo de la manera siguiente:

SOBRE EL RESARCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS DEL ENFRENTAMIENTO ARMADO INTERNO:

A esta comisión se han apersonado en diferentes ocasiones, diversas expresiones de las víctimas del enfrentamiento armado interno expresando su inconformidad con el curso del programa de resarcimiento, que se puede resumir en lo siguiente:

Sin atención directa a las Víctimas: Desde su creación en el año 2004 hasta la fecha, el Programa Nacional de resarcimiento, -PNR- a penas ha atendido parcialmente a pequeños grupos de víctimas, ha destinado sus principales gastos en funcionamiento y no ha ejecutado los recursos que para el resarcimiento se le han destinado.

Falta de voluntad de Ejecución: Aduciendo diversas causas, el PNR no ha ejecutado los fondos para el resarcimiento. A finales del año 2005, una intervención gubernamental excluyó a la representación civil de la Comisión Nacional de Resarcimiento en el supuesto que era la causa de su falta de ejecución. Sin embargo, sigue la ejecución en estancamiento por lo que se revela falta de voluntad gubernamental.

Discriminatorio: Porque no incluye el resarcimiento a población no combatiente que habiendo sido miembro del ejército, de las Patrullas de Autodefensa Civil o de la URNG fue objeto de violación a sus derechos humanos.

No planificado: Porque no parte de un Registro Nacional de Víctimas, ni de prioridades, lo cual permite la atención sólo a la población que acude por su propia iniciativa a registrarse y de la población a discreción de las autoridades del PNR.
Desviación de recursos: Porque no ha ejecutado su presupuesto para el resarcimiento y sus autoridades aceptaron el traslado de Q260 millones para otros usos de gobierno. De no corregir sus defectos señalados, este año volverá a suceder lo mismo, mientras cientos de ancianos y ancianas que han luchado por un acto de justicia a su dignidad están muriendo sin conseguir resarcimiento.

Objeto de manipulación política: Desde su creación, a través de un acuerdo gubernativo, éste ha sido objeto de tres modificaciones, todas, ajustadas a los requerimientos de control gubernamental, y en contra de la participación de la sociedad civil en el mismo.

Ante tal situación esta Comisión ha demandado del PNR informes y medidas de agilización pero no observamos voluntad gubernamental para la misma, salvo el anuncio por los medios de prensa de una campaña de registro de 250 mil víctimas, publicado recientemente, del cual no nos consta sustento objetivo.

Ha sido recomendación de esta comisión lo siguiente para este año:

Registro Nacional de Víctimas: El conocimiento del universo nacional de víctimas permitirá una planificación seria de corto, mediano y largo plazo. Obviamente registro debe haber permanentemente pero debe haber un patrón inicial.

Uso exclusivo de los fondos para el resarcimiento: No debe permitirse que los fondos destinados al resarcimiento se desvíen a otras necesidades del gobierno central. Debe asegurarse la creación de un fideicomiso que resguarde el uso exclusivo de dichos fondos para el resarcimiento.

Prioridad en la atención de población discapacitada, ancianos y ancianas, víctimas del enfrentamiento armado.

Todo lo anterior, según se ha solicitado, plasmado en un plan conjunto, con cronograma de ejecución de todas las instituciones gubernamentales componentes de la actual Comisión Nacional de Resarcimiento que preside la Sra. Rosalina Tuyuc.

TLC SIN MEDIDAS COMPENSATORIAS:

Como oficialmente se ha reconocido, la entrada en vigencia del TLC afectará a importantes sectores agropecuarios, principalmente la producción campesina e indígena, que es de subsistencia. Sin embargo, a la fecha no existe ninguna medida consistente para compensar esos efectos, y no parece haber interés gubernamental por hacerlo. Los intereses de los sectores comerciantes, especialmente exportadores e importadores se han impuesto al derecho a la vida y subsistencia de las poblaciones indígenas y campesinas.

