INFORME PRELIMINAR DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS DE GUATEMALA SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS ESTE 14 DE MARZO DE 2005 DURANTE LAS MANIFESTACIONES EN CONTRA DE LA APROBACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
ENTRE CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Por el Procurador de los Derechos Humanos - Guatemala, marzo de 2005
La Revista ::::albedrio.org:::: pone a disposición
el siguiente documento exclusivamente como objeto de estudio
y análisis socio-político.
El Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular -MICSP- de
Guatemala convocó a un paro nacional para el 14 de marzo, con el fin de
manifestar su inconformidad ante la reciente aprobación, por parte del
Congreso de la República, del Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos.
La convocatoria generó una movilización de diversos sectores que implicó
el bloqueo de múltiples carreteras del país y, en el caso de la ciudad
capital una de las columnas de la manifestación estuvo encabezada por el
Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, además hubo dos
columnas adicionales que confluyeron, con la primera, en la Plaza de la
Constitución, frente al Palacio Nacional.
Aunque las manifestaciones se desarrollaron de forma ordenada y pacífica
durante prácticamente toda la mañana, alrededor de las 13:00 horas
empezaron a reportarse incidentes debido a que fueron visibles fuertes
contingentes de fuerzas combinadas de elementos de la policía nacional
civil -PNC- y miembros del ejército (policía militar) que portaban
equipo antidisturbios.
Un primer incidente se presentó en la novena avenida y décima calle de
la zona 1, cuando una de las columnas, integrada por alrededor de 2 mil
personas, intentó continuar su marcha pacífica hacia el frente del
edificio del Congreso encontrándose con un contingente policial que dijo
tener órdenes de resguardar el Congreso de la República e impedir su paso.
Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos intentó mediar con
el Comisario a cargo y acompañó a los dirigentes sindicales ante el
Comisario pero éste se negó a permitir el paso de la marcha, lo que
provocó un primer conato de enfrentamiento, cuando los manifestantes
lanzaron algunas piedras sobre los agentes, pero no se produjeron
heridos entre ninguna de las partes.
La marcha prosiguió y la concentración principal se situó en la Plaza
Central frente a la Catedral Metropolitana. Ya en ese lugar, los
manifestantes escuchaban los discursos de los dirigentes de la protesta
y esperaban el inicio de un acto cultural que estaba programado; en ese
momento y en ese lugar no se evidenciaba ninguna acción de provocación o
agresión de parte de los manifestantes hacia los miembros de las fuerzas
de seguridad del Estado. No obstante, un grupo distinto intentó llegar
frente a la casa presidencial y esto originó un enfrentamiento entre los
que protestaban en este lugar y los antimotines quienes lanzaron bombas
lacrimógenas, en tanto algunos de los manifestantes lanzaron piedras a
las fuerzas de seguridad.
Los líderes de la marcha, concentrados frente a la Catedral comenzaron a
hacer un llamado a quienes se encontraban enfrentados violentamente
frente a Casa Presidencial para que volvieran a la Plaza de la
Constitución, esperaran a las demás columnas y mantuvieran el orden, así
como el carácter pacífico de la manifestación. Sin embargo, un
contingente distinto, conformado por las Fuerzas Especiales de Policía
-FEP-, al mando del Comisario Francisco Say Albino y elementos de la
Policía Militar comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas sobre la gente
que se encontraba concentrada pacíficamente en la Plaza Central.
Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos se dirigió al
Comisario Say Albino y lo llamó a cesar las acciones violentas
indicándole que las personas estaban manifestando pacíficamente, pero
lejos de atender este llamado comenzó a insultar al personal de esta
institución e intentó golpear a dos de los observadores de la Procuraduría.
Entre pedradas y desorden todas las personas fueron dispersadas bajo el
efecto de las bombas lacrimógenas lanzadas y se reportó el daño al
equipo de sonido que había sido colocado por los manifestantes. Los
hechos que tuvieron lugar en la Plaza de la Constitución constituyen una
violación al derecho de reunión pacífica de los manifestantes, pues en
este lugar sólo se realizaba un mitin que posteriormente daría paso a
una actividad artístico cultural que las fuerzas de seguridad
impidieron, sin haber habido justificación alguna para su intervención
en los términos en que se produjo.
Durante las mismas acciones, se reportó la agresión por parte de la PNC
en contra del fotógrafo Edwin Benavente, del periódico Nuestro Diario,
quien se encontraba fotografiando el momento en que las fuerzas de
seguridad detenían y maltrataban a uno de los manifestantes.
Durante los disturbios se registró la captura de un número aún
indeterminado de personas (alrededor de 15) entre las que se registran
algunos menores de edad para quienes la PDH presentó las
correspondientes exhibiciones personales.
