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Propuesta del gobierno sobre la CICIACS

La Revista ::::albedrio.org:::: pone a disposición el siguiente documento exclusivamente como objeto de estudio y análisis socio-político.

Guatemala, 19 de noviembre del año 2004

Excelentísimo Señor Koffi Annan
Secretario General Organización de las Naciones Unidas
Nueva York

Eduardo Stein
Vicepresidente de la República

En mi calidad de Presidente de la República en Funciones, tengo a bien trasladarle la posición del Gobierno de Guatemala sobre la propuesta de establecimiento de una Comisión Investigadora de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en mi país, que se conoce comúnmente como CICIACS, la cual fuera convenida
con la Organización de las Naciones Unidas por intermedio del anterior Canciller de la República y la Secretaría General Adjunta encargada de Asuntos Políticos de la ONU.

Igualmente me permito incluir una propuesta de acciones inmediatas en la lucha contra el crimen organizado y los CIACS por parte del Gobierno de Guatemala, que es complementaria a los esfuerzos de instalar la citada Comisión en Guatemala y que esperamos facilite y favorezca dicha colaboración:

1. El Gobierno de Guatemala ratifica su compromiso de seguir impulsando la investigación y persecución penal de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala, así como al crimen organizado local, transfronterizo e internacional.

2. El Organismo Ejecutivo sigue convencido de la conveniencia y necesidad de establecer un ente internacional como las CICIACS, que fortalezca las capacidades institucionales locales mencionadas de investigación y persecución penal, en el marco de nuestra Constitución, para lo cual ha diseñado una estrategia que viabilice su aprobación final.

3. El Gobierno de Guatemala, en el proceso de ratificación del Acuerdo pudo constatar que las deliberaciones en el Congreso se estancaron, lo cual llevó al Gobierno a solicitar una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad; dicha Corte consideró que el Acuerdo tenía varias inconstitucionalidades que debían enmendarse.

Aunque la opinión consultiva de la Corte no es vinculante, tampoco pueden sus opiniones ser ignoradas por el Gobierno de Guatemala.

4. El Gobierno de la República reconoce que el problema del sistema de administración de justicia de Guatemala para enfrentar con eficacia a estas estructuras ilegales, no reside solamente en la fase procesal de la investigación, sino que se extiende a todo el proceso penal, incluyendo por lo tanto a la acusación, el enjuiciamiento, el sistema de recursos legales (apelación, casación) llegando hasta la instancia constitucional. En tal sentido considera que la lucha contra el crimen organizado y los CIACS es una prioridad nacional, que debe involucrar a todas las instituciones relacionadas con este tema. Pero asimismo reconoce que muchos de estos ilícitos son de carácter transfronterizo y transnacional y que necesitan también por tanto ese tratamiento.

5. Ante esta situación, el Gobierno de la República pretende impulsar acciones inmediatas de combate al crimen organizado y los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que se resumen en lo siguiente:

  • En acuerdo con el Fiscal General se determinó la creación de una Fiscalía Especial para el combate al crimen organizado y los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, la cual contará con la colaboración de expertos internacionales que el Fiscal General solicitará a Naciones Unidas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 y Artículo 88 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Para este efecto el Fiscal General ha solicitado al Gobierno de la República, que a su vez haga las gestiones pertinentes ante Naciones Unidas.
  • El Gobierno de la República de Guatemala se compromete a promover la aprobación de leyes específicas, que apoyan el combate al crimen organizado y a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad ante el Congreso de la República. Dentro de estas leyes estaría promoviendo la reforma a la Ley de Protección de Testigos así como la creación del Instituto Forense Nacional, como paso fundamental para unificar en un solo ente la producción de pruebas y otras leyes necesarias.
 

El Gobierno de la República de Guatemala se compromete además a seguir impulsando en el Congreso de la República la ratificación de convenios, acuerdos y tratados necesarios para la lucha contra el crimen organizado y los CIACS, en particular la Convención contra la Corrupción de la ONU y a promover la legislación necesaria para la aplicación de los convenios ya ratificados.

6. El Gobierno de la República de Guatemala se compromete a seguir impulsando el fortalecimiento del sistema de justicia y específicamente a ampliar el presupuesto de las instituciones que componen dicho sistema. Para el Presupuesto del año 2005 se compromete a realizar las gestiones necesarias ante el Congreso de la República. El Gobierno de la República de Guatemala se compromete a reforzar las acciones para la modernización y profesionalización de la Policía Nacional Civil, especialmente en sus capacidades de investigación y combate al crimen organizado y los CIACS.

7. Para garantizar el compromiso de Estado de luchar contra el crimen organizado y los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, el Gobierno de Guatemala propondrá la creación de una Comisión de Alto Nivel integrada por el Organismo Ejecutivo (Vicepresidencia, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Comisión Presidencial de Derechos Humanos), Organismo Legislativo, Procurador de los Derechos Humanos, Organismo Judicial y Ministerio Público, la cual se encargará también de elaborar una propuesta técnica que viabilice las acciones inmediatas descritas con anterioridad.

8. Para contar con el apoyo de Naciones Unidas en la realización de estas acciones inmediatas y otras que se consideren necesarias, el Gobierno de Guatemala solicita al Secretario General de las Naciones Unidas el acompañamiento y coordinación para continuar avanzando en la protección de los derechos humanos y elaborar los términos de futuros acuerdos entre instituciones del Estado y la ONU.

No omito manifestar nuevamente al Señor Secretario General el reconocimiento y gratitud del Gobierno de Guatemala por todo el interés y aportes para ayudarnos en el fortalecimiento de nuestra institucionalidad judicial, a fin de hacer frente a la problemática aludida que tanto daño le ha hecho y le hace a la debida convivencia democrática en nuestro país, así como al esfuerzo de erradicar la impunidad y brindar a toda la ciudadanía una justicia equitativa, pronta y cumplida.

Hago propia la oportunidad para renovar al Señor Secretario General las seguridades de mi distinguida y alta consideración.

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