EXPLOTACIÓN MINERA, PETROLERA Y DE RECURSOS NATURALES SIN CONSULTA NI PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

A pesar de ser ley vigente el país el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, ni una sola consulta gubernamental a los pueblos indígenas ha existido, previo a las decisiones de concesiones de explotación de recursos naturales en tierras que habitan los pueblos indígenas. Tampoco ha habido una sola medida tendiente a dar participación a los pueblos indígenas de los beneficios de dichas explotaciones. La empresa que está construyendo una termoeléctrica en San Vicente Pacaya, Escuintla, ni si quiera está en disposición de costear la factura eléctrica de la municipalidad de dicho municipio para la extracción de agua potable de un pozo, demanda que hace la población y no el gobierno central.

La necesidad de abordar este tema se torna urgente frente a la escalada de concesiones que este gobierno está haciendo a diversas empresas sobre todo transnacionales, y la creciente resistencia de las poblaciones indígenas a esta violación de derechos.

DESATENCIÓN GUBERNAMENTAL A POBLACIÓN RURAL AFECTADA POR FENÓMENOS NATURALES:

Diversas denuncias recibidas, dan cuenta que el gobierno, a pesar de contar con fondos y condiciones de excepción constitucionales, ha destinado sus esfuerzos a la reconstrucción de la infraestructura vial y ha desatendido a la población rural. A la fecha, a 7 meses de ocurrida la tragedia de la tormenta STAN, ni una sola vivienda ha sido entregada a los damnificados y cientos de familias permanecen en albergues temporales y áreas consideradas no aptas para asentamientos humanos. Se agrava la situación ante el inicio de la época lluviosa y sus consecuentes riesgos.

INCUMPLIMIENTO DE DOTACIÓN DE FRECUENCIAS DE RADIO A PROYECTOS DE PUEBLOS INDÍGENAS:

Inmediatamente después de la suscripción del Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno de turno inició la venta de todas las frecuencias radiales al grado que a la fecha ya no existen, según información de la propia Super Intendencia de Telecomunicaciones –SIT-, frecuencias para tales objetivos, y para responder a la demandas de diversas agrupaciones comunitarias por poseerlas.

Debido a que diversas agrupaciones locales han venido utilizando sin licencia de la SIT, frecuencias para radios comunitarias con transmisiones de alcance local, las autoridades han intensificado las medidas de allanamiento de las instalaciones de las mismas, decomiso de sus aparatos y procesamiento judicial de sus propietarios u operadores.

Tal situación ha determinado una situación tensa que ha llegado hasta el enfrentamiento directo de las fuerzas policiales con la población que defiende la existencia de dichas radios.

Nuestra opinión es que los gobiernos de turno, y especialmente el actual, no han abierto posibilidades de solución negociada del problema y no han intentado dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Paz antes dicho.

ABUSOS DE EMPRESAS PRIVADAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS:

De igual manera, denuncias recibidas en esta Comisión, dan cuenta de deficientes servicios, sobrecobros de empresas de prestación de servicios telefónicos y eléctricos, sin que haya una institución o medida gubernamental que les proteja. La DIACO, dirección gubernamental de asistencia al consumidor no tiene poder sancionatorio sino conciliatorio, que termina favoreciendo a las empresas privadas y no al consumidor o usuario. Se valora la reciente medida gubernamental de poner tope a los precios del servicio eléctrico después tantos años de enriquecimiento de las empresas distribuidoras del mismo, esperando que no ceda a las presiones para su reversión.

Sra. Arbour: Aún no siendo la atribución principal de esta comisión la atención a los Derechos Humanos, en ocasión de su visita a nuestro país, me permití compartirle la anterior información descrita, esperando le sea útil en su análisis sobre la situación de los derechos Humanos en Guatemala.

Quedo a su disposición para cualquier información adicional que sea necesaria, a través de los teléfonos: 22391078-79, celular 59901276, o en las instalaciones de la Comisión de Paz y Desminado, 7ª. Avenida, 9-34, Zona 1, Edificio Morales, segundo Nivel.

Al agradecer su atención, me despido de usted con las más sinceras muestras de respeto y estima.

Diputado Víctor Manuel Sales Ortiz
Presidente de Comisión.

Guatemala, 25 de mayo 2006


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