Alrededor de las 16:00 horas, en el centro de la ciudad ya sólo se
reportaban incidentes aislados, atribuidos por diversas fuentes a
personas infiltradas, en tanto las organizaciones convocantes seguían
llamando a la calma y a replegarse a las sedes de las diversas
instituciones participantes.
Aproximadamente una hora después se reportó que fuerzas de seguridad del
Estado se encontraban rodeando la sede de la Unidad de Acción Sindical y
Popular -UASP- en donde estaba reunido un grupo numeroso de dirigentes
sindicales, con aparentes intenciones de efectuar la captura de la
dirigencia del movimiento. Al ser alertadas las autoridades de la
Procuraduría de los Derechos Humanos acudieron en auxilio de la
dirigencia que decía sentirse amenazada comprobando la presencia de la
PNC en las inmediaciones.
Cuando los miembros de la PDH llegaron al lugar, los miembros de la
policía se retiraron. Un dirigente popular informó a personal de la PDH
que los efectivos de la PNC habían advertido que se alejaban con el
objeto de ir a recoger una orden que les permitiera entrar a las
instalaciones de la UASP. Inmediatamente después, los miembros de la
dirigencia del MICSP se dirigieron a las instalaciones de la PDH para
presentar la denuncia de lo que consideraron constituían actos de
intimidación en su contra.
Adicionalmente, fue posible observar que varios carros de la policía y
efectivos desplazándose en motocicletas se movilizaban por la calles del
centro de la ciudad capital en una actitud intimidatoria. Cuando menos
dos sedes de organizaciones campesinas fueron objeto de intimidación a
través de la circulación permanente de unidades motorizadas de la
policía delante de ellas, aún y cuando se encuentran alejadas de la zona
en la que la manifestación estaba teniendo lugar.
Minutos después de ubicados en las instalaciones de la Procuraduría, se
pudo constatar que alrededor de 27 efectivos de la policía que se
desplazaban en 20 motocicletas y eran acompañados de una radiopatrulla,
rodearon las instalaciones de la Institución y se movilizaban
permanentemente alrededor de la manzana en la que se ubica. Cada vez
que la radiopatrulla pasaba delante de las oficinas del Ombudsman hacia
sonar una sirena, en claro irrespeto a la normativa que regula el uso de
dicho recurso.
A eso de las 20:30 horas, bajo los auspicios del Procurador de los
Derechos Humanos y de Monseñor Rodolfo Cardenal Quezada Toruño fue
posible establecer contacto directo con el vicepresidente Eduardo Stein
Barillas, el ministro de Gobernación, Carlos Vielman con el fin de
gestionar un espacio inicial de diálogo entre las autoridades del Estado
y una delegación representante del MICSP. Luego de varias horas de
deliberaciones se pudo arribar a compromisos mínimos que implicaban, por
una parte, la seguridad de que los dirigentes del movimiento de sociedad
civil podrían retirarse sin problemas para su seguridad, en tanto no
existían órdenes de captura en su contra y, por otra, estipulando una
reunión posterior para el martes 15 a las 16:00 en las oficinas del
Arzobispado para establecer una mesa de diálogo que trabaje en la
búsqueda de una salida a la crisis.
Es opinión del señor Procurador de los Derechos Humanos que los hechos
acaecidos el día de hoy, son consecuencia de una serie de eventos que
han generado un ambiente de tensión que se origina en los mecanismos
utilizados por los diversos órganos del Estado para aprobar el TLC. La
inconformidad de la sociedad civil organizada surge a partir del momento
en que la negociación básica del tratado se hizo a puerta cerrada,
llegando a la firma del mismo sin que nadie más que las autoridades de
los correspondientes gobiernos conocieran su contenido.
A pesar de las múltiples solicitudes para que el Congreso de la
República sometiera el tratado a consulta de la Corte de
Constitucionalidad y a una Consulta Popular que permitiera a la sociedad
guatemalteca opinar acerca de decisiones que le afectarán directamente
durante las próximas décadas, los diputados al Congreso de la República
decidieron desoír lo solicitado, declarar la aprobación del tratado como
una necesidad de urgencia nacional y aprobarlo bajo la protección de
1,500 efectivos de las fuerzas de seguridad que durante tres días
bloquearon un radio de nueve manzanas del centro histórico de la ciudad.
El Procurador de los Derechos Humanos y su institución se encuentran
empeñados en que se respete el derecho de libre manifestación, dentro de
los marcos de la legalidad, así como el privilegio del recurso del
diálogo para la búsqueda de soluciones, por lo que seguirá trabajando en
favor de la paz y la vigencia de los derechos humanos.
Guatemala, 14 de marzo de 2005.